El Supremo avala que el Ayuntamiento de Palma prohíba el alquiler turístico

El Tribunal Supremo ha dado la razón al Ayuntamiento de Palma y avala que el Consistorio pueda prohibir en la ciudad los alquileres turísticos en viviendas plurifamiliares. El Alto Tribunal acepta el recurso presentado por el Consistorio contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), que en septiembre de 2021 anulaba la prohibición, acordada en 2018 y recurrida después por la patronal del alquiler turístico Habtur.

El alcalde, José Hila, ha asegurado que la sentencia del Supremo “va a sentar un precedente a nivel nacional” y servirá de aval a otras ciudades. En una rueda de prensa, Hila ha apuntado que la sentencia “da por buenos los argumentos” del Ayuntamiento. En detalle, el Consistorio defendía que el uso turístico de las viviendas “suponía una modificación sustancial del concepto de vivienda”, que tenía “un impacto en la configuración y convivencia de los barrios”, así como en los recursos, y afectaba a “la disponibilidad de inmuebles para residentes”.

Hila ha subrayado que la normativa palmesana fue “pionera” a nivel europeo, ya que fue “la única ciudad en ese momento que reguló de forma tan valiente el alquiler vacacional” ante las tensiones que estaba generando. El primer edil también ha hecho referencia a la querella que presentó la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) contra el entonces alcalde, Antoni Noguera, por la regulación. “Hubo un sufrimiento personal, la valentía se paga”, ha dicho Hila.

El propio Noguera, hoy regidor de Cultura y Bienestar Social, se ha mostrado satisfecho con la sentencia por lo que supone para la defensa “de un derecho básico de la ciudadanía, el dereccho a la vivienda”. Además ha lamentado la “judicialización de la política” por parte de “según qué poderes económicos vinculados a la especulación”. “Fevitur intentó apartarme de la política de la peor manera. No puede ser que por defender el interés general tengamos que recorrer ese camino judicial”, ha protestado.

Los responsables municipales han aclarado que el alquiler turístico en pisos nunca ha sido legal en Palma; cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) anuló la zonificación del Ayuntamiento en septiembre de 2021, se pasó a aplicar la norma del Consell de Mallorca, que prohíbe esta actividad en plurifamiliares con carácter general, salvo si una zonificación municipal lo permite.

La norma anterior tampoco lo amparaba, sino que se permitía sólo en unifamiliares. “En ningún momento en todo este recorrido judicial ha existido la posibilidad de dar de alta un piso como uso turístico”, ha puntualizado Hila. Por otro lado, se mantiene vigente la limitación al alquiler turístico en viviendas unifamiliares entre medianeras en determinados barrios, como Son Espanyolet, recogida en el Plan General.

Impacto en los precios

En la sentencia, el Tribunal Supremo concluye que la zonificación realizada por Palma está suficientemente motivada por informes que evidencian el impacto del alquiler turístico en la configuración y convivencia social en los barrios, la falta de oferta para la población residente y los recursos.

El Ayuntamiento destacó “el desorbitado encarecimiento de la vivienda que provoca el mercado internacional y la presión turística de las islas”, siendo Balears líder en número de viviendas de alquiler vacacional.

“Son hechos notorios, diariamente plasmados en los medios de comunicación, que la escasez de vivienda residencial y su elevado coste en las Balears está dejando las islas sin médicos, sin profesores, sin funcionarios de justicia; servicios, por cierto, centralizados en el municipio de Palma; en definitiva, su insostenibilidad territorial y urbanística ya es una realidad”, recoge la sentencia entre las alegaciones de Cort, que el Tribunal considera “evidentes y consistentes”.

El alto tribunal también razona que la sentencia del TSJIB anulando la zonificación aboca a una situación en la que se habilita “cualquier actividad económica en cualquier inmueble”. “Vendría a declarar todas las viviendas del municipio de Palma como aptas para desarrollar la actividad turística”, incide.

Palma, de las ciudades más caras

Palma es uno de los municipios de Balears con un mayor incremento del precio de la vivienda y el coste de vida en general. Según el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA), una estadística del INE,  lideran la subida de los precios del alquiler Inca (+17,4%), Palma (+15,3%), Sant Antoni de Portmany (+14,3%), Andratx (+14,3%), Manacor (+13,3%), Llucmajor (+13,3%), Maó (+13,1%) y Eivissa (+13,0%).

El archipiélago balear lidera de hecho la subida del precio del alquiler en España: según el INE, desde 2015, el porcentaje de subida del precio de la vivienda en alquiler es del 13,3% en Balears. En 2020 -los últimos datos disponibles del IPVA-, el archipiélago lideró la subida de los precios del alquiler por delante del resto de comunidades autónomas, como Catalunya (+12,4%), Comunitat Valenciana (+11,7%) y Madrid (+11,4%).

La patronal dice que la sentencia es “surrealista”

Este verano, en pleno debate sobre la saturación turística, la patronal Habtur criticó la “turismofobia” y negó que “el alquiler turístico sea el culpable del incremento de los precios del alquiler y de la masificación”. “Es peligroso que el sector del alquiler turístico, que aporta unos ingresos anuales de 9.600 millones de euros, sea regulado en base a cifras y falsas creencias instaladas entre la ciudadanía”, comentó.

“Existe una criminalización sistemática y peligrosa del alquiler turístico. Desde Habtur nunca nos hemos opuesto a una regularización de la actividad y siempre hemos tendido la mano a colaborar con las distintas administraciones para aportar una visión real del sector y, sobre todo, con datos reales”, añadieron.

Sobre la sentencia del Supremo, Habtur ha comentado que es “surrealista”. “Es una sentencia que hace política de vivienda y no tendría que ser así. Los tribunales no tienen que ser legisladores”, ha manifestado la gerente de la asociación de viviendas de alquiler turístico de Balears, Maria Gibert, en un comunicado.

Así, ha opinado que la administración se ha “aprovechado de la gran cantidad de recursos que tienen”. “No recurrimos porque era un coste que no podíamos asumir, no porque hayamos dejado de creer que el Ayuntamiento está equivocado”, ha manifestado.

“La sentencia no entra en el fondo de la cuestión, no interpreta la sentencia del TSJIB e, incluso, dice que ésta es correcta, es surrealista”, ha manifestado antes de añadir que el fallo crea “un muy mal precedente” para el sector en todo el Estado.

Según ha explicado, desde el inicio de todo el proceso judicial ya advirtieron que el Ayuntamiento “partía de una premisa falsa: la prohibición del alquiler turístico solucionaría los problemas de vivienda, y, en ningún caso, se ha solucionado el problema sino que los precios de alquiler han seguido subiendo”.

El Govern celebra la sentencia

Por su parte, el portavoz del Govern balear y conseller de Turismo, Iago Negueruela, ha celebrado la sentencia del Supremo y ha insistido en la necesidad de contar con un marco estatal y europeo para poder sancionar a las plataformas que comercialicen estancias ilegales.

En declaraciones a los medios, Negueruela ha considerado “muy importante” la resolución del Supremo sobre la zonificación que hizo el Ayuntamiento de Palma. “Siempre dijimos que era plenamente legal poder limitar una actividad y hacerlo de forma general”, ha recalcado.

El conseller de Turismo ha apuntado también que limitar los pisos turísticos era “una medida necesaria” en la capital balear. “El reto” a partir de ahora es “cómo hacer frente” al alquiler ilegal “y que el reglamento de la comunidad europea vaya en esta dirección”, ha añadido.

Así, Negueruela ha insistido en la necesidad de contar con un marco para sancionar los incumplimientos de grandes plataformas que publican anuncios de alquileres ilegales.

Cabe recordar que el Govern balear multó con 300.000 euros a Airbnb por publicitar viviendas de alquiler vacacional ilegales, pero la Justicia anuló la multa; entre otros motivos, porque “como prestador establecido en Irlanda”, Airbnb “únicamente queda sujeto a las normas del país de establecimiento en todo lo que se refiere al ámbito coordinado de la UE”.

El Govern impuso también importantes sanciones similares a las plataformas HomeAway y TripAdvisor como consecuencia de la regulación aprobada en la pasada legislatura.