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El Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa ha dictado una nueva orden de alejamiento contra Evaristo Soler Cardona, el polémico empresario que está siendo investigado por un presunto delito contra el medio ambiente y que acumula condenas por amenazas y coacciones. En un auto del 3 de julio de 2024, al que ha accedido elDiario.es, el juez prohíbe a Evaristo Soler acercarse a menos de 100 metros a F. X. C., así como a su barco, que está fondeado cerca de la bahía de Porroig, como adelanta este diario.
Es la tercera orden de alejamiento en vigor que acumula el polémico empresario. Pese a ello, Soler Cardona ha vuelto a incumplir, el 12 de julio, la orden de alejamiento que tiene de la bahía de Porroig –a solicitud del Seprona de la Guardia Civil–, según se desprende de las imágenes a las cuales ha tenido acceso este medio. De hecho, la Policía Local de Sant Josep ya detectó mediante imágenes aéreas, el 1 de julio, que el mencionado empresario se estaba saltando la orden de alejamiento dictada por el juzgado.
elDiario.es se ha puesto en contacto con Daniele Mundula, abogado de Evaristo Soler Cardona, para pedirle la versión del polémico empresario sobre los dos últimos sucesos mencionados. Sin embargo, el representante legal solo ha accedido a hablar con este diario bajo la condición de off the record, por lo que sus declaraciones no son reproducibles para la publicación de este reportaje.
La representante legal del denunciante, Azucena López, argumenta que la denuncia es verosímil dado que consta de manera reiterada que el “negocio” del investigado está encontrando como obstáculo al denunciante y su embarcación, que desde hace años “está siendo amenazado”. La letrada afirma que su cliente reconoció al investigado como “autor de frases manifiestamente amenazadoras”, a lo que hay que añadir el hecho de que han podido acreditar “daños” en su barco que atribuyen a las acciones de Soler Cardona. Además, afirma que la maniobra realizada por el denunciado supone un “grave riesgo” para las personas, motivo por el que justifica que se acuerden medidas de protección durante la tramitación de la causa.
El representante legal del polémico empresario, en cambio, sostiene que las medidas cautelares no proceden porque “es inverosímil la denuncia y el hecho de que una persona se ponga un traje de buceo para actuar furtivamente y luego aparezca amenazando al perjudicado”. Sin embargo, el juez ha desestimado estos argumentos y ha acordado la medida cautelar.
La letrada Azucena López afirma, en declaraciones a elDiario.es, que también pasa a representar a Jordi Batalla y Christophe Archer, quienes sufrieron amenazas, coacciones e insultos homófobos por parte de Evaristo Soler Cardona, por lo que fue condenado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, como publicó este diario. “Representaré a todo aquel que se atreva a denunciar a Evaristo”, sostiene la abogada.
Cabe recordar que el quebrantamiento de una medida cautelar –como saltarse la prohibición de aproximarse a una víctima después de lo acordado por el juez– puede ser castigado con una pena de seis meses a un año de prisión, según viene recogido en los artículos 48 y 468 del Código Penal.
Evaristo Soler reincide en su conducta
En la anterior ocasión en la que se pudo documentar que se saltó la orden de alejamiento de 100 metros de la bahía fue captado por el servicio de drones de la Policía Local. Los agentes informaron que el 27 de junio, a las tres y media de la tarde, el conocido como “Pirata de Porroig” seguía con su “práctica habitual, motivo por el cual se han instruido nuevamente diligencias al juzgado”. Además, los policías comprobaron cómo el empresario interactuaba con personas cuya embarcación había sido fondeada en la zona, previa contratación verbal e ilegal.
El pasado 27 de marzo, este diario informó de que el Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa había condenado a Evaristo Soler Cardona con una multa de seis meses, a razón de seis euros diarios, por un delito de acoso contra un navegante de la bahía de Porroig. La sentencia obligaba al empresario a abonar 1.080 euros por la sanción, más el pago de las costas procesales, que incluían 500 euros respecto a lo abonado por la acusación particular.
Los hechos probados durante el juicio oral mostraron que Soler Cardona, durante una tarde del pasado verano en Porroig, incumplió la medida cautelar de prohibición de aproximación a menos de 100 metros de la bahía, dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa. “Maricón de mierda, vete, no quiero maricones aquí, no quiero maricones en mi playa”, le increpó al bañista, “con evidente desprecio a su orientación sexual”, señalaba la sentencia y generando “una sensación de temor y desasosiego”. Soler Cardona reconoció los hechos en la sentencia.
Ésta fue, por tanto, la segunda vez que Soler Cardona era condenado por amenazas que fueron vertidas en un contexto homófobo. A inicios del verano pasado, el Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa ya le condenó por un delito leve de amenazas. Entre otros exabruptos homófobos, se refirió a una pareja como “maricones de mierda” y les amenazó con que les iba a “meter un palo por el culo”. Además, les advirtió que no les quería “ver por ahí”, “que sabe cuál es su barco y su coche” y que “su barco se puede hundir”.
Investigado por presunto delito medioambiental
Evaristo Soler Cardona está siendo investigado, además, por promover actividades de chárter y fondeo ilegal, según confirmaron en su momento fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y de la Guardia Civil a elDiario.es. La práctica ilegal consiste en colocar muertos [estructuras de hormigón que se utilizan para el fondeo de embarcaciones] encima de la posidonia, una planta marina protegida por la legislación balear.
Un estudio de 2022, encargado por el Ajuntament de Sant Josep, determinó que el 78% de los muertos que fueron identificados en la bahía de Porroig estaban colocados encima de la extensión de praderas de posidonia oceánica de la zona, catalogada en el decreto sobre la conservación del Govern como área regular, en su parte externa, y como zona de alto valor a proteger, en su parte interna, por lo que las actividades de fondeo están prohibidas.
“El fondo marino de Porroig es una de las zonas más impactadas de las Pitiüses, tanto por los muertos que se colocan ilegalmente, como por las embarcaciones que fondean con ancla y cadena”, explicó a este diario Xisco Sobrado, técnico del área marina del grupo ecologista GEN–GOB.
Una deuda de medio millón de euros
Evaristo Soler Cardona mantiene, además, una deuda de 573.157,15 euros con el Ajuntament de Sant Josep. En la parte exterior de una finca, ubicada en Cala Tarida, había una especie de vertedero ilegal que tuvo que ser desmantelado por el Consistorio, ya que el propietario no respondía a los requerimientos de las autoridades locales.
En un comunicado de prensa del 22 de mayo, el Ajuntament de Sant Josep, informó de que había desmantelado el vertedero ilegal, donde detectó 145 vehículos y embarcaciones y unas 500 toneladas de residuos de todo tipo. Entre los restos retirados se contabilizaron 71 vehículos, 13 de ellos de grandes dimensiones; 61 barcos; 13 elementos flotantes como velomares; 103 extintores, bombonas de gas o similares; 31 bengalas y lanzacohetes; más de 174.000 kilos de chatarra; más de 115.000 kilos de voluminosos y más de 9.000 neumáticos usados, entre otros.
El coste de los trabajos, realizados por una empresa externa a quien fueron adjudicados mediante concurso público, fue calculado en función de las labores realmente efectuadas y de los residuos retirados de la finca. Aunque el contrato se adjudicó por 752.436,34 euros, el coste final fue de 573.157,15 euros.
Una empresa que no factura
Evaristo Soler Cardona es administrador único de Rescuesub S.L., empresa que se dedica al servicio de alquiler de embarcaciones. La empresa se encuentra inactiva en estos momentos, según la documentación consultada por este diario en el Registro Mercantil a través de la plataforma Insight View. Esta empresa, además, facturó 0 euros en 2020, último ejercicio disponible, según los mismos datos que muestran unos activos de 124.519 euros y un capital social de 27.046 euros.