Justyna Wydrzynska rompe a llorar cuando narra el desgarrador testimonio de Ania (nombre ficticio), la mujer a la que trató de ayudar para que abortara. “Es una historia de soledad, miedo y desesperación”, comienza diciendo sobre el caso por el que ha acabado condenada en Polonia. Wydrzynska, activista de la organización Abortion Dream Team, se jugó pasar tres años en prisión, que es la pena máxima que recoge la legislación polaca para las personas que facilitan el aborto, por enviar a Ania unas pastillas abortivas. Finalmente un juez la ha condenado a ocho meses de trabajo social, pero la asociación está determinada a revertir el fallo ante la Justicia europea.
“Ella vivía en una relación violenta, estaba desesperada y decidí compartir mis pastillas”, explica Wydrzynska, que esta semana ha estado en Bruselas para reclamar a los eurodiputados que presionen al Gobierno polaco para “que se deje de criminalizar a las personas que ayudan al aborto por una ley vieja”. La legislación polaca, impulsada por el gobierno ultraderechista de Ley y Justicia, es una de las más restrictivas de Europa. Sólo permite el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de una violación, incesto o ponga en riesgo la vida de la madre. Bruselas se ha puesto de perfil ante este caso, pero la activista se ha sentido apoyada por los grupos de la Eurocámara, especialmente los 80 eurodiputados que reclamaron a Polonia que retirara los cargos.
La asociación Abortion Dream Team nació en 2006 para dar información sobre la interrupción del embarazo y ayudar a mujeres que quieren abortar al margen de esos supuestos o que incluso cumplen esos requisitos pero no les son reconocidos. “La ley es una cosa pero la interpretación es otra. En la práctica esperan a que el corazón del feto se pare”, explica Natalia Broniarczyk, miembro de la misma organización, sobre el miedo que ha invadido a los médicos. No obstante, también censura que los ginecólogos sólo tengan en cuenta la salud física a la hora de evaluar un embarazo y no la salud mental. Es una consecuencia de la “medicina patriarcal”, denuncia.
Ania se sentía incapaz de seguir adelante con su embarazo, que le hizo perder 10 kilos en las primeras semanas como consecuencia de los vómitos que la llevaron incluso al hospital, donde le dieron medicación intravenosa. “En ese tiempo mi salud se deterioró y estaba en la cama, gritando de dolor. Me hicieron exámenes psicológicos y psiquiátricos y yo les decía que iba a morir durante ese embarazo. Estaba aterrorizada. Sabía que iba a sufrir así los siguientes siete meses, hasta el final del embarazo y que tendría una depresión de la que no me recuperaría en años, quizás en el resto de mi vida”, relata Ania, que ya tenía esa experiencia por lo que le pasó con su hijo: “Tomé la decisión de terminar con el embarazo, a pesar de las consecuencias”. Entonces dejó de expresarse ante el equipo médico, con el temor de que la encerraran en un centro psiquiátrico en el que no tuviera más remedio que dar a luz, y consiguió engañar a los doctores sobre su estado al pesarse con dos botellas de agua escondidas: “La báscula mostró 50 kilos y me mandaron a casa”.
Entonces contactó con Abortion Dream Team y Wydrzynska, sobrecogida con su relato, decidió enviarle las pastillas abortivas de las que disponía. La entonces pareja de Ania las interceptó, se las quitó y llamó a la policía, que la llevó a comisaría para ser interrogada. “Las posibilidades de terminar con el embarazo de forma segura terminaron”, agrega Ania, que entonces optó por introducir un catéter en su cérvix. Tras semanas de peligro y sufrimiento en secreto, Ania abortó.
“Con estas pastillas puedes poner fin a tu embarazo sin contacto con el médico, es seguro, y la efectividad es del 98%”, le dijo Wydrzynska a los eurodiputados de la comisión de Igualdad esta semana: “Ania tenía la oportunidad de un aborto seguro, pero la oportunidad se la quitaron. Como consecuencia, Ania tuvo que usar esto [dice la activista mientras muestra un catéter], el método de nuestras bisabuelas, que la llevó a una infección”. “Afortunadamente sobrevivió y tenemos que decirlo alto: ella ha escapado de la muerte.
“Se salvó por el hecho de que llegó al hospital a tiempo y el médico se dio cuenta de que su vida estaba en riesgo”, zanja Wydrzynska, que se emociona por segunda vez en el día cuando habla del caso que la llevó a los tribunales.
“Fue condenada por dar unas pastillas que ni siquiera fueron usadas. Los médicos están asustados de que les pase lo mismo”, explica la activista Natalia Broniarczyk en un encuentro con periodistas en el que subraya que lo que hizo Wydrzynska al dar las pastillas a Ania está penado en la mayoría de países europeos. “Podemos ser nosotras, que somos activistas, pero también una madre o una hermana”, coinciden las dos.
2.000 polacas han abortado en otros países con su ayuda
El problema en Polonia, según las representantes de la ONG, es que la ley es muy restrictiva, también lo es su interpretación, y que los médicos no solo pueden acogerse a la cláusula de conciencia sino que si renuncian a practicar el aborto no tienen ni siquiera la obligación de pasar el caso a otro compañero.
La situación empeoró a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2020 que consideró ilegal el aborto por malformación del feto. Abortion Dream Team ha ayudado a 2.000 mujeres a abortar en otros países, como Holanda, donde el aborto está permitido sin dar explicaciones hasta la semana 22, o en Francia y Bélgica, donde es posible hasta el final de la gestación en caso de malformaciones. En total han gastado 500.000 euros para pagar los procedimientos quirúrgicos, los desplazamientos y el alojamiento.
Y es que, además de convertirse en un problema para la salud de las mujeres, la restricción del aborto acaba convirtiéndose en un “asunto de clase”, según las activistas polacas, que piden a la UE financiación. “Las mujeres que tienen dinero para hacerlo en otros países, lo hacen; y las que no, se juegan la vida. Deberíamos tener un paraguas común para los derechos de las mujeres porque si no vamos a ver discriminación económica”, remata la jefa de los socialistas y demócratas, Iratxe García, que aprovechará la reunión que el grupo celebrará la próxima semana precisamente en Cracovia para presentar una Carta Europea de Derechos de las Mujeres con la que pretenden que haya un mínimo común denominador en toda la UE.