La prohibición de la pesca de fondo en áreas vulnerables de aguas profundas lleva varios años en la agenda de la Unión Europea. Un reglamento de 2016 establece que no se podrán usar sistemas que tocan el fondo marino en una serie de zonas a más de 400 metros. El sector conoce la norma, pero la decisión adoptada a mediados de septiembre por la Comisión Europea, que concreta esas áreas en aguas comunitarias del Atlántico norte, ha levantado a los pescadores en contra y ha concitado un amplio rechazo político: el Gobierno central la califica de “no proporcionada” y prepara un recurso; la Xunta habla de “acto de mala fe”; el PP la ve “equivocada y fuera de contexto”; las comunidades autónomas afectadas han trasladado su oposición; y en Galicia, en donde están la mitad de las embarcaciones pesqueras de España, los tres grupos con representación en el Parlamento han pedido actuar contra este veto. Asociaciones sectoriales creen que es “una chapuza” y que tendrá consecuencias “devastadoras”. Han anunciado medidas, desde un recurso a mayores del que previsiblemente presentará el Estado hasta una campaña de recogida de firmas.
A favor están, sin embargo, las asociaciones ecologistas. Greenpeace celebró el cierre de estas áreas como “una victoria para los ecosistemas marinos”. Sus críticas se centran en un arte en concreto, el arrastre, que señala que es “altamente dañino”: “Destruye los fondos marinos y sus hábitats, genera muchos descartes, especies de interés pesquero o no (como tiburones o corales) que son lanzados por la borda muertas o moribundas, y, además, emite mucho CO2 por los movimientos de tierra que genera y por la cantidad de combustible fósil que necesita para funcionar”. La organización recalca que las zonas sobre las que se aplicará el veto representan menos de un 2% del las áreas de menos de 800 metros de profundidad de las zonas ecómicas exclusivas (ZEE) de los cuatro países a los que afecta: Portugal, España, Francia e Irlanda.
Ecologistas en acción ha llamado en repetidas ocasiones a la prohibición del arrastre de fondo en zonas protegidas al considerarlo una técnica “destructiva”. Entre los ecosistemas afectados la UE indica que están los arrecifes de coral de agua fría, las agregaciones de esponjas de aguas profundas o áreas de ceriántidos.
Estas son las claves del conflicto:
El veto
La decisión adoptada por la Comisión Europea en seprtiembre se concreta en el cierre de 87 áreas a la pesca de fondo. Son algo más de 16.419 kilómetros cuadrados de aguas comunitarias que van desde el golfo de Cádiz hasta el Gran Sol. Ahí, a profundidades entre 400 y 800 metros, no podrán faenar barcos con artes de pesca de varios tipos distintos, pero que tienen en común que tocan el fondo marino: arrastre de fondo, palangre de fondo, dragas, nasas, redes de enmalle de fondo y almadrabas. El arrastre está ya prohibido desde 2016 a profundidades que superan los 800 metros.
La medida se toma a través de lo que se denomina “acto de ejecución”. Es un instrumento de la Comisión Europea para establecer cómo se deben aplicar las leyes aprobadas. Según explica la propia UE, se elaboran fundamentalmente para ámbitos en los que se requieran condiciones uniformes de aplicación. Al comunicar la decisión, la Comisión la encuadró en su “ambición de proteger la naturaleza y de restaurar la biodiversidad, tal y como se indica en el Pacto Verde Europeo y la estrategia a favor de la biodiversidad”. El objetivo es proteger 57 ecosistemas vulnerables en aguas profundas. Para su decisión, añadió, se basó en la opinión de los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM).
La medida fue aprobada el 15 de septiembre y se publicó el 19 de ese mismo mes en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entrará en vigor el 9 de octubre. El día 27 España, Irlanda y Francia pidieron en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE dar marcha atrás, pero el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, lo rechazó. Argumentó que es “la mejor decisión posible” y que está basada en “el mejor dictamen científico disponible”. Fue su respuesta a las críticas por la utilización de información no actualizada. Sí se abrió a revisar las medidas si lo aconseja un nuevo informe científico que se espera que esté listo en noviembre.
El impacto en la flota
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha evitado en estos días dar datos sobre la cantidad de barcos afectados. En una entrevista con la Cadena SER insistió el domingo en que se trata de un asunto complejo y están tratando de determinar el alcance con el sector. “Igual un barco faena en una zona prohibida, pero al lado hay otra que no, aunque puede que haya otro barco”, expuso. Algunos representantes del mundo de la pesca sí han hecho cálculos: el presidente de la Confederación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, dijo tras conocer la medida que son en torno a 1.000 las embarcaciones que tendrán que dejar sus caladeros tradicionales.
Por parte de la Xunta, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, fue más allá en las estimaciones, centradas en Galicia: la medida afecta de manera directa a 200 barcos de capital gallego y a otros 900 de forma indirecta. “Puede llegar a afectar a 4.400 tripulantes”, añadió, que representarían el 40% de los que hay en la comunidad. El impacto será, según la Xunta, de 347,5 millones de euros para la flota afectada y de 816 para el conjunto de la economía gallega, pues las consecuencias se extienden por las ventas en lonjas y la prestación de servicios, razona el Gobierno gallego.
Los argumentos del sector
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) califica la medida de la Comisión Europea de “chapuza legal y técnica” y considera que tendrá consecuencias “devastadoras” en el sector en España. Uno de los miembros de la junta directiva de Cepesca y presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA), Iván López van der Veen, pidió la retirada del reglamento de ejecución. Sus críticas son que el proceso de consulta no fue el adecuado, que no se hizo un análisis del impacto socioeconómico, un estudio que debe acompañar a este tipo de decisiones, y lo que llama “lagunas científicas”.
Un informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar sobre las opciones para la protección de los ecosistemas marinos vulnerables (VME, por las siglas de vulnerable marine ecosystems) en la Unión Europea avisa de que se conocen los efectos del arrastre de fondo, pero hay “problemas” para evaluar el impacto de los sistema de pesca fijos -como el palangre de fondo, que se extiende sobre el lecho pero no se mueve, a diferencia del arrastre-. El documento añade que hay una baja cobertura de datos sobre estos ecosistemas vulnerables en el golfo de Bizkaia y en la costa ibérica y que hay potencial de que se localicen más espacios delicados.
Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, acusa a la UE de querer “acabar con la pesca” con este veto en 87 zonas y ha reclamado al Gobierno central que presente un recurso contra el reglamento. Cepesca, por su lado, ha anunciado que acudirán a la Justicia, con independencia de que también lo haga el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. Y la asociación de armadores Pescagalicia-Arpega-Obarco ha iniciado una recogida de firmas contra una decisión que prevén que obligará a parar a parte de los barcos.
Otro de los argumentos del sector contra la decisión de la Comisión Europea es que no todas las áreas que se cierran llegan a la profundidad de 400 metros. Según publica el diario Faro de Vigo, en torno a la mitad de las zonas en las que se veta la pesca de fondo no alcanzan esa cifra.
Las reacciones políticas
El ministro Luis Planas da por hecho que habrá recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), una iniciativa que tiene el respaldo de todas las comunidades afectadas -Andalucía, Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi-. En una entrevista en la cadena SER, el responsable de la cartera de Pesca insistió en que el Gobierno analiza si hay “fundamento jurídico suficiente” para actuar en los próximos días y que, en su opinión, sí lo hay. En el rechazo al reglamento de ejecución está de acuerdo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido presentar el recurso contra una medida que ha calificado de “equivocada, precipitada y fuera de contexto” y que cree que redundará en otro incremento de los precios.
Planas asegura que España está dispuesta a abrir una negociación con la UE en paralelo al recurso para “revisar” la decisión. “La Comisión Europea se ha equivocado y debería reconocerlo”, señala. En su opinión, ha habido una “extralimitación” en el uso de la información científica disponible. Los datos, ha añadido, no son los más recientes. Lo que descarta el ministro es pedir una suspensión de la aplicación del reglamento. “La jurisprudencia del TJUE no nos anima. Si la pedimos y nos la deniegan ya empezamos con mal pie la tramitación del recurso”, objetó.
La Xunta se ha referido a la medida aprobada por la UE como “un acto de mala fe” y una “cafrada”. Así la ha definido la conselleira do Mar, Rosa Quintana, que ha elevado el impacto sobre la pesca gallega a “mortal”. El presidente, Alfonso Rueda, ha pedido insistentemente al Gobierno que presente ya el recurso: “No se entendería otra cosa”. De no dar el paso, afirmó que lo hará el Ejecutivo gallego.
En el Parlamento gallego la decisión ha provocado un rechazo unánime. La líder del BNG, Ana Pontón, pide un frente común contra el reglamento. Es, dijo, “arbitrario” y “va en contra del sector”. La eurodiputada de la formación, Ana Miranda, considera que la aprobación de la medida sin el informe socioeconómico preceptivo es “prevaricación” por parte del comisario. En la misma línea, el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, ha calificado la iniciativa de “ataque” a la pesca gallega. El eurodiputado socialista Nicolás González Casares cree que la Comisión Europea se “extralimita” con esta decisión y ha pedido que se tengan en cuenta las medidas y cierres ya existentes en determinadas áreas y los efectos cruzados y multiplicadores de los mismos.
Planas avisa al sector de que, en cualquier caso, cuando la medida entre en vigor, el día 9 de octubre, deberán cumplirla.