Más de siete años después de arrancar las investigaciones que dieron pie al caso Cursach, centrado inicialmente en un supuesto entramado político, empresarial y policial dirigido a salvaguardar la autoridad en la noche del empresario Bartolomé Cursach, el juicio contra el considerado rey de la noche mallorquina ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial de Balears.
Entre la amplia expectación generada, la vista oral ha arrancado marcada por la retirada, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de las acusaciones más graves que gravitaban hasta el momento contra Cursach, su mano derecha, Bartolomé Sbert, y otros dos de sus colaboradores, como las relativas las relativas a las supuestas orgías que, según apuntaban las investigaciones iniciales, fueron celebradas en la discoteca Tito's, buque insignia del magnate, para agasajar a numerosos agentes de la Policía Local de Palma a cambio de salvaguardar la buena marcha de los negocios del Grupo Cursach.
Durante su intervención en la primera jornada del juicio, los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz han defendido su decisión al aseverar que parte de los hechos retirados se sustentan sobre “testimonios falsarios e inverosímiles”, postura frente a la cual se han alzado en bloque las acusaciones particulares, ejercidas por varios de los empresarios que habrían resultado perjudicados por la actuación ejercida por varios policías locales que presuntamente los hostigaron con continuas inspecciones y sanciones.
En concreto, el Ministerio Público ha exculpado de su relato de acusaciones al director de la discoteca Tito's, Jaime Lladó; el exjefe de camareros de este establecimiento, Arturo Segade; otro de los directivos del grupo y expolicía local, Antonio Bergas; la exdirectora general de Turismo del Govern Pilar Carbonell -quien en noviembre de 2017 dimitió de su cargo tras su imputación-; otro funcionario del Ejecutivo autonómico, Bernardí Coll; el celador de obras del Ayuntamiento de Palma Julián Garau y el ingeniero y funcionario del Consistorio de Calvià Jaime Nadal.
El fiscal Carrau ha justificado la retirada de acusaciones, en el caso de Lladó y Segade, en que las imputaciones por la supuesta celebración de fiestas con sexo, alcohol y drogas a cambio de ganarse la voluntad de numerosos policías locales fueron erigidas con base en “testimonios falsos” -como así se apunta en la causa que en paralelo investiga al juez y al fiscal que instruyeron el caso Cursach- mientras que, en el caso de Bergas -por presuntos sobornos a funcionarios-, las manifestaciones que le incriminaban son “claramente falsarias”.
Tras la exposición del Ministerio Público, las acusaciones particulares, ejercidas por empresarios de Palma y Calvià, han apelado a la nulidad de las modificaciones efectuadas por la Fiscalía, alegando que este trámite se ha llevado a cabo apenas diez días antes del juicio y de forma “irregular”. “Nada relevante ha pasado para que prospere la modificación de la Fiscalía”, ha aseverado durante su intervención el abogado de una de las acusaciones. Los fiscales, sin embargo, han defendido la legitimidad de su decisión al señalar que los cambios realizados no se han llevado a cabo con la presentación de ningún escrito nuevo, sino tachando -literalmente- del escrito de calificación anterior las acusaciones que ya no se mantienen en pie.
Del mismo, las defensas, tanto por parte de Cursach y Sbert como de los mandos y policías procesados, se han opuesto a las reivindicaciones de las acusaciones particulares. “Las acusaciones han sido reducidas. No se puede impugnar. Que no se entienda la retirada es otra cuestión. Se ha dicho también que hay irregularidades, pero no se atisba ninguna, y se ha pedido hasta la nulidad. Fantástico, si es nulo podemos irnos todos a nuestra casa”, ha ironizado el abogado del número dos de Cursach.
Por su parte, la abogada de la Comunidad Autónoma, Mariángeles Berrocal, ha abandonado la Sala tras retirar sus cargos contra los cuatro inculpados a quienes acusaba: Cursach, Sbert, la exdirectora general Pilar Carbonell y el funcionario Bernardí Seguí. Como ha manifestado, los servicios jurídicos del Govern “deben actuar con objetividad” y, una vez estudiada la causa, “no solo es que no encontremos resolución prevaricadora, vamos más allá, es que no vemos ninguna salida para mantener la acusación. Los hechos no encajan en ningún tipo penal”.
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