La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este jueves las personalidades jurídicas de 96 ONG nicaragüenses por no registrarse como “agentes extranjeros”. El martes ocurrió lo mismo con otras 83 organizaciones. Desde las protestas populares contra el presidente Daniel Ortega de abril de 2018, el gobierno ha eliminado 440 ONG en lo que los críticos denuncian como un intento de eliminar la sociedad civil.
La disolución de las 96 ONG a petición del Gobierno de Ortega fue aprobada con carácter urgente por los 75 diputados sandinistas y sus aliados. Otros 14 legisladores, de los 91 que integran el Parlamento, se abstuvieron, y dos estuvieron presentes y no votaron.
Entre las organizaciones afectadas está la Fundación Centro de Estudios Internacionales (CEI) que dirigió Zoilamérica Ortega Murillo –hijastra del presidente Ortega y a quien denunció en 1998 de abusos sexuales–.
También el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), el brazo social del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal cúpula patronal de Nicaragua, que en la víspera aclaró que esa disolución no perjudica su estatus jurídico debido a que desde 2014 están regulados por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).
Otra ONG ilegalizada es la Federación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua (Conapro), también del Cosep, que antes de la crisis que estalló en abril de 2018 mantuvo un diálogo de consenso con Ortega, en el poder desde 2007.
Además, fueron disueltas la Asociación Sociedad Nicaragüense de Pediatría, la Asociación Internet de Nicaragua, la Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca, y la Fundación Esquipulas, entre otras.
“Agentes extranjeros”
El Ministerio de Gobernación argumentó en un informe que esas ONG incumplieron la normativa por no inscribirse “en el registro de agentes extranjeros, siendo estos sujetos obligados, de conformidad a la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros”, aprobada por los sandinistas tras las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.
Además, según el ejecutivo, esas ONG violaron la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, en vigor desde el 6 de mayo pasado. Así como la Ley Contra el Lavado de Activos.
Con esas nuevas 96 asociaciones, se eleva a 179 las ONG disueltas en los últimos tres días, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua.
En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en el Parlamento, se ha cancelado la personalidad jurídica al menos a 440 ONG desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular –originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social– calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.
El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, promotor de las iniciativas, ha sostenido que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega, aunque no ha presentado pruebas.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.