Andrea Donado es de Madrid, pero lleva seis años en Reino Unido, donde trabaja en una empresa de traducción londinense. Aún no sabe si va a poder viajar a España para pasar la Navidad con sus padres y sus hermanos. Hace casi un año que no los ve, pero tener que pagar tres pruebas PCR para ella, su pareja y su hijo pequeño le descuadra las cuentas. Desde este lunes, el Gobierno español exige a toda aquella persona que entre en España en barco o avión procedente de una lista de 65 países y territorios (incluidos todos los Estados miembros de la UE, salvo Finlandia) un test PCR negativo de COVID-19 realizado en origen en las 72 horas previas a la llegada.
Turistas y españoles residentes en el extranjero –así como los familiares de los mismos que vayan a visitarlos– se ven igualmente afectados. El BOE señala que además, el documento deberá estar redactado en español o inglés, tiene que ser el original y debe incluir el número de pasaporte o DNI, la fecha de la prueba, la identificación y datos de contacto del centro que realiza el análisis y la técnica empleada –solo se admite PCR–.
Muchos de los emigrados españoles que, como Andrea, desean volver a España, especialmente por Navidad, denuncian que estos requisitos se traducen en muchos casos en costes desproporcionados e incluso en la imposibilidad de viajar porque aseguran que en algunas zonas es muy complicado obtener un resultado en el plazo de 72 horas, entre otros factores.
“Esta medida se convierte en un cierre de fronteras encubierto de cara al retorno navideño”, denuncia la plataforma Marea Granate, un colectivo transnacional de emigrantes españoles nacido al calor de las protestas del 15M. “No somos turistas, somos emigrantes”.
En total, cerca de 1,7 millones de españoles viven en los territorios señalados en la lista de pasajeros a los que se exige una prueba PCR negativa como requisito de entrada a nuestro país, según el Instituto Nacional de Estadística.
Según explican desde Marea Granate, en muchos países, las PCR se efectúan a menudo sólo en caso de tener síntomas y bajo prescripción médica. Si no es así, los precios de estas pruebas pueden acabar siendo “prohibitivos” para muchas personas. Mencionan por ejemplo el caso de Irlanda, donde hacerse un test por cuenta propia cuesta entre 150 y 200 euros, o Dinamarca, donde “puede irse hasta los 300 euros”. En Reino Unido están costando entre 130 y 200 euros. Varias clínicas están ofreciendo test más rápidos o en domingo con precios por encima de las 224 euros. En ciudades pequeñas, con menos opciones, los precios son todavía más altos. En Oxford, una PCR que no sea un test casero y autoadministrado por el paciente puede llegar a costar 320 euros.
“Lo que se busca es otorgar seguridad en los desplazamientos evitando cuarentenas en llegada, que nos parece mucho más nocivo”, dice a elDiario.es Manuel Muñiz Villa, secretario de Estado de España Global. “Se trata de la opción más generosa para con la movilidad de la recomendación de la UE. Hay muchos Estados miembros que están pidiendo cuarentenas en retorno no solo de países en categoría roja (incidencia de más de 150 por cada 100.000 habitantes), sino también de categoría naranja”.
Demanda de PCR gratuita en destino
Marea Granate demanda que, en el caso de visitas familiares de emigrados, se garantice la posibilidad de efectuar una PCR de forma gratuita a la llegada a territorio español a aquellas personas que, “por motivos logísticos o económicos, no pudieron realizarse el test en su país de residencia o de residencia del familiar migrado con el que han ido a reunirse”.
“No tiene sentido implementar medidas de distinta naturaleza para colectivos de distinto tipo. El riesgo es el mismo para turistas, viajes de negocios y residentes. La PCR en llegada te expone al riesgo de contagio en tránsito, pero una vez que llegas, puede que los resultados tarden unos días y en ese periodo estarías obligado a mantener cuarentena”, sostiene el secretario Muñiz Villa. “Esta medida afecta a todas las categorías de movilidad y para muchas de estas categorías la cuarentena es un condicionante determinante”, añade.
En la actualidad, los pasajeros que lleguen a España y no lleven los resultados de la PCR consigo tienen que hacerse un test rápido de antígenos en el aeropuerto. Después, son sancionados con multas de hasta 6.000 euros, según anunció la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. “Son multas desproporcionadas”, denuncia el colectivo.
“Puede que no te den el resultado a tiempo, porque las farmacias y las clínicas no te lo pueden garantizar. O bien pierdes el vuelo, o bien llegas sin los resultados y tienes que pagar la multa”, critica a su vez Andrea, que junto a un grupo de españoles en Reino Unido se ha puesto en contacto vía e-mail con el consulado español en Londres y la embajada española en el país para intentar exponer su situación y que el Gobierno reconsidere “inmediatamente” la medida.
“Lo que pedimos no es nada descabellado”, dice a elDiario.es un representante de Marea Granate, que asegura entender la “gravedad” de la situación epidemiológica, pero critica que el Gobierno no esté dando “ninguna facilidad alternativa”. Recuerda que hay países como Dinamarca que también exigen una prueba PCR a los viajeros de zonas de riesgo dentro la UE, pero eximen a sus ciudadanos y residentes de la medida.
En otros países europeos como Italia, Alemania, Reino Unido y Dinamarca se permiten las pruebas PCR en destino, a menudo gratis o a precios reducidos, y con más flexibilidad sobre el tipo de test aceptado (como tests de antígenos, más baratos y accesibles).
De Ontario a Ámsterdam
Pilar Rodríguez, de 26 años, lleva tres años viviendo en Ontario, Canadá, y tiene un billete de vuelta a España el 6 de diciembre, donde piensa quedarse de manera indefinida para acompañar a un familiar cercano enfermo. “En Ontario, el Gobierno no permite que las clínicas privadas hagan PCR. Solo te lo puedes hacer en la pública. Pero la pública está saturada y tardan entre cuatro y 10 días”, cuenta a elDiario.es. “Además, dado que un viaje desde Canadá a España tarda en torno a 15 horas con las escalas, el resultado de la PCR tiene que estar en menos de 55 horas antes de ir al aeropuerto. Básicamente es imposible”.
“Ni el Ministerio de Sanidad ni la embajada ni el consulado nos dan soluciones. Te responden con un copia y pega que te redirige a la normativa... Que ya te has leído 20 veces y con la cual se te prohíbe volver a casa”, dice. “Nos están dejando totalmente tirados… A muchos aquí se les termina el visado, se quedan sin poder trabajar y sin alojamiento, pero no pueden volver a España”.
La hija de Elisa Núñez vive en Londres pero no puede volver a España en vacaciones por motivos laborales. “Está sola, así que he decidido ir yo a verla. Vuelo el 19 de diciembre y tengo el billete de vuelta el 26. El problema es que me exigen la PCR en las 72 horas previas al vuelo y el 26 es fiesta en Reino Unido y el 25 también”. Núñez cree que será imposible obtener los resultados en el plazo exigido.
“Me parece que con tantos condicionantes no voy a poder ver a mi hija”, lamenta. “Ya había asumido que al llegar a Londres me tendría que quedar encerrada en el piso por la cuarentena. Acepto no salir con tal de estar con mi hija, pero lo que nos ha hecho el Gobierno español es una auténtica faena. Han dejado entrar a todos los turistas en verano y en Navidad, que los que viajan son los emigrantes o sus familias para verlos, nos ponen todos los impedimentos del mundo”.
Noel Arteche, de San Sebastián, está estudiando un máster de investigación en Lógica en la Universidad de Ámsterdam y compró el billete de vuelta a España antes de que saliese la nueva normativa. “En Países Bajos cualquiera puede solicitar un test PCR gratuito siempre que tenga síntomas. Podría fingir, pero los resultados llegan a través de tu móvil ligados a tu número de seguridad social holandés, mientras que lo que pide España es mucho más específico: un certificado en castellano o inglés con tu número de DNI o pasaporte”, dice. “He contactado tanto con los médicos de la universidad y la seguridad social holandesa como con la embajada española en Ámsterdam y todos me han dado la misma respuesta: acudir a empresas privadas que están haciendo este tipo de certificados a medida. Algunas de estas empresas, como la aerolínea KLM, ya no dan cita porque están saturadas. En cualquier caso, el precio no baja de los 140 o 150 euros, lo que es más caro que mi vuelo de ida a España”.
“Veo normal que haya controles estrictos en las fronteras, e incluso que se quiera hacer test, pero pienso que al menos a los ciudadanos españoles se nos debería dar la oportunidad de hacerlo al llegar a España, cubierto por nuestra seguridad social. Da la sensación de que la medida se pensó para turistas y no se acordaron de los españoles que estamos fuera por estudios o trabajo”, dice.
“Nos sentimos abandonados”
Marea Granate asegura que las trabas relacionadas con los test son un problema que se están encontrando de manera generalizada en los países para los que se exigen. “Es una medida excluyente y clasista que nos impide volver a casa”, denuncia el colectivo, que trata de brindar apoyo a otros emigrantes españoles proporcionándoles información, haciendo de altavoz de sus quejas y, en algunos casos, ayudándoles con los trámites si lo necesitan.
Para María Almena, una bioquímica de Toledo que vive en París, conseguir el certificado es el principal obstáculo. “En Francia, los test son gratuitos y los cubre la seguridad social. Ha habido bastantes colas para hacerse las PCR, pero se han reducido desde que hay test de antígenos, así que es más o menos factible obtener el resultado a tiempo. Lo más complicado es el requisito de que el resultado sea en inglés o español con datos personales como el DNI o el pasaporte. Los laboratorios tienen su formato estándar y hacen muchísimas pruebas, no se pueden estar adaptando a la demanda de cada persona. Tengo que encontrar un sitio donde lo hagan en inglés, pero tengo familia y nos tenemos que hacer la prueba los tres, y cuadrarlo con el viaje”.
Según María, que también participa en Marea Granate, mucha gente se está planteando esquivar el aeropuerto viajando en otro medio de transporte “para evitarse esta logística, porque si entras por autobús, tren o coche no te piden ningún requisito”. “Así que te hace cuestionarte la medida como política pública de sanidad, porque a lo mejor potencia que la gente entre por otras vías sin hacerse pruebas. Si es una medida sanitaria por el bien común, se tiene que poder facilitar”.
“Nos están obligando a pagar para entrar en nuestro país de origen. Una vez más, nos sentimos abandonados. Somos muchos los españoles expatriados que sentimos que no nos tienen en cuenta. Muchos tuvimos que emigrar por la situación económica en nuestro país y además tenemos que aguantar que se nos pongan impedimentos”, zanja Andrea desde Londres. Si el Gobierno no reconsidera la medida, dice, cree que lo más seguro es que finalmente no pueda viajar.