El parque automovilístico de Eivissa ha experimentado un enorme crecimiento en las últimas dos décadas, pasando de 65.130 vehículos en 1998 a 154.454 en 2021, según datos del Instituto de Estadística de las Illes Balears (Ibestat). Durante el mismo periodo, la población residente pasó de 84.044 personas en 1998 a 152.820 en 2021. Es decir, que el número de vehículos por cada 1.000 habitantes pasó de 775 en 1998 a 1.010 en 2021, lo que significa que en Eivissa hay más de un vehículo por persona (incluyendo a los menores de edad) en una red viaria que cuenta con unos 200 kilómetros.
Si continuara el actual ritmo de crecimiento poblacional, la isla podría superar los 200.000 habitantes en 2037, según una proyección del Consell de Eivissa, recogida en el informe Demografía, estructura de los asentamientos y distribución territorial de la población (parte del Diagnóstico territorial previo a la revisión del Plan Territorial Insular de Eivissa, de julio de 2018), para la que se han tomado como referencia las tasas de crecimiento acumulado de diferentes periodos entre 1960 y 2016.
Cabe mencionar que esta cifra no contabiliza la población flotante que llega durante el periodo estival. De hecho, se calcula que si se mantienen las actuales cifras de crecimiento del Indicador de Presión Humana (IPH), que estima la carga demográfica real que soporta un territorio en un período determinado, Eivissa alcanzaría las 600.000 personas en los meses de julio y agosto de 2037. Por el momento, el récord se alcanzó en agosto de 2017, con una media diaria de 339.902 personas en Eivissa y 40.994 en Formentera.
Esta situación llevó al Consell de Formentera a instar al Govern balear, en diciembre de 2017, a la tramitación de una ley que permitiera limitar el acceso y establecer un techo en el número de vehículos que circulan en la isla durante el periodo veraniego, finalmente aprobada por el Parlament el 29 de enero de 2019.
En su exposición de motivos, el Govern balear justifica esta ley, en consonancia con la legislación española y europea, debido al “elevado riesgo de saturación demográfica y de congestión de vías y espacios públicos que, sin duda, puede ir en aumento”, circunstancias que pueden repercutir negativamente en el medio ambiente, la salud y la calidad de vida de la población, así como “en la imagen de esta isla como destino turístico de primer orden”.
Se trata de una isla que tiene una superficie de 83,2 kilómetros cuadrados y una red de carreteras que apenas llega a los 40 kilómetros, pero cuyo parque de vehículos que tributaban en la isla en 2017 alcanzó, sin embargo, los 20.749 vehículos (de los cuales unos 2.000 turismos y 8.000 ciclomotores y motocicletas estaban destinados al alquiler). A este número hay que sumar los 29.218 vehículos a motor que llegaron ese mismo año entre mayo y octubre, según datos de la Autoritat Portuària de Balears (APB).
Esto supone que durante los meses de temporada alta, la isla supera ampliamente las 30.000 personas, cuando su población residente se sitúa en torno a las 12.000 personas. De hecho, solo durante el mes de julio de 2017, 187.517 turistas accedieron al puerto de La Savina de Formentera, según datos de la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad del Govern balear.
Estas cifras, que tienen una especial relevancia en cuanto a la entrada y circulación de vehículos en la isla, “son alarmantes porque evidencian la existencia de un riesgo elevado para el equilibro medioambiental”, en un territorio en el que coexisten múltiples espacios integrados en la Red Natura 2000 o declaradas área natural de especial interés (ANEI) por el Parlament, destaca el Govern. Para paliar el problema, el Consell de Formentera apuesta por introducir cambios en el modelo de movilidad, cuyo ejemplo de ello son las 32 rutas verdes para recorrer la isla a pie o en bicicleta.
“Es exactamente la normativa que necesitábamos porque teníamos un problema, durante la temporada alta de verano, que consistía en que los vehículos que circulaban por la isla estaban por encima de la capacidad de carga, es decir, esto significa saturación. Con esta medida que regula la entrada y circulación de vehículos podemos, de manera progresiva, volver a una situación de sostenibilidad”, explica Rafael González, conseller de Movilidad de Formentera. El techo de vehículos que se aplicó en los meses de julio y agosto de 2019 se estableció a partir del número máximo de vehículos que hubo en circulación en los meses de temporada alta del año anterior.
A partir de aquí, se empezó a decrecer un 4% cada año, decisión que fue acordada en el Consell d'Entitats (órgano formado por el Consell Insular y diferentes asociaciones de la isla) del año 2020. De este modo, se pasó del techo de 22.382 vehículos en julio y agosto de 2019 a 19.696 vehículos en 2022, junto a una ampliación de la regulación que para esta temporada turística se aplica desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre. Dicho tope se reducirá un 4% más para la temporada del año que viene.
“Hicimos un estudio que determinaba que teníamos que reducir un 16% el tope de vehículos que establecimos en el año 2019 para llegar a una situación en la que no hubiera saturación en ningún momento del año, especialmente, durante los meses de julio y agosto”, justifica González. Como era un porcentaje muy alto, el Consell d’Entitats adoptó la decisión de aplicar la medida progresivamente. “Después de la temporada del año 2023 analizaremos, comparando con el año 2019, la situación en la que estamos. Se abren dos posibilidades: que estemos en una buena situación y no tengamos que aplicar una nueva reducción o que la situación en las carreteras no sea la idónea y tengamos que seguir reduciendo el techo”, finaliza González.
Teniendo en cuenta el precedente de Formentera, el Consell de Eivissa presentó el pasado 27 de junio un primer borrador de propuesta legislativa para limitar la entrada de vehículos en la isla que, en cualquier caso, deberá ser aprobada en el Parlament. En el documento, elaborado por el departamento de Gestión del Territorio e Infraestructuras Viarias del Consell insular, se detalla que la propuesta tiene “una motivación ambiental y territorial”, dado que supone “evitar el consumo de más territorio con la ampliación de las infraestructuras viarias que, en temporada alta, se encuentran al límite de su capacidad”.
Antes de presentar este borrador, el departamento de Gestión del Territorio e Infraestructuras Viarias elaboró un estudio a partir de los datos de la APB, la Dirección General de Tráfico (DGT) y los que constan en su propio departamento, que indica que la red viaria tuvo una sobrecarga de unos 24.000 vehículos en los meses de julio y agosto de 2021, de los cuales unos 10.000 podrían ser vehículos de alquiler no censados en la isla (de un total de casi 20.000, según datos de la patronal de vehículos de alquiler). Asimismo, el borrador recoge los datos del diagnóstico del Plan Director Sectorial de Movilidad de las Illes Balears (Decreto 35/2019, del 10 de mayo), que ponen de manifiesto que solo un 25% de los turistas que llegan a Eivissa utilizan el transporte público para desplazarse, mientras que un 21% se mueven con su vehículo privado y un 49% optan por uno de alquiler.
“Hay una tendencia clara: en los tres últimos años se ha disparado muchísimo el pico de vehículos que entran durante el mes de agosto. Los rent a car, en cambio, entran entre marzo y mayo”, explica el vicepresidente primero y conseller insular de Gestión del Territorio e Infraestructuras Viarias, Mariano Juan. El equipo de gobierno insular reconoce haberse visto sorprendido por esta “explosión” de la entrada de vehículos en agosto de 2020 y 2021, años de pandemia. Sin embargo, el Consell de Eivissa quiere asegurarse, antes de hacer una propuesta legislativa al Govern balear, de la situación real en 2022, ya que las dos temporadas anteriores fueron diferentes debido al coronavirus.
“Puede ser que la tendencia continúe o que durante los dos últimos años mucha gente trajera su coche debido al COVID. Me temo que la tendencia seguirá al alza”, asegura Juan. A final de verano, con los datos actualizados, el gobierno insular se sentará con sindicatos y empresarios, la patronal de rent a car, entidades ecologistas y sector turístico para redactar una normativa que sea “consensuada”.
En este sentido, Juan aclara que la normativa tiene que ser flexible, “moderada” y adaptada a la situación de la isla en cada momento. “Unos más y otros menos, pero todo el mundo está de acuerdo en que existe un exceso de coches”, asegura el conseller, quien muestra su preocupación no solamente por la situación de saturación que pueda haber en determinados puntos de la red viaria, por ejemplo, en la entrada y salida de la ciudad de Eivissa, sino también en determinados enclaves medioambientalmente protegidos, que acaban invadidos por los vehículos. “No digo que no tenga que haber aparcamientos no asfaltados en suelo rústico (para acceder a las playas), pero no se trata de que cada vez entren más coches”, insiste Juan.
Entre los factores que dificultan un cambio en el modelo de movilidad hacia uno más sostenible, se pueden citar el relieve abrupto de la isla, la población dispersa y el turismo, según el informe sobre movilidad recogido en el diagnóstico territorial previo a la revisión del Plan Territorial Insular de Eivissa de julio de 2018. En lo que respecta al relieve abrupto, para los vehículos motorizados supone que las carreteras “tienen tendencia a ser, salvo en algunos casos, tortuosas, con mala visibilidad y muchas dificultades para efectuar maniobras como el adelantamiento”, con lo cual, cualquier incidencia tiene un impacto importante. En cuanto a los no motorizados, supone un inconveniente importante para implantar la bicicleta de manera eficaz como vehículo cotidiano, tanto por la geografía física de la isla como por la inseguridad que implica que haya tantos vehículos de motor circulando por las carreteras.
Por otro lado, Eivissa tiene mucha población que vive en entornos dispersos, lo cual es un factor que potencia el uso del vehículo privado por encima de la necesidad de implantar un sistema de transporte público eficaz, además de que implica materializar una red viaria sobredimensionada en relación a la población que vive en dichos núcleos.
Por último, cabe añadir el factor del turismo, pilar económico de la isla. Como ya se ha señalado, el parque móvil aumenta de manera importante durante la temporada turística, lo que implica un problema de dimensionamiento de la infraestructura viaria. Si la red se dimensiona para atender dicha demanda, estará infrautilizada durante buena parte del año, o incluso podría tener un efecto de demanda inducida, es decir, más coches y motos en la carretera; sin embargo, si se dimensiona para la demanda media anual, las carreteras tendrán problemas de congestión, sobre todo, durante los meses de verano (tanto para el transporte público como para el privado). El factor turístico también implica que determinadas líneas del transporte público tienen más conexiones o incluso únicamente funcionan durante la temporada de verano.
Laura del Valle, doctora en Geografía, se encuentra entre las autoras de un estudio de octubre de 2017, elaborado por la Societat d'Història Natural de les Balears (SHNB), en colaboración con la Universitat de les Illes Balears (UIB) y la Fundación para la Conservación de Eivissa y Formentera, que analizaba la capacidad de carga socioambiental de la isla. Entre las conclusiones a las que se llega en este estudio, en su apartado de movilidad, se destaca que el parque automovilístico de Eivissa ha crecido por encima de la media balear entre el periodo 2007-2016; que la construcción de vías de gran capacidad (como la polémica autovía que construyó el Govern de Jaume Matas en 2006) no ha resuelto los problemas de congestión del tráfico en los meses estivales y que la densidad de las grandes carreteras de la isla se sitúa por encima de Catalunya y de la media española, siendo una de las más elevadas de la Unión Europea (UE).
“Las autovías de Eivissa no se deberían haber hecho: se deberían haber arreglado las carreteras colindantes, que son las más importantes. La autovía, de todas formas, se saturará, porque el problema está en la salida hacia el aeropuerto”, explica del Valle, quien recuerda, además, que la autovía en dirección al aeropuerto sufre, en ocasiones, inundaciones, porque se construyó encima de una zona inundable. Cabe mencionar que, entre los últimos proyectos de la Conselleria de Infraestructuras Viarias del Consell de Eivissa, destaca la apertura del desdoblamiento de la carretera de Santa Eulària, en su llegada al núcleo urbano de Eivissa, en noviembre de 2020.
El transporte público lleva diez años obsoleto en Eivissa, desde que caducaran las cuatro concesiones con las que la isla cuenta, entre los años 2012 y 2013, que se han ido prorrogando desde entonces. Para poner en funcionamiento las nuevas adjudicaciones, hay que aprobar un plan de transportes, un proyecto de líneas y sacar a concurso público las nuevas concesiones. El nuevo proyecto, aprobado el 29 de abril de 2022, contará con un presupuesto de 186 millones de euros durante los próximos 10 años, con 61 líneas de autobús y un incremento del 48,4% de kilometraje anual. En estos momentos, se está redactando el pliego para sacar la licitación a concurso, que se encuentra en una fase muy avanzada, apuntan fuentes del departamento de Transportes del Consell de Eivissa.
“Tenemos los borradores del pliego administrativo y técnico, que tienen que ser validados, como máximo en un mes, por la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) del Ministerio de Hacienda. Cuando tengamos el visto bueno iniciaremos la licitación para adjudicar el servicio durante el 2023”, explica Javier Torres, conseller insular de Transportes. Durante este tiempo, además, el Consell de Eivissa ha firmado un convenio con el Ajuntament de la capital ibicenca para poner en funcionamiento el transporte urbano de la ciudad, ya que los municipios con más de 50.000 habitantes tienen la obligación legal de contar con un sistema de transporte público.
Entre los cambios que experimentará el transporte público insular, destaca la renovación y modernización de la flota, que se adaptará a la normativa europea de protección medioambiental (estará compuesta por autobuses eléctricos, híbridos, diésel y de Gas Natural Comprimido -GNC-) y el aumento de frecuencias y mejores conexiones, especialmente en invierno, entre todos los pueblos y la capital de su municipio. En la actualidad, Sant Joan es el municipio peor conectado de la isla. “Habrá una línea, durante todo el año, que conectará Sant Joan con pueblos como Sant Miquel o Sant Mateu hasta llegar a Sant Antoni”, afirma Torres.
Entre otros pueblos que estarán mejor conectados, Torres señala el de Santa Gertrudis, que actualmente no cuenta con una conexión a Santa Eulària, pese a pertenecer al mismo municipio. Esta deficiencia se corregirá con una línea que conectará Santa Eulària con Sant Antoni, pasando por Santa Gertrudis. “Todos los núcleos urbanos tienen que estar conectados con sus proximidades y con las capitales de municipio”, insiste Torres. Así, con las nuevas concesiones, el transporte público supondrá una inversión anual de casi 7 millones de euros en lugar de los casi 3 millones que cuesta ahora. Además, el sistema contará con paneles digitales, postes indicadores que se instalarán para conocer la localización de los autobuses y se podrá descargar una aplicación móvil que indicará la llegada de los vehículos a las paradas en tiempo real. En la actualidad, una de las quejas recurrentes de los usuarios es la falta de información en este sentido.
Del Valle coincide en que, el hecho de que Eivissa tenga tanta población dispersa es un factor que dificulta la construcción de una red de transporte público totalmente conectada, aunque apunta a que entre las alternativas que se pueden implementar está dotar de mayor conectividad los núcleos entre Santa Eulària, Sant Joan, Eivissa y Sant Antoni, así como conectar el centro de los pueblos con sus alrededores. “Se podría hacer una red más eficiente y mejor conectada entre estos cuatro puntos clave”, concluye. Sin embargo, lamenta que la medida de limitar la entrada de vehículos a la isla “llega tarde”.
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