Manifestarse ante la sede del gobierno del estado de Nueva York no es tarea fácil. Mientras la mayor parte de la población del estado se encuentra en la ciudad del mismo nombre, el Capitolio y la sede del gobierno se encuentran en Albany, a unos 240 quilómetros de la Gran Manzana. A pesar de eso, centenares de personas se desplazaron hasta ahí el pasado 17 de mayo desde varios puntos del estado para reclamar a sus representantes que voten a favor de la ley de regulación de alquileres que plantea la plataforma Housing Justice for All (Justicia Habitacional para Todos y Todas), la ley del “desahucio con causa justificada”. Este martes un grupo de activistas irrumpió en la cámara para exigir una respuesta al problema de la vivienda antes que se acabe el periodo legislativo este jueves. Según algunas encuestas, la propuesta cuenta con el apoyo del 69% de los votantes del estado, pero el liderazgo del partido Demócrata no tiene previsto aprobar el texto presentado por su senadora Julia Salazar.
En ambas ocasiones, ahí estaba Andrea Shapiro, del Met Council on Housing, una entidad que trabaja para organizar y acompañar inquilinos en distintos puntos de la ciudad, y junto con otras organizaciones —la mayoría de carácter más local, de barrio—, forman parte de la plataforma Housing Justice for All. Desde Nueva York, celebra el éxito de la manifestación del pasado 17 en Albany, la más importante que han organizado desde el inicio de la pandemia, asegura. “Había gente que vino desde las principales ciudades del estado y eso que, por ejemplo, Buffalo está a seis horas de la capital; es increíble poder contar con gente dispuesta a tomar un bus a las cuatro de la mañana para ir a protestar”, celebra.
El proyecto legislativo, presentado en 2019, se inspira en los que ya han sido aprobados en los estados de New Jersey, California, Washington y Oregon, y ahora está en discusión en la Asamblea y el Senado del estado de Nueva York. Sus promotores calculan que el 70% de los desahucios se dan de manera “informal”: la propiedad les dice a los inquilinos que se tienen que ir, y se van en silencio. Plantean la ley como una propuesta por el “derecho a quedarse”, en que ni el final de un contrato ni las exigencias de reparaciones puedan ser motivos para echar a una familia.
La no renovación de un contrato tiene que estar justificada ante un juzgado, por ejemplo, porque los y las inquilinas no hayan cuidado adecuadamente del apartamento, hayan provocado problemas de convivencia, o no hayan pagado el alquiler. La ley, admite Andrea Shapiro, no es una solución para quien no puede pagar el alquiler: “El siguiente paso es idear más herramientas para ayudar a la gente que no puede pagar pero, mientras tanto, tenemos que evitar que los alquileres sigan subiendo, porque esta es la principal causa de no poder hacer frente a los pagos”.
La ley plantea una regulación de los precios en qué los propietarios no podrían subir los alquileres más de un 3% (y todavía menos si la inflación es inferior al 2%). Ante las críticas del sector inmobiliario, la activista del Met Council asegura que no dejarán de hacer negocio: “Los propietarios ya tienen muchísimos beneficios con la vivienda en Nueva York, y de hecho, la ley sigue contemplando aumentos y también establece que, si necesitan más dinero para una obra importante, pueden llevar sus libros de contabilidad a los juzgados y, si queda probado que es necesario más de lo que cobran de alquiler para el mantenimiento del edificio, sí que lo pueden reclamar”.
Shapiro cuenta que muchas personas en Nueva York viven pendientes de renovar su alquiler mes a mes: “Hay un punto en el que dejas de pensar en ello, pero hay gente que vive así durante décadas”. A ella, por ejemplo, la avisaron con pocos días de antelación que tendría que irse del piso que era su casa desde hacía diez. La última batalla legal del movimiento por la vivienda consiguió cambiar un poco esa situación de incertidumbre; en 2019 lograron aprobar una ley que obligaba a avisar de la renovación o de incrementos de más del 5% del alquiler con dos o tres meses de antelación, según el tiempo que lleve el inquilino en el piso. “Pero nada les impide expulsarte o subirte el alquiler, sólo tienen que avisarte”, explica Shapiro para el caso del mercado libre.
Sin embargo, más o menos la mitad de las personas que viven de alquiler en la ciudad de Nueva York cuentan con algún tipo de control de los precios, sea en vivienda pública o privada con renta estabilizada o bajo algún otro tipo de control; es decir, para la mitad de los inquilinos de Nueva York la administración pública limita, de una manera u otra, cuánto pueden subir los alquileres. “Estos programas son lo que hace posible que la población migrante y la gente de bajos recursos puedan vivir en Nueva York”, asegura Ángel Vera, de Make the Road, una entidad de personas migrantes que se organizan en distintos barrios de la ciudad.
Plantar cara a la gentrificación
Vera llegó al barrio de Bushwick, en Brooklyn, desde Ecuador, hace 30 años, y como muchos de sus familiares y amigos, se puso a trabajar en las fábricas textiles que abundaban en la zona. Tiene un buen recuerdo de la vida en comunidad, pero también que era “un vecindario abandonado, con uno de los índices más altos de asma en la ciudad, justamente por la situación en la que estaban las viviendas”.
Hoy en día, aproximadamente el 60% de las viviendas del barrio tienen su renta estabilizada, cuenta, pero el barrio está sufriendo una gentrificación intensa, “porque se van instalando artistas, gente joven, porque está cerca de Manhattan”. Las fábricas en las que trabajaba mucha de la población migrante fueron cerrando, deslocalizadas a México, Centroamérica o Asia, y esos edificios se han ido transformando en lofts para población con más poder adquisitivo.
Con la llegada de esa nueva población, se dispara el coste de vida. Vera añora las tiendas en las que podías sentarte y comer por cinco dólares al mediodía. Pero, sobre todo, se incrementa el acoso a vecinos y vecinas para que abandonen sus casas y dejen espacio a quién puede pagar más.
“El hostigamiento va desde la falta de reparaciones, los cortes de servicios sin razón, o el no cobrar los cheques del alquiler para decir que no pagaron, pero también hay quién ofrece dinero a las familias para que dejen sus pisos, que es una estrategia muy efectiva”, critica el activista. Por no hablar de otras estrategias que buscan infundir el miedo: “Muchos inquilinos, sobretodo indocumentados, reciben una carta falsa con el logo de la ciudad, o escuchan hablar de los juzgados, y se van por miedo”. Vera ha visto a varias familias que han tenido que dejar buenos apartamentos para pasar a alquilar una habitación porque no pueden asumir los precios del barrio. Se muestra esperanzado con el proyecto de ley, porque, asegura “cualquier protección que tenga que ver con frenar el incremento del alquiler y los desalojos, ayuda a frenar la gentrificación”.
Equilibrar la balanza
Ronald Hernandez asegura que la gentrificación no ha llegado todavía a su barrio, el Northwest Bronx, pero va emanando desde Brooklyn, y ya la percibe en las calles de Harlem, dónde nació: “Cuando paso, veo a más gente blanca en la calle que en toda mi infancia”. Hernandez es capitán en el departamento de prisiones de Nueva York y lleva 15 años viviendo en el mismo edificio y el reto que afronta es intentar organizar a sus vecinos y vecinas junto a la Northwest Bronx Community & Clergy Coalition (NWBCCC), pero asegura que hay mucho miedo a quejarse ante la propiedad. Cuenta que su bloque estaba en muy buenas condiciones hasta que lo compró una empresa: “Antes de que falleciera el propietario, venía él mismo a supervisar todas las obras, pero los nuevos dueños se limitan a hacer reformas baratas; hay una pared en mi casa que han tenido que revocar tres veces en el último año”.
La lista de agravios que plantea Hernandez es larga, y asegura que, si su hijo pequeño no estuviera todavía estudiando en un instituto del barrio, se iría. Su exmujer y su hija ya tuvieron que irse a vivir fuera de la ciudad ante los abusos inmobiliarios. También lo hizo el vecino que lo animó a empezar a organizarse con NWBCCC, y se siente impotente en esta lucha. “A la gente le asusta cuando llamamos a las puertas para intentar organizarnos”, lamenta. “Si se aprueba la ley y sabes que no pueden echarte por reclamar tu derecho a unos estándares razonables de vida, cambiaría el desequilibrio de poder y el propietario haría las reparaciones”, dice.
Además, Hernandez reivindica que, si los propietarios dejaran de tratar a los inquilinos “como un cheque cada final de mes” y entendieran que están prestando un servicio, podría haber corresponsabilidad. Actualmente, encuentra muchos problemas de suciedad y de seguridad en su bloque, “y eso me enfada, porque no deberías tener miedo en el lugar dónde vives, se supone que un hogar es un espacio seguro”. “Cuando equilibras la balanza, cuando tratas a la gente de forma humana, la haces sentir bienvenida en el edificio, viviendo en unas buenas condiciones, la gente se acostumbra a eso, y no deja que pase nada malo en el lugar dónde viven; pero mientras me trates como a un cheque, ¿por qué debería preocuparme?”, se pregunta.