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El día en que David Fechenbach consiga llevar a Antonio Cardona a los tribunales tratará de acusarlo de “engaño bastante”. El abogado que representa a unas setenta personas desahuciadas del poblado chabolista de Can Rova, cuyo desalojo dejó en la calle a más de 200 inquilinos, considera que el copropietario de la finca es responsable “de un delito de estafa”. “Era conocedor de la fecha del alzamiento”, dice Fechenbach, “y en vez de informar a los inquilinos de que los iban a desalojar continuó cobrando arrendamientos ilegales. Aprovechando que había varias familias viviendo en la finca hizo correr el rumor de que no se procedería al desalojo por el mero hecho de que había menores de edad. Obviamente, vimos que no fue así”. Fechenbach aterrizó en Eivissa el día después del desahucio. No volverá a Alcalá de Henares –donde posee un despacho y ejerce como tesorero del colegio de abogados de la ciudad– hasta que termine agosto.
“El trabajo que tenemos por delante es ingente”, explica, “y no está siendo nada sencillo llevarlo a cabo. Estamos estudiando la viabilidad de una acción penal contra la persona que se ha aprovechado del cobro de estos alquileres, pero no podemos mover nada todavía: es mucho más urgente conseguir la asistencia básica para los inquilinos que fueron desalojados y que no tienen una alternativa habitacional. Conozco bien el mercado inmobiliario ibicenco, pero nunca, ni aquí ni en otro lugar, me había encontrado con una situación ni de lejos parecida. Mi idea es reunir a un grupo de afectados que realmente quieran plantear una batalla legal, pero no resulta fácil cuando el consistorio que debería atender a estas personas les paga billetes de avión para que se marchen de la isla”. Ya se han ido siete desahuciados.
Entre uno y seis años de prisión. Y una multa que, dependiendo de la solvencia económica del condenado, oscilaría entre los 2 y los 400 euros diarios durante un período de seis a doce meses (146.000 euros como máximo). Son las penas a las que podría enfrentarse Antonio Cardona si este drama social termina en juicio. Las detalla Jorge González Lage, un abogado penalista ajeno a la causa, pero experto en asuntos inmobiliarios: “El engaño bastante, efectivamente, es una buena vía para acusarlo. Será determinante, sin embargo, que se pueda demostrar que los estafados no sabían que los terrenos no eran aptos para arrendarse”.
Entre uno y seis años de prisión. Y una multa que, dependiendo de la solvencia económica del condenado, oscilaría entre los 2 y los 400 euros diarios durante un período de seis a doce meses (146.000 euros como máximo). Son las penas a las que podría enfrentarse Antonio Cardona si este drama social termina en juicio
“Pongo un ejemplo [prosigue]: si crees en el tarot, no puedes denunciar que te han estafado por leerte las cartas. El casero está claro que conoce la situación, pero su defensa podría aprovecharse de que los inquilinos de la finca no fueron a hablar con el abogado municipal para informarse. Pero hay que tener en cuenta la situación de emergencia que existe en Ibiza con la vivienda. Si prospera una acción penal contra este individuo. La presión social sería necesaria. Afecta a los tribunales”. Para González Lage, el papel fundamental lo juegan los hermanos de Antonio Cardona. El casero-pirata apenas poseía el 17% de Can Rova. “Es importante esclarecer, como parece, si se ha hecho pasar por propietario pleno”, comenta el penalista, “y por eso lo tendría peor que lo atacaran sus hermanos por una estafa impropia. Es la más fácil de acreditar y esa acusación se acumularía a la de los inquilinos que han sido desahuciados”.
Es una posibilidad que parece remota.
“Estamos satisfechos de que esta explotación se haya acabado y todo se haya resuelto conforme a las aspiraciones que tenían mis clientes. Otra cosa es que seamos conscientes del problema que eso causa a muchas familias… con las que mis clientes no tenían ningún tipo de relación contractual. Les sabe muy mal que se hayan visto damnificados, pero el culpable es quien les alquiló parcelas para que pudieran poner una infravivienda. Hasta el último momento tuvimos esperanzas de que no se produciría el alzamiento, pensábamos que todo el mundo abandonaría antes la finca. El desahucio, aunque no supone ningún perjuicio para su condición de propietario, sí lo inhabilita como poseedor: el demandado no puede hacer uso de la finca salvo que el resto de los hermanos cambien de opinión y se lo permitan. Por eso, hasta donde sé, no está en los planes de mis clientes emprender acciones penales contra su hermano”, dice Mariano Ramón, representante de los propietarios del 83% del terreno.
Igual que su colega Fechenbach (y que González Lage), este abogado nunca se había encontrado con un asunto comparable durante las décadas que lleva ejerciendo en Eivissa: “Problemas de herencias y comunidades de propietarios, muchos. Como este, ninguno. He intervenido en otros desahucios, pero nunca tan multitudinarios. No me extrañaría, eso sí, que volviera a suceder una historia así. Tenemos unos problemas de vivienda gravísimos, y vemos que hay asentamientos que no son tan grandes como Can Rova, pero que cada vez empiezan a ser más parecidos”.
Se inicia el procedimiento civil para solicitar el desahucio
Al despacho de Ramón llegaron hace dos años los otros cinco hermanos Cardona. El 18 de agosto de 2022 le enviaron un burofax pidiendo “al ocupante que cesara el uso que estaba haciendo de la finca”. Tres meses más tarde, el 17 de noviembre, iniciaron un procedimiento civil para solicitar el desahucio. La Audiencia Provincial de Baleares desestimó la demanda en primera instancia (7 de diciembre de 2023), pero les dio la razón el 8 de marzo de 2024. Un año y medio después de presentarla. Antonio Cardona no perdió el tiempo mientras la justicia cumplía sus plazos. Fue durante ese período cuando el campamento mutó en un poblado donde llegaron a dormir más de mil personas. Así lo cuentan varios inquilinos que resistían en la propiedad cuando hace dos semanas, el 31 de julio, entraron los antidisturbios. “Una cosa es utilizar la finca para vivir, uso propio, con eso no habría habido ningún problema, y otra hacer una explotación a espaldas de los hermanos, ilegal y peligrosa desde muchos puntos de vista. No se podía consentir por más tiempo”, explica Mariano Ramón.
¿Cómo pudo el casero-pirata de Can Rova llenar de casetas de madera, caravanas, furgonetas, carpas, tiendas de campaña y hasta alguna embarcación en dique seco, que también servía de refugio para temporeros, 17.000 metros cuadrados de suelo rústico sin que nadie le parara los pies?
La pregunta parece tener dos respuestas. Ninguna sencilla ni corta; ambas interconectadas.
La primera es la temeridad del copropietario que se saltó la ley al tomarse la parte por el todo. El relato lo dibujan varios vecinos de Can Negre, el barrio –mitad polígono, mitad zona residencial: naves industriales, talleres, casas de campo y casas pegadas a la carretera– en el que se encuentra esta antigua finca agrícola. Allí se criaron, dicen, los hermanos Cardona mientras sus padres usaban los bancales para sembrar cereal. En vida de la madre –como confirma el abogado Ramón– se firmó un pacto sucesorio en el que se partía la propiedad del terreno en seis pedazos iguales. Algo muy típico en Eivissa, al ser una particularidad del derecho pitiuso.
Mientras viviera la madre, ella se reservaría el usufructo. Cuando murió los cinco hermanos Cardona vieron cómo Antonio se atrincheraba en la casa de Can Rova. Varios vecinos explican que ya entonces la relación entre ellos era mala. Hasta el punto de haberlo apartado, años antes, del día a día de un hotel que la familia posee en la playa de es Canar. “Necesitaba dinero”, explican estos vecinos. “Nosotros también hemos visto que tenía problemas con las drogas”, dicen varios de los desalojados que le pagaban alquiler. La burbuja inmobiliaria que sufre la mayor parte de la población ibicenca hizo el resto “porque era mucho más barato” abonar 400 ó 500 ó 600 euros al mes por un trocito de tierra donde acampar que mil euros por una habitación (o una cama) en un piso compartido.
Mientras viviera la madre, ella se reservaría el usufructo del terreno. Cuando murió, los cinco hermanos Cardona vieron cómo Antonio se atrincheraba en la casa de Can Rova. La burbuja inmobiliaria que sufre la mayor parte de la población ibicenca hizo el resto "porque era mucho más barato” abonar 400 ó 500 ó 600 euros al mes por un trocito de tierra donde acampar que 1.000 euros por una habitación (o una cama) en un piso compartido
Posible prevaricación omisiva por parte del ayuntamiento
“Es una situación muy compleja pero podría estudiarse si ha habido prevaricación omisiva por parte del ayuntamiento. Si tenían desde hace más de dos años conocimiento de esta situación irregular, la pregunta es por qué no dio delitos de estafa y depósitos de residuos tóxicos y peligrosos”, analiza González Lage ofreciendo una segunda respuesta a la impunidad con la que actuó Antonio Cardona. ¿Cómo reaccionó Santa Eulària ante lo que estaba pasando? Para escribir este reportaje no ha sido posible entrevistar a ningún representante del Ajuntament de Santa Eulària des Riu. A través del gabinete de comunicación municipal, que ha enviado a lo largo de las últimas semanas media docena de notas de prensa explicando todas las medidas que han puesto en marcha para apoyar a los doscientos desahuciados, sí llegó una contestación por escrito que narra qué hizo este ayuntamiento, gobernado por mayoría absoluta por el Partido Popular, con el poblado chabolista de Can Rova.
Un vecino de la finca alerta a la policía local de Santa Eulària. Es el 9 de mayo de 2022. Aunque los agentes no pueden entrar en Can Rova –las puertas están cerradas– comprueban que dentro hay aparcados camiones y caravanas. Una empresa de grúas confirma que tiene alquilado el terreno como depósito de vehículos. El 6 de julio –casi dos meses después–, regresa otra patrulla. Les acompaña un técnico de Servicios Territoriales. Aparece Antonio Cardona. Charlan con él. Cuando le piden permiso para entrar reciben un no por respuesta. Hay “hostilidad manifiesta” –como la que demostrará dos años después contra periodistas, cámaras y fotógrafos la mañana del desahucio. Los empleados municipales constatan que hay construcciones que podrían estar habitadas. Igual que las caravanas y los camiones que vieron en la primera visita. Los inquilinos, que entran y salen, no quieren hablar con los visitantes, dicen desde el ayuntamiento.
El 9 de mayo de 2022, un vecino de la finca alertó a la policía local dentro había aparcados camiones y caravanas y una empresa de grúas confirmó que el terreno estaba siendo alquilado como depósito de vehículos
Sólo pasan doce días hasta que un dron municipal sobrevuela las casi dos hectáreas de Can Rova. Con esas imágenes cenitales, y las dos experiencias previas, se abre y redacta un expediente. También se informa a los copropietarios, que un mes más tarde enviarán el burofax y, en noviembre iniciarán la batalla legal para conseguir el desalojo. Fuentes municipales alegan que no se emitió una orden de ejecución para obligar al casero-pirata a que la finca volviera a ser un terreno rústico porque no existía “una sentencia en firme” a la demanda. La orden, por tanto, llegó en marzo de 2024, con el fallo judicial. “Cuando mis clientes la recibieron”, especifica Mariano Ramón, “no se les podía considerar corresponsables de ninguna manera. Era evidente que habían actuado a nivel jurídico para que aquel sinsentido acabara”.
“Si el ayuntamiento hubiera dictado una orden cuando intuyó lo que ocurría en la finca, podría haber acelerado los trámites”, opina por contra González Lage. El abogado penalista considera que la negativa del casero-pirata a que policías y técnicos entraran en Can Rova para comprobar si se estaba desarrollando un negocio ilegal fue un “handicap”, como señalan desde el ayuntamiento, pero desmiente que la demanda de desahucio fuera un freno: “Una cosa es que los propietarios quieran desahuciar a alguien y otra cosa es que el ayuntamiento tenga que cumplir con su obligación de restaurar la legalidad vigente que ha quedado quebrantada con la actuación del otro propietario. El incumplimiento de una orden de ejecución faculta a la administración local a ejecutar subsidiariamente, y para eso, puede solicitar [a la justicia] la entrada en la propiedad”.
–¿Cuánto tiempo tendrían que haber esperado para actuar si hubieran emitido esa orden?
–De quince días a tres meses.
Aguas residuales y vehículos abandonados: la realidad de Can Rova
El 10 de mayo de 2022 –dos años después de la llamada de aquel vecino, ya autorizado el desahucio, y ya reporteada la existencia del poblado en la prensa insular–, los técnicos municipales entran en la finca junto a la Guardia Civil. ¿Qué encuentran? La evidencia de que “el propietario cobraba por las parcelas” y “un riesgo inaceptable para la seguridad pública. Conexiones eléctricas deficientes, falta de equipos de extinción de incendios, cuadros eléctricos instalados a la intemperie en los árboles, inexistencia de puesta a tierra, conexiones sin protección con un alto riesgo de electrocución, bidones de gasolina con surtidor, aguas residuales canalizadas con tuberías rudimentarias dirigidas hacia algún lugar indeterminado, gran volumen de vehículos abandonados con la carrocería oxidada, cristales rotos, chatarra, material de construcción, basura doméstica, restos de poda, maderas y palés atravesados por cableado eléctrico, escombro de obra, mobiliario, botellas de dióxido de carbono junto a cuadros de luces, bombonas de gas sin etiquetar, bidones de aceite industrial, barbacoas domésticas o restos de hogueras en el suelo”.
En la última nota de prensa emitida por el consistorio, especifican que antes del desahucio se atendió a catorce familias (apoyo en el proceso de búsqueda de una vivienda alternativa, información de extranjería, escuela de verano para los menores de edad, alimentos, tramitación de la tarjeta sanitaria…) y que tras el desalojo la cifra subió a casi cincuenta (alojamiento temporal en el polideportivo de un colegio, dinero para pagar la entrada de cuatro alquileres, psicólogos para los niños que sufrieron el impacto de un desahucio en el que hubo violencia, dos trasteros, sábanas, toallas, colchones, bolsas de basura, agua y gel de ducha…).
Fechenbach: “Sólo hemos recibido promesas”
David Fechenbach lo ve de otra manera: “Estamos decepcionados porque del ayuntamiento sólo hemos recibido promesas. No compromisos, que obligan, sino promesas. Sigo sin entender por qué, si nos aseguran que le dieron seguimiento al tema, no pusieron en contacto a los inquilinos con el colegio de abogados de Ibiza, que tendría que haberles asignado un abogado de oficio. Ese representante debería haber interpuesto un requerimiento de vulnerabilidad ante el juzgado para evitar el desahucio. Dicen que se ha llevado a cabo en el momento más idóneo… ¡un 31 de julio! ¡En mitad de la temporada! ¿Quién encuentra una vivienda en pleno verano en esta isla!” La posibilidad de que la defensa de los inquilinos de Can Rova interponga una demanda por responsabilidad patrimonial contra el Ajuntament de Santa Eulària des Riu está ahora sobre la mesa.
La entrada principal de la finca parece una chabola-piloto. Junto al portón, una cocina de varios fuegos, una nevera, varias mesas y sillas, algún cartel pidiendo vivienda digna. Ha pasado una semana desde el desahucio y varios son los desahuciados que siguen durmiendo allí. A la intemperie y, literalmente, con la cabeza pegada al muro que les separa del terreno en el que tuvieron su hogar. Este miércoles por la mañana –6 de agosto– son muchos más. Medio centenar de personas. Algunas, menores. A los más pequeños se les sostiene de la mano o se les guarda en el regazo. Por segunda vez desde las cargas de los antidisturbios de la Guardia Civil que agilizaron el desalojo –a golpes de porra–, podrán entrar, por turnos, a recoger parte de la vida que se les quedó atrás. Incluso sacar coches y roulottes que plantarán en otro descampado.
No pueden irse de la isla. Queda temporada turística por delante, y la mayoría trabaja detrás de la barra de un bar o cortando el seto del jardín de una villa o empalmando los cables pelados de una discoteca o en la cubierta de un barco de chárter. Varios se acuerdan, irónicamente, de los contratos de alquiler que firmaron con Antonio Cardona. Le pagaban, dicen, en mano o a través de bizum. De 500 en 500 euros hasta sumar cantidades que oscilaban, dependiendo del mes, “entre los 40.000 y los 90.000”. “Son las cifras”, explica David Fechenbach, que ha llegado con su moto y se mueve entre sus clientes preguntándoles cómo se encuentran, “de las que nos han ido informando las personas desalojadas. También hay contratos con profesionales de la construcción para usar la finca como almacén”. No niega el abogado que seguir el rastro de ese dinero, comprobar si se declaró a Hacienda, puede ser otra manera de “cazar” al casero-pirata y, quizás, “de comprobar si actuaba en solitario o formaba parte de una posible organización”.
Hay dedos que señalan tímidamente a un corrillo de tres hombres. Están algo apartados. Fuman, hablan entre ellos sin alzar demasiado la voz, esperando a que una agente de la Guardia Civil autorice a los vigilantes de seguridad que ahora patrullan los 17.000 metros del terreno a abrir la puerta.
–Buenos días. Quería preguntarle si vivía en Can Rova
–Buenos días. Sí, ¿y vos sos?
–Soy periodista. Estoy escribiendo un artículo sobre el desalojo
–Macanudo
–Me han comentado que usted es una de las personas que ayudaban al casero a cobrar los alquileres. ¿Es eso cierto?
–No tengo nada que comentar