Una idea de por qué la Televisión de Galicia (TVG) es clave en cualquier contienda electoral en el noroeste la ofrecía la propia corporación en su nota de prensa de resumen del año. Con el habitual tono triunfalista, el departamento de prensa aseguraba que la televisión pública gallega había obtenido en 2023 un 11% de audiencia, “el mejor dato desde 2012”, mientras sus servicios informativos fueron “los más vistos en Galicia”, con una audiencia total de 2.415.000 personas, “el 91,8% de los gallegos de cuatro y más años”. A esto suman los registros del prime time, encabezado por el 12,4% de Land Rober, el late night en el que, no por casualidad, Alfonso Rueda empezó -perreando- su recorrido por los programas de entretenimiento. Lo hizo apenas unos días después de lanzar su lema de precampaña, que precisamente parafrasea una frase clásica del presentador del programa, Roberto Vilar.
Más allá del autobombo, las cifras dan respaldo a esa euforia. En septiembre de 2020, dos meses después de que Alberto Núñez Feijóo obtuviese su cuarta mayoría absoluta en Galicia, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) constataba en un estudio postelectoral que tres de cada diez gallegos tuvieron a la TVG como principal fuente de información política durante esa campaña. Desde entonces, han pasado unos 40 meses durante los que es probable que los hábitos de consumo de noticias hayan variado, pero este dato -sumado al 4,4% de los que tuvieron a la Radio Galega como referencia- da una idea del valor estratégico de los medios públicos a la hora de influir en el voto. Por eso, desde su regreso al poder en 2009, la Xunta los ha controlado con mano de hierro. Una deriva que se ha ido acentuando en los últimos años, hasta llegar al “delirio” denunciado por los sindicatos en plena precampaña.
Represalias, huelgas y tribunales
Alberto Ordóñez, con prácticamente un cuarto de siglo en la Radio Galega, es una de las voces más respetadas del medio en el área económica. Hace prácticamente un año, el pasado 15 de febrero, elaboró una de esas informaciones casi rutinarias: la que cada mes recoge las variaciones de un IPC que había aumentado en la comunidad -el ámbito de referencia de la emisora pública, no lo olvidemos- medio punto más que en el conjunto del Estado. Así lo escribió en la entradilla para el presentador del informativo: “Los precios subieron en Galicia en el mes de enero un 6,4 por ciento. En toda España, la subida fue del 5,9. Son los datos oficiales que. hoy publicó el Instituto Nacional de Estadística”. Ni se imaginaba la tormenta que una noticia de puro trámite estaba a punto de desatar.
En sede judicial, Ordóñez relató que su superior le pidió “de forma ambigua” modificar la pieza para “disimular” los malos datos de la comunidad autónoma. “Ya sabes...”. Se negó, amparándose en la cláusula de conciencia. Dejó su parte grabada, que no sufrió cambios, pero pudo escuchar cómo la entradilla sí variaba notablemente: “Dato definitivo del IPC: Los precios subieron en enero en toda España un 5,9% con respecto a hace un año. La inflación subyacente, que no cuenta ni los alimentos frescos ni los carburantes, se sitúa en el 7,5%”. Y, sólo entonces, se contaba el dato autonómico: “En Galicia los precios subieron en el mes de enero un 6,4%”.
Al día siguiente, Ordóñez era convocado al despacho del subdirector. Allí se le comunicó que tras 23 años en la radio, donde tiene su plaza en propiedad, era trasladado de forma inmediata al Galicia Noticias, el “informativo de proximidad” de la TVG, en el que no hay ni rastro de información económica; tampoco política: el día de la convocatoria de las elecciones, hubo que esperar al Telexornal, que se emite justo después, para que alguien se acordase de contarlo. El puesto de Alberto en la radio fue cubierto por una trabajadora de la televisión, Mónica Rosas, que al igual que él, se había significado en las protestas del colectivo Defende a Galega. Traslados forzosos que para el comité intercentros no son otra cosa que represalias.
El mismo camino sufrió Mayte Cabezas. Tras treinta años en la TVG, Cabezas -hija de un guardia civil asesinado por los GRAPO- criticó que Alberto Núñez Feijóo no cumpliese durante su largo mandato en la Xunta ninguna de las promesas hechas al colectivo de víctimas del terrorismo. Su exilio a la radio tampoco se hizo esperar. Para no perder el viaje, otra reconocida profesional, Nuria López -con varios premios radiofónicos a sus espaldas- hacía el recorrido inverso hacia la tele, aunque con parada en la página web.
La coartada para tratar de camuflar esos castigos ideológicos fue David Fernández. Tras 17 años en la tele encadenando “cientos” de contratos temporales, lo enviaban a la radio, “a generar buen ambiente”. “Tú no estás castigado... bueno, nadie lo está”, le contó a la jueza que le había dicho Alejandro López Carballeira, subdirector de informativos y uno de los ocho altos cargos imputados penalmente por un supuesto acoso laboral. Fue uno de los dos moderadores del único debate al que aceptó acudir el presidente de la Xunta y candidato del PP, Alfonso Rueda.
Esos traslados fueron la gota que colmó el vaso. El comité intercentros convocó una huelga por el ambiente “irrespirable” dentro de la corporación. Hubo cinco jornadas de paro en primavera que llegaron a paralizar programas como el mítico Luar, el referente del prime time de los viernes tras más de treinta años en antena. La sexta se había fijado para el domingo de las elecciones autonómicas y municipales, el 28 de mayo, pero los servicios mínimos “inéditos, abusivos y desproporcionados” marcados por la corporación hicieron que se desconvocase.
Mientras, los cuatro casos han pasado ya por los juzgados de lo social en Santiago. En ninguno de ellos las juezas entraron al fondo de la cuestión -si se habían vulnerado derechos fundamentales- porque no encontraron una modificación sustancial en las condiciones de trabajo, que era el motivo principal de la denuncia. Fernández, por su parte, denunció su situación de temporalidad y ganó. Sin embargo, en una decisión inédita, la CRTVG decidió indemnizarle en lugar de recontratarlo. Más “castigo” para quienes no callan.
Sí fue clara y rotunda la sentencia en el caso de Carlos Jiménez, otra de las voces y rostros reconocibles de Defende a Galega a quien la empresa sancionó con nueve días de empleo y sueldo por haber trabajado para productoras privadas que emitían sus programas... en la propia TVG. Una situación kafkiana que, según Jiménez, era más que conocida por los responsables de la corporación. Lo que por suerte para él habían olvidado es que hacía años que le habían reconocido, por escrito, la compatibilidad para realizar esos trabajos.
La sentencia de la jueza, ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no dejaba lugar a duda: hablaba de “represalia” en una “actuación sancionadora” que consideraba “en directa relación causal y también temporal con su actividad judicial y con la manifestación de su discrepancia periodística respecto a la política informativa de la corporación”. La CRTVG tuvo que indemnizar a Jiménez por daños y perjuicios, además de declarar nula la sanción.
Estos son los últimos casos, pero antes que ellos, hubo otros y otras a los que su compromiso con el periodismo les hizo dejar la pantalla. En algunos casos, por decisión propia; en otros, como represalia por no ceder a las presiones. Nombres y rostros familiares desde hace al menos dos décadas para los espectadores de la TVG, los equivalentes galaicos a Ana Blanco o Pedro Piqueras: Alfonso Hermida, Marga Pazos, Tati Moyano o Ana Pérez. Hay quien continúa en la casa, realizando otras labores, pero también quien ha decidido hacer un paréntesis en su relación con la televisión pública para emprender proyectos laborales lejos de un ambiente que definen como tóxico y que, como recordaba el comité intercentros, ha provocado “altos costes psicosociales” a buena parte de la plantilla.
Un director xeral “transitorio” desde hace una década e imputado por acoso
Casos como estos son minimizados de forma constante en sus comparecencias en el Parlamento de Galicia -el único lugar en donde es posible escucharlo- por el director xeral de la CRTVG. El propio Alfonso Sánchez Izquierdo, de 75 años y en situación “transitoria” al frente de la corporación desde 2016, se sentará en el banquillo de los acusados cuatro días después de las elecciones por el mismo caso de supuesto acoso por el que declararon López Carballeira y otros seis directivos.
Feijóo nombró a Sánchez Izquierdo en 2009, apenas un mes después de llegar a la presidencia de la Xunta. Este veterano periodista labró su carrera en La Región, “el periódico de Ourense y su provincia”. Fue procesado siendo ya director del diario, en 1981, por pedir el voto para UCD en plena jornada de reflexión. Entonces, dijo que era una orden de su editor. En la CRTVG asegura que no sigue directrices de Rueda, como tampoco lo hacía de Feijóo.
En 2011, el Parlamento aprobó la Lei de Medios de Galicia que, entre otras medidas, recogía la creación de un Consejo de Informativos y un Estatuto de Redacción en la CRTVG, además del nombramiento de su director xeral por mayoría cualificada. Como ese consenso seguía sin alcanzarse, en 2016, la Xunta aprobó en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos una reforma por la puerta de atrás: desde ese momento, el titular del cargo podría seguir ejerciéndolo “transitoriamente” hasta que se alcance un acuerdo para nombrar a un sustituto. Siete años después, siempre que tiene ocasión de manifestarlo, Sánchez Izquierdo muestra su disposición a seguir ocupando un puesto que, en 2023, tuvo una retribución superior a los 100.000 euros.
En un libro de conversaciones con el periodista Marcos Pérez Pena, Izquierdo rememoraba su trabajo en la Transición: “Era desmoralizador que llegasen y te dijesen: ‘Esto no se publica’, lo que ahora sería inconcebible”. Un sólo ejemplo, con él como protagonista, nos permitirá comprobar que no es así:
En 2019, y pese al silencio mediático que siempre lo ha rodeado, el colectivo Defende a Galega ganó el Premio José Couso de Libertad de Prensa, un reconocimiento que no conceden las empresas periodísticas sino los profesionales: el Colexio de Xornalistas y el Club de Prensa de Ferrol. Después de pasarse el día anunciando en los informativos que “hoy se conocerá el fallo”, cuando se supo quién era el ganador, una orden directa de la cúpula de la CRTVG prohibió contarlo en antena. En el Parlamento, Sánchez Izquierdo defendió la decisión sin inmutarse: en ese momento, había que “balancear” el derecho a la información con “la protección de la marca y la reputación (...) de la CRTVG”. Para demostrar lo acertado del premio, ganó la segunda opción.
Con esta mochila a sus espaldas, Feijóo pide hoy -como prometió cuando era oposición en Galicia- unos medios públicos “sin injerencias” y con cargos nombrados “por consenso”. Mientras se rasga las vestiduras por el nombramiento del exsecretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, como presidente de la agencia EFE, en casa nunca le molestaron los nombramientos partidistas. La primera directora de informativos de TVG bajo su gobierno, Pilar Bermúdez, había sido interventora electoral del PP. Hoy, sigue perteneciendo al staff de la corporación como directora del departamento de Operativa de los Servicios Informativos, con mando directo sobre la radio. Desde 2017, el Área de Información y Documentación centraliza los espacios en todos los soportes que dependen de la corporación, lo que facilita unificar un mensaje pero, también, un mayor control de los contenidos. A su frente se encuentra Concha Pombo, jefa de prensa de la Consellería de Emigración durante el último gobierno de Manuel Fraga. Son sólo dos ejemplos de cuánto le molestan al líder del PP las cosas que hace él... cuando las hacen otros.
“Televisión, manipulación”
“Yo no veo los informativos de la TVG”, contestaba Feijóo cuando gobernaba Galicia y le preguntaban por la manipulación informativa. Hoy, sus sucesores responden hablando de “gestión” y de “audiencias” -el propio Rueda lo hizo en el único debate en el que participó, el de la CRTVG- o buscan comparaciones en la época del bipartito (2005-2009). Todo, para no hablar del elefante en la habitación.
Justo en el cierre de la campaña electoral, el viernes 16 de febrero, se cumplirá una efeméride muy particular. Ese día, el colectivo Defende a Galega celebrará su venres negro número 300, es decir, alcanzará los 70 meses reclamando el fin de la manipulación informativa y el cumplimiento de la Lei de Medios. Entre sus denuncias, que los servicios informativos funcionan como correa de transmisión del argumentario del PP. Del que procede de San Caetano -sede de la Xunta- pero también desde Génova.
Para muestra, otro botón: el día que las lenguas cooficiales llegan con pleno derecho al Congreso, el Telexornal del canal creado para dar “promoción, difusión e impulso” al idioma propio lo vende como una cesión a los independentistas. Vemos antes a Gabriel Rufián que al primer diputado en hablar gallego en la tribuna, José Ramón Gómez Besteiro. Sin duda, lo penalizó ser ya entonces candidato in pectore del PSOE a la Xunta.
Pacto de silencio
Nada de esto sería posible sin la estructura de silencio que lo rodea todo. La prensa gallega, capaz de hacerse eco de que un periodista de TV3 invoque la “cláusula de conciencia” -recogida en un Estatuto de Redacción que en la CRTVG sigue sin existir- pasó años sin una sola mención a Defende a Galega o los venres negros. Incluso hubo medios que llegaron a borrar de su web la noticia de la sentencia de Carlos Jiménez sólo unas horas después de colgarla. Luego, cuando Feijóo se fue a Madrid y los focos de la Meseta apuntaron hacia Galicia, hubo a quien no le quedó más remedio que salvar los muebles y empezar a contar cosas para que no les saltasen los colores. Pero ese momento también pasó.
Las luchas por democratizar la corporación no encontraron sólo el apagón informativo de unos medios que dependen de las subvenciones de la Xunta o que tienen a la CRTVG como cliente preferente de sus productoras -un negocio que se reparte desde siempre a través de las conocidas “cuotas”-. El entramado institucional cultural y universitario, tradicionalmente, de corte más progresista que el Gobierno, se muestra indiferente ante esta situación, cuando no directamente cómplice.
Un ejemplo es la Facultade de Comunicación de la USC y sus vasos comunicantes con la corporación. Varios de los cargos señalados como responsables directos de la manipulación -e, incluso, alguno de los imputados penalmente, como el propio López Carballeira- son profesores en la universidad. Hasta la actual decana -y exjefa de prensa del grupo municipal del PP en Lugo- acudió como perita de parte de la empresa en uno de los juicios contra los trabajadores represaliados.
Y, entonces, llegó Rueda
A estos hábitos de la época Feijóo -que se han mantenido o intensificado, porque no ha habido cambios en la Corporación- se han añadido los derivados de lo que los suyos llaman el estilo Rueda: esa cercanía campechana del actual presidente frente al mayor envaramiento de su predecesor. Esa faceta es la que exprime hasta la última gota tanto en su cuenta de Tik Tok -donde anuncia los conciertos que vienen a Galicia-, como en el vídeo de Navidad del PPdeG -en el que no dudó en incluir un “Me gusta la fruta” rodeado de supuesto buenrollismo- como en sus apariciones en los programas de entretenimiento.
Si los telexornais eran ya terreno abonado para el presidente -uno puede encontrárselo múltiples veces en un mismo informativo, dependiendo de lo amplia que sea su agenda-, donde incluso se hacen pasar actos de precampaña por institucionales, a Rueda le faltaba probar el entretenimiento. Pocos días después de Land Rober, se encontró por “casualidad” con el protagonista de un programa para mayores. Preguntado por semejante sobreexposición, ironizaba -otra vez la campechanía- con que le faltaba probar en los deportes. Dicho y hecho: la entrevista preelectoral de baño y masaje -anterior incluso a la convocatoria de los comicios- se emitió justo antes de la información deportiva.
Campaña de perfil bajo... hasta que la Junta Electoral mandó parar
Esa omnipresencia de Rueda se desarrolla de forma paralela al interés de la CRTVG -mimetizando la línea estratégica del PP gallego- de dar a la campaña electoral un perfil lo más bajo posible. Por eso las apariciones del sucesor de Feijóo suelen producirse en eventos aparentemente alejados de la política y, como mucho, relacionarse con su papel institucional. En la entrevista del 1 de diciembre -veinte días antes de la convocatoria de los comicios, cuando el ruido de la precampaña era ya ensordecedor- sólo hubo una pregunta relacionada con esa cita y fue la última. Ese mismo día, en su rueda de prensa tras el consello de la Xunta, a Rueda le preguntaron hasta en diez ocasiones por la fecha prevista y por sus conversaciones con el PNV, ya que por primera vez en dos décadas, vascos y gallegos no irán a votar en el mismo día. Nada de eso interesaba a la televisión pública. Tampoco al candidato popular.
Tanto es así que el día que convoca las elecciones, el 21 de diciembre, la TVG tarda 70 minutos en anunciarlo. No consideró necesario interrumpir el programa de cocina -grabado- ni comentarlo en ese “informativo de proximidad” que es el Galicia Noticias. No hubo ni una mención ni un rótulo sobreimpresionado: nada. No fue hasta el Telexornal de las 14:30 cuando por fin se contó, aunque -si nos fijamos en el minutado- el protagonista de ese informativo fue el encuentro en Barcelona entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Cuando Alfonso Rueda habla de la marginación que Galicia sufre ante Cataluña, nunca se acuerda de incluir la que sufre en sus propios medios gubernamentales. Incluso el día que se publicó la encuesta del CIS, el protagonismo fue para el único político que puede competir con Rueda y Feijóo en presencia en los informativos de la televisión autonómica: Carles Puigdemont.
A las puertas de la campaña electoral, la CRTVG publicó su plan de cobertura, sólo horas después de anunciar su propuesta de debate -el único al que acudirá el cabeza de lista del PP- que, otra vez, clava la estrategia de los populares: Alfonso Rueda contra un “multipartito” de izquierdas formado por BNG, PSOE, Sumar y Podemos. Ni rastro de Vox ni de Democracia Ourensana, las otras fuerzas que compiten por el voto de la derecha y cuya presencia en pantalla es infinitamente menor que la de la izquierda rupturista, pese a contar con una representación similar.
La estrategia no salió bien. La oposición no protagonizó el “barullo” que PP y CRTVG esperaban y la figura de la nacionalista Ana Ponton emergió como alternativa, protagonizando varios momentos tensos con el candidato popular. Uno, cuando mostró una foto de la convocatoria por la movilización para la equiparación de la política penitenciaria de los presos de ETA con las de los presos comunes. Rueda acusó a los nacionalistas de “manifestarse por la libertad de los terroristas que asesinaron gallegos”. Con eso abrió al día siguiente el Telexornal Mediodía, el espacio presentado por Marta Darriba, la otra moderadora del debate, quien asumió el argumentario popular al abrir el último bloque, el de pactos: o un gobierno en solitario del PP o un acuerdo entre la izquierda. La posibilidad de que los populares dependan de Democracia Ourensana -o, mucho más remota, de Vox- ni siquiera se puso sobre la mesa. No interesaba. El comité intercentros consideró “infame” una cobertura que calcaba de forma “descarada” el argumentario del PP para tratar de minimizar los daños.
El plan de cobertura de la corporación pública ya había puesto negro sobre blanco ese perfil bajo que buscaban: la campaña electoral podría pasar desapercibida entre la actividad institucional de los conselleiros con la que se nutre habitualmente el Telexornal. En total, el tiempo de pantalla se reducía más del 40%. Si en 2020, el bloque diario dedicado a los comicios era de más de 6 minutos -7 en la radio-, ahora se quedaba reducido a cuatro y medio. Las entrevistas electorales también rebajaban su tiempo proporcionalmente. Como ejemplo, la del candidato popular: Feijóo tuvo 35 minutos; Rueda se quedaría con 20 y así sucesivamente. Pero la Junta Electoral mandó parar: estimó un recurso del BNG y ordenó recuperar “al menos” los tiempos de cuatro años antes. Lo único que no aceptó fue que también se retomasen los habituales debates por provincias, algo que, entre otras ventajas, evitaba tener que dar minutos de pantalla a Democracia Ourensana. Sería muy difícil no considerar fuerza significativa al partido de Gonzalo Pérez Jácome, el alcalde de la capital, cuarta fuerza en las elecciones municipales con casi 20.000 votos y un 11% de los sufragios totales.
Y, mientras las elecciones se acercan, las líneas argumentales del PP gallego y la CRTVG cada vez se fusionan más, como si fuesen dos personajes de Dragon Ball, uno de los grandes éxitos de la televisión autonómica. Sucede cada mañana en las tertulias de la Radio Galega, donde algunos de los participantes anticipan sin rubor el argumentario del PP de esa jornada o repiten al pie de la letra las frases favoritas de Rueda, como el clásico “os galegos non son parvos” (“los gallegos no son tontos”). Por cierto, esa tertulia, el Faladoiro, se emitía también simultáneamente por el segundo canal de la TVG, la G2. Desde que comenzó la campaña, ha sido sustituido por redifusiones del Galicia Noticias.
La identificación entre PP, Xunta y CRTVG alcanzó altas cotas durante la crisis de los pellets y la “burda manipulación informativa” denunciada por los trabajadores. El ejemplo más berlanguiano tuvo como protagonista a un saco de pellets. Al mismo tiempo que Alfonso Rueda exhortaba al Gobierno a buscar los microplásticos en el mar, porque “cada saco que se recoge es uno saco menos que llega a la costa” -frase calcada entre admiraciones en las redes sociales de la CRTVG- , la televisión pública anunciaba a bombo y platillo el hallazgo de uno de ellos flotando en aguas de O Grove.
La foto difundida mostraba el fardo atado por una esquina a algo que podía ser un buque o un muelle. El choteo en redes sociales -al que incluso entró el ministro de Transportes, Óscar Puente- obligó a la corporación a salir a desmentir que, en realidad, fuese una boya o un aparejo usado por los furtivos. En una declaración a cámara, el subdirector de Gardacostas explicaba que el saco fue recogido por un barco mientras flotaba en el mar pero que, aún así, le pidieron que le hiciese una “prueba de flotabilidad”. Por eso, lo volvieron a lanzar al agua, atado por la cuerda, y le tomaron la foto. El remedio fue peor que la enfermedad y las burlas a esa estrategia se multiplicaron. Pero la polémica se apagó pronto. Rueda dejó de insistir en la búsqueda de sacos y ni la TVG ni los guardacostas volvieron a localizar ninguno.