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La terraza del local de ocio que se derrumbó el pasado viernes en la Playa de Palma, provocando cuatro fallecidos y dieciséis heridos, no estaba autorizada como tal ni tenía licencia para ser transitada. Así se desprende del informe elaborado por los técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de la capital balear, que señalan que los propietarios del establecimiento habían reconvertido la techumbre del mismo para habilitarlo irregularmente como terraza, a pesar de que esta no estaba preparada para soportar el peso de personas, mesas y sillas. Debido a la sobrecarga, la estructura acabó colapsando.
La “carga puntual” que desencadenó el derrumbe vino provocada tras la llegada a la terraza de una mesa de 12 comensales holandeses, del encargado y de una trabajadora. Esto, unido a que era una estructura antigua que no estaba preparada para soportar tanto peso (el de una reforma ilegal de 2013 y el de las personas que estaban encima), provocó el derrumbe. El jefe de Bomberos de Palma, Eder García, ha explicado que no es posible afirmar que el local sobrepasara el aforo porque, al carecer de licencia para utilizar la terraza, no existía aforo como tal. “Allí arriba no debería haber habido nada”, ha dicho tajantemente.
En total, unas 21 personas se encontraban tomando algo en ese espacio cuando, pasadas las 20.30 horas, la estructura se vino abajo, provocando a su vez el hundimiento de la planta baja, que se llevó por delante la bóveda de marés que la sostenía y que finalmente acabó impactando contra el sótano, en el que se ubica otra discoteca que en ese momento se encontraba vacía, el Coco Rico. Las víctimas cayeron desde una altura de tres o cuatro metros, aunque quienes fallecieron se encontraban en la planta baja y murieron bajo la mole de escombros. En concreto, el suceso tuvo lugar en el Medusa Beach Club, situado en el número 34 de la Avenida Cartago.
Como consecuencia del desplome, perdieron la vida una trabajadora del pub, de 23 años y originaria de Navarra, dos turistas alemanas de 20 y 30 años y un cliente senegalés, Abdoulaye Diop, que en el instante del suceso se encontraba tomando un café en el lugar. Diop, de 44 años, recibió en 2018 la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco por salvar la vida de un bañista. El Ayuntamiento ha aclarado este martes que se hará cargo de la repatriación del cadáver a Senegal. De los heridos, tan sólo queda una persona ingresada, ya en planta.
Reformas desde 2013
Tal como ha explicado en rueda de prensa el alcalde de Palma, Jaime Martínez, la cubierta había sido reconvertida como terraza en 2013 sin licencia de actividad ni autorización para ser utilizada como tal. Los datos catastrales del inmueble, construido en 1972, únicamente reflejan, de hecho, la existencia de la planta baja, que dispone de uso comercial. Desde entonces, la cubierta había ido acumulando sucesivas reformas que, combinadas con la afluencia de personas que había en el momento del desplome -y a la recolocación de las mesas para acoger a un grupo de doce personas-, provocaron el colapso de la estructura.
Las obras llevadas a cabo en 2013 consistieron en la ejecución de forjados de unos 40 metros cuadrados, además de dos muros de obra adosados a las paredes de los edificios laterales de unos 14 metros de longitud y una escalera de acceso a la cubierta. Los trabajos fueron entonces realizados por un socio del propietario que desde 2021 regenta el Medusa Beach Club, y que entonces ostentaba la gestión de un restaurante mexicano ubicado en el mismo espacio del derrumbe. El bombero Eder García ha comentado que en 2013 la propiedad hizo una solicitud de obras en la cubierta existente que se denegó, pero que los trabajos “se hicieron igualmente”.
Siete años después, en 2020, el Ayuntamiento de Palma acordó sancionar con 4.500 euros a la empresa propietaria por infracción grave al ejecutar dichas obras sin licencia, tal como informan Diario de Mallorca y Cadena Ser. Cabe destacar que ninguno de los expedientes de Disciplina Urbanística sobre estas obras de 2013 hacen referencia a la zona del derrumbe, es decir, que la propiedad no tocó esa parte en concreto. Asimismo, este invierno también se han hecho obras, pero según el jefe de Bomberos de Palma han sido un “lavado de cara del local”. Por ejemplo, se pintaron las paredes y se cambiaron los muebles. El propio local promocionaba entre sus seguidores de Instagram esta “nueva terraza”, desde donde los clientes podían disfrutar de vistas privilegiadas a la bahía de Palma.
Con la ITE caducada
El alcalde ha aclarado que en 2023, además, el inmueble recibió una Inspección Técnica de Edificios (ITE) desfavorable, aunque no se comprobó por parte del Ayuntamiento de Palma si la propiedad había ejecutado las actuaciones encaminadas a subsanar las deficiencias. “Si una ITE es desfavorable, se tienen que hacer las actuaciones pertinentes por parte de la propiedad”, ha comentado Martínez. Preguntado por la prensa por cómo es posible que una terraza ilegal esté a la vista y pueda explotarse económicamente sin problemas, Martínez se ha limitado a defender a los “excelentes profesionales” del Consistorio que “cumplen sus funciones y obligaciones”.
En este punto, Martínez ha apelado a la responsabilidad de los propietarios. “No podemos poner un funcionario en cada uno de los 5.000 locales que hay en Palma”, ha reiterado. Al ser preguntado sobre si no era visible que la cubierta estaba funcionando como terraza desde hacía varios años, se ha limitado a responder: “No se puede tener a un funcionario delante de cada local que hay en Palma”. La rueda de prensa ha finalizado con un “no sé a qué se refiere”, la respuesta que ha dado Martínez cuando un periodista le ha preguntado cómo es posible que, durante una década, “ese local haya operado como haya querido sin que el control del Ayuntamiento funcione”, en palabras del reportero.
El alcalde no ha anunciado más inspecciones a raíz de este suceso -Palma cuenta con entre 10 y 12 celadores, según Martínez-, pero ha comentado que ya estaba previsto que en verano aumenten las “inspecciones globales coordinadas con diferentes administraciones” en zonas como Cala Major, el Paseo Marítimo o la Playa de Palma. Se tratan, en palabras de Martínez, de “inspecciones multidisciplinares y globales” sobre aspectos varios, como el sanitario. Los informes comentados este martes por el alcalde y el jefe de Bomberos han sido puestos en conocimiento de la Policía Nacional y la Fiscalía. El Ayuntamiento ha aclarado que, en el caso bastante probable de que se inicie un procedimiento judicial contra los dueños del establecimiento, se personará en la causa.