Ningún ámbito de actuación escapó a sus tentáculos. Ni siquiera la gestión de los escombros. Convertida en 1995 en la primera mujer en presidir el Consell de Mallorca -no sin antes erigirse, en los ochenta, en la primera alcaldesa en Balears y, con 24 años, en la más joven a nivel nacional-, Maria Antònia Munar desplegó un incontestable poder político a lo largo de las tres legislaturas en las que permaneció al frente la Administración supramunicipal, transfigurada en reducto para los desmanes de la extinta Unió Mallorquina (UM). Esta semana, el actual gobierno insular modificaba uno de los contratos más polémicos rubricados durante la etapa de Munar y ponía fin a doce años de conflictos judiciales con la empresa a la que, bajo su mandato, el Consell adjudicó en su día el tratamiento de residuos.
El expediente, con cuya resolución la institución se libra de abonar hasta cien millones de euros -el presupuesto del Consell ronda los 500 millones- que exigía la mercantil MAC Insular por deficiencias en la aplicación de las tarifas, es tan solo uno de los múltiples procedimientos que acabaron bajo lupa judicial y, blindado como lo dejó Munar, uno de los pocos que pervivían hasta el día de hoy. Y es que UM, históricamente liderada por la conocida como sa Princesa, supo sacar rédito a la eterna condición de partido bisagra que durante años le brindó la Ley d'Hont y a la necesidad de PP y PSOE de contar con su apoyo para formar gobierno al frente de la administración mallorquina. La formación acabó envuelta en una maraña de casos de corrupción que la abocarían, el 28 de febrero de 2011, a su disolución definitiva.
En el caso de MAC Insular, el origen de la problemática con la concesionaria se remonta a 2003, cuando el Consell firmó un contrato que convertía a la empresa -matriz de Tirme, señalada en su día por granjearse, con la connivencia del Consell liderado por Munar, el monopolio de la incineración- en la concesionaria para gestionar los residuos de construcción y demolición en Mallorca. Aunque la actividad no arrancó hasta 2006, desde la institución señalan que la aplicación del contrato dejaba a la empresa en unas condiciones “muy ventajosas y sin margen de maniobra” para la Administración insular, que se veía incapacitada para actualizar las tarifas y esclarecer cuáles eran los costes fijos y cuáles los variables.
Por este motivo, a partir de 2007 comenzaron a buscarse vías dirigidas a reformular la relación con MAC y, durante la legislatura 2011-2015, la Conselleria insular de Medio Ambiente proponía infructuosamente declarar la nulidad del contrato. El Consell Consultiu, órgano de fiscalización de Balears, resolvió que la revocación no era posible y que los problemas que presentaba el contrato debían abordarse por la vía de la interpretación del mismo. Ya durante la legislatura 2015-2019 se realizó una auditoría y consultoría económica por valor de casi medio millón de euros cuyas conclusiones no llegaron hasta el primer año del actual mandato: había que modificar el contrato con MAC insular.
La aprobación de esta medida supone, como destaca la vicepresidenta y consellera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Aurora Ribot, el inicio de una nueva etapa, ya que permitirá al Consell actualizar las tarifas bajo criterios más transparentes y ofrecer “las mejores condiciones de servicio a la ciudadanía” mientras MAC mantenga la concesión, un aspecto que hasta ahora permanecía intocable. “Pagar 100 millones de euros habría sido la bancarrota para la institución”, declara Ribot a elDiario.es.
En la actualidad, Munar se encuentra en tercer grado penitenciario tras cumplir en prisión más de la mitad de las condenas de once años y medio de cárcel que en total le fueron impuestas por su gestión al frente del Consell de Mallorca. Figura clave de la política balear, la ex líder de UM, quien se declaró “muerta política, económica y socialmente” en uno de los últimos juicios que afrontó, pasó de la cima al descenso vertiginoso después de que los tribunales pusieran, hace más de diez años, el foco sobre ella. Nacida en Barcelona en 1955, doctora en Derecho y empresaria, participó en 1982 en la fundación del desaparecido partido junto a otros exintegrantes de UCD, formación con la que en 1979 había logrado ser elegida alcaldesa de la localidad mallorquina de Costitx.
Tras su nombramiento como presidenta de UM en 1990, saltó a la primera línea política como consellera de Educación y Cultura con el Govern de Gabriel Cañellas, otrora todopoderoso líder del PP balear que vio cavada su tumba política el día en que se destapó que un financiero mallorquín, Antoni Cuart, le había agasajado con 50 millones de pesetas –con destino a las campañas electorales del PP de 1989 y 1991– a cambio de la adjudicación del túnel de Sóller, la obra más polémica de los últimos treinta años en las islas y núcleo del primer gran caso de corrupción impulsado en Balears.
Sin embargo, no fue hasta 1995 cuando Munar vislumbró su gran oportunidad: ese año se alzaba con la presidencia del Consell de Mallorca, institución que dirigiría ininterrumpidamente hasta 2007. Querida por un amplio sector de la sociedad mallorquina y denostada por otros, Munar se volcó, entre otros proyectos, en reforzar el carácter identitario de la isla, en apoyar a colectivos y sectores de toda índole y en impulsar la mejora de toda la red viaria de Mallorca.
Fue en este contexto en el que hizo realidad, en 2006, la que se convertiría en la infraestructura estrella de cuantas fueron impulsadas por UM y en una de las más caras a nivel nacional, el desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, cuyo presunto sobrecoste -cifrado en unos 42 millones de euros- la han convertido en el epicentro de la última causa judicial pendiente de juicio contra la extinta formación.
Precisamente, trece años después de que estallasen las investigaciones en torno a esta construcción, el conocido como ‘caso Peaje’ prevé ser juzgado a partir del próximo 5 de septiembre en la Audiencia Provincial de Balears. Hasta trece constructores y ex altos cargos políticos se sentarán en el banquillo, ante un jurado popular, bajo peticiones de condena que suman más de 154 años de prisión a raíz de su supuesta implicación en los sobornos que, según las investigaciones, corrieron en paralelo a la ejecución de la vía. Las pesquisas apuntan a que unos 42 millones de euros, tanto en metálico como en forma de materiales destinados a la carretera, acabaron en manos particulares.
Entre los presuntos desfalcos asoma la construcción de un chalet por parte de uno de los antiguos responsables del Consell, Antonio Orejudo, con fondos —hasta 699.000 euros— supuestamente procedentes del dinero presupuestado para la carretera. El propietario del inmueble, ubicado en un terreno propiedad de su mujer, también acusada, habría camuflado la vivienda como si de un templo de meditación chino se tratase, sufragado, según alega el investigado, gracias a las donaciones privadas de los socios de una entidad de filosofía china, Pachi Tanglang.
La Fiscalía coloca en el centro de la presunta trama al que fuese máximo responsable del área de Carreteras de la institución insular, Antoni Pascual, quien, según las pesquisas, llegó a acumular en su despacho cientos de albaranes de las obras de la carretera. Los investigadores sostienen que estaba al tanto de los tejemanejes urdidos durante la construcción, aunque él niega con rotundidad haber incurrido en cualquier tipo de irregularidad, mientras el resto de procesados niegan las acusaciones que pesan sobre ellos y aseguran que en ningún momento se produjo descalabro económico alguno en las arcas del Consell de Mallorca, ya que los trabajos de construcción no recayeron directamente en la UTE encargada de las obras.
Dejando atrás su etapa al frente del Consell y con el indiscutible poder político cosechado durante varias décadas, a Munar se le abrirían en 2007 las puertas de la presidencia del Parlament tras alcanzar un pacto con PSIB y los nacionalistas del Bloc per Mallorca, alianza que coronó al socialista Francesc Antich como presidente del Govern balear después de que Jaume Matas -en la actualidad con más de ocho años de cárcel y medio siglo de inhabilitación a sus espaldas- perdiera la mayoría absoluta que había ostentado durante los cuatro años anteriores. El paso de sa Princesa por la cámara autonómica no tardaría, sin embargo, en ensombrecerse a raíz del ovillo de casos de corrupción que comenzaron a asolar a UM, en varios de los cuales acabaría viéndose involucrada.
Compra de votos con dinero público, contrataciones por parte de la Administración de trabajadores que en realidad se dedicaban a hacer favores al partido, actos, charlas y hasta un certamen de Miss Argentina Baleares sufragados con cargo al erario público, pero destinados a granjearse nuevos electores... Las múltiples tácticas empleadas por la formación acabaron aflorando, y sus dirigentes, detenidos en sucesivas operaciones policiales llevadas a cabo durante varias de las semanas más agitadas que a nivel político se recuerdan en las islas. La situación llegó a tal extremo que, el 5 de febrero de 2010, la sucesión de escándalos provocó que el acuerdo de gobernabilidad suscrito con UM tres años antes terminase saltando por los aires.
Ese mismo mes, el día 28, Munar anunciaba su dimisión como presidenta del Parlament y el abandono de la vida política. Aunque llevaba tres meses imputada por el conocido como caso Can Domenge -centrado en la adjudicación de este terreno palmesano a la constructora Sacresa por la mitad de su valor en el mercado-, fueron las acusaciones que ese mismo día había vertido contra ella el que fuera su delfín político, Miquel Nadal -quien la sustituyó al frente de la presidencia de UM en 2007-, las que precipitaron su adiós.
En el marco de una de las numerosas causas abiertas contra la formación, Nadal había confesado que Munar le había entregado en su coche oficial 300.000 euros en metálico para comprar la mitad de una productora audiovisual, Vídeo U, que ambos controlaban en la sombra mientras la regaban con fondos del Consell. La propia UM fue la encargada de dar a conocer la dimisión de la expolítica mediante un comunicado en el que, paradójicamente, afirmaba que, “como se demostrará”, Munar “siempre” había actuado “desde la más absoluta legalidad y de acuerdo con la ética política” a lo largo de su trayectoria pública. Unas manifestaciones que el veredicto de los tribunales acabaría desmintiendo.
Más de un año después, el 28 de febrero de 2011, el alud de casos de corrupción que acorralaban a UM condujeron, finalmente, a la disolución del partido. Munar, entretanto, no se libraba de los embates judiciales y un año después era condenada a cinco años y medio de prisión por desviar 240.000 euros a Vídeo U, la empresa de la que era copropietaria.
Era la primera pena que recaía sobre la histórica dirigente, a la que seguirían cinco más. El 24 de julio de 2013 la Audiencia Provincial condenaba por segunda vez a Munar, en esta ocasión como consecuencia de la licitación irregular de Can Domenge, de la que se había declarado “completamente ajena”. Ese mismo día, la Fiscalía Anticorrupción pedía su ingreso en prisión inmediato para evitar su fuga: los investigadores sospechaban que Munar podía disponer de fondos en el extranjero -cuya existencia nunca llegó a demostrarse- con los que poder sustraerse a la acción de la Justicia. Bajo un sol abrasador y en medio de la amplia expectación generada, un coche policial condujo ese mediodía a sa Princesa hasta la cárcel de Palma.
Más adelante, la Audiencia Provincial de Balears condenaba a Munar a tres años de cárcel -rebajados por el Supremo a dos años y medio- y al pago de seis millones de euros por haber cobrado parte del soborno de cuatro millones de euros que Sacresa había pagado a varios exaltos cargos de UM a cambio de la adjudicación de Can Domenge.
Empeñada desde su primer encausamiento en negar la asunción de cualquier tipo de culpabilidad, Munar acabaría finalmente sucumbiendo a los acuerdos de conformidad con la Fiscalía y el resto de acusaciones, lo que le llevaría a ver considerablemente reducidas sus últimas condenas, ya traducidas en inhabilitaciones. Entre ellas, la relativa al desvío de 200.000 euros públicos mediante la contratación, con fondos del Consell de Mallorca, de trabajadores que en realidad se dedicaban a realizar labores particulares y buscar votos en favor de UM.
La captación de sufragios para el partido mediante fondos públicos, el desvío de dinero con destino a los bolsillos de los integrantes de UM o la contratación en distintas instituciones de trabajadores que en realidad se dedicaban a llevar a cabo trabajos a beneficio de la formación apenas dibujan parte de la trayectoria judicial del partido y de la carrera política de Munar. El registro de la sede de UM dos días antes de su disolución se convirtió, además, en uno de los primeros llevados a cabo en las dependencias de un partido político en la historia de la democracia en España.
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