El pasado 31 de julio, varios colonos israelíes, con el apoyo de militares y policías, expulsaron a la familia palestina Kisiya de su tierra en Al Mahrour, al noroeste de Belén. “No tenían ninguna orden judicial, ninguna orden de desalojo”, afirma a elDiario.es Alice Kisiya, de 30 años, que desde entonces ha encabezado la lucha por recuperar los terrenos familiares.
Son unas cuatro hectáreas en las que los Kisiya llevaban cultivando higueras, olivos, limoneros y otros árboles frutales desde antes de 1948, fecha en la que se creó el Estado de Israel. Desde el otro lado del valle, la joven señala la finca que le ha sido arrebatada a esta familia cristiana que, como los demás palestinos de la zona, dependen económicamente de la agricultura desde hace generaciones.
“Se aprovecharon de lo que está sucediendo en Gaza, de la guerra, y están usando una orden militar para prohibirnos estar en nuestra tierra”, explica Alice. Con esa orden, su propiedad ha sido declarada 'zona militar cerrada' y los civiles no pueden acceder a ella, pero sí lo hacen los colonos, con el respaldo de las autoridades civiles y militares de Israel.
No tienen ningún documento y se esconden detrás del poder de los militares porque no tienen otra forma de robarnos la tierra
“No tienen ningún documento, nunca tendrán ningún documento y se esconden detrás del poder de los militares y lo seguirán haciendo porque no tienen otra forma de robarnos la tierra”, denuncia Alice en una entrevista con elDiario.es. Habla con firmeza y valentía, mientras el viento trae el aroma característico de las higueras y agita el pelo rizado de la joven.
Según ella, la familia tiene documentos a nombre de su padre que demuestran la propiedad de las tierras y que un tribunal israelí reconoció como válidos. Pero son papel mojado desde el 7 de octubre de 2023. “Ahora mismo, no respetan la ley porque es una situación de emergencia. El Ejército es el que manda”, lamenta.
Paisaje cultural de la UNESCO
Relata que los colonos llegaron en julio con varios niños, a los que “utilizan”, y entre ellos había un hombre argentino. Consiguieron establecerse en la finca de los Kisiya y, si algún miembro de la familia intenta acceder a su propiedad, los colonos llaman a los militares, que actúan a favor de los ocupantes.
“Desde entonces hemos estado protestando de forma no violenta: organizamos marchas, montamos una tienda de campaña y construimos una pequeña iglesia” prefabricada de madera, en la que podían rezar cristianos, judíos y musulmanes. No duró mucho, a pesar del apoyo de religiosos y activistas pacifistas, incluso israelíes. Los soldados la desmantelaron rápidamente“, cuenta.
Vamos a seguir luchando, no les vamos a permitir que se queden con nuestra tierra. Estas tierras forman parte del patrimonio de la UNESCO y las hemos heredado de nuestros ancestros
“Vamos a seguir luchando, no les vamos a permitir que se queden con nuestra tierra. Estas tierras forman parte del patrimonio de la UNESCO y las hemos heredado de nuestros ancestros. La forma de cultivo es de la época romana y [esta zona] es muy importante por su flora y fauna, y por su localización”, dice Alice, señalando el valle y las colinas a su alrededor.
Junto a Al Mahrour se encuentra el área de Battir, considerado “paisaje cultural” de la UNESCO desde 2014. Según el organismo de la ONU, la zona “comprende una serie de valles con cultivos en terrazas escalonadas: en los bancales de secano crecen olivos y viñas, mientras que en los de regadío se cultivan frutas y hortalizas”.
Desde la ONG israelí Peace Now, Mauricio Lapchik señala que Battir y Al Mahrour son áreas destacadas por su valor cultural, pero lo que sucede en este lugar no es singular, sino que se repite en toda Cisjordania. A lo largo y ancho del territorio palestino ocupado han surgido más de 43 puestos de avanzada desde el 7 de octubre de 2023, día en el que el grupo palestino Hamás lanzó un brutal ataque contra el sur de Israel –matando a más de 1.200 personas y secuestrando a otras 250–, tras el cual el Ejército israelí dio comienzo a su guerra de castigo contra Gaza, donde han muerto más de 42.400 personas en poco más de un año.
“Los puestos de avanzada también son ilegales según la ley israelí, a diferencia de los asentamientos”, explica Lapchik, director de relaciones exteriores de Peace Now. En Battir y Al Mahrour hay un puesto de avanzada y se intentó establecer otro, según Lapchik. Además, el Gobierno ultranacionalista de Benjamín Netanyahu ha legalizado el vecino asentamiento de Nahal Hertz, uno de los cinco asentamientos autorizados durante el pasado año.
“No es algo que comenzó el 7 de octubre, pero este fenómeno se ha multiplicado de manera sin precedentes”, dice el representante de Peace Now. La organización acaba de publicar un informe que documenta la anexión de tierras palestinas, que destaca que la mayoría de los 43 nuevos puestos de avanzada son agrícolas y buscan “tomar la tierra y expulsar de forma sistemática a los palestinos”. Desde finales de la década de los 90, Peace Now registró el establecimiento de unos siete puestos de avanzada de media cada año, hasta 2023.
“En los territorios ocupados, donde la presencia palestina es continua, [los palestinos] están siendo acorralados por asentamientos y puestos de avanzada, que no se establecen de forma casual”, afirma Lapchik, y añade que “esto forma parte del plan de los colonos, que fue adoptado por el Gobierno casi de forma oficial y que tiene como objetivo evitar el establecimiento de un Estado palestino en el futuro y continuar restando espacio a los palestinos”. Ese Estado es la solución por la que aboga la comunidad internacional, a pesar de la fragmentación del territorio palestino lo hace inviable en la práctica.
Lapchik destaca que la expansión de la presencia de los colonos se está dando principalmente en la denominada área C –que representa un 60% de Cisjordania y, según los acuerdos de Oslo de 1993 y 1995, está bajo control militar y administrativo israelí–, pero no descarta que alcance también las áreas A y B (donde la Autoridad Palestina tiene más prerrogativas).
Según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 1.300 estructuras han sido demolidas en Cisjordania desde principios de 2024 y más de 76% de ellas estaban en el área C, mientras que menos del 5% estaban en las áreas A y B. El resto se ubicaba en Jerusalén Este, la parte de la ciudad en la que habitan los árabes y que la comunidad internacional reconoce como capital de un futuro Estado palestino. En total, casi 3.400 personas se han visto afectadas por las demoliciones, una práctica que tampoco es nueva, pero que se disparó desde finales de 2022 –tras la formación del Gobierno extremista encabezado por Netanyahu–.
Primero la casa, luego la tierra
La casa de la familia Kisiya fue demolida en 2019, tal y como recuerda Alice. “Nos enfrentamos a la posible demolición de nuestra casa cuatro veces desde 2012 hasta 2019, cuando demolieron la casa y el restaurante que habíamos abierto”, dice la joven. Después de que la vivienda fuera destruida, “nos quedamos allí, durmiendo en tiendas de campaña, y [los militares] vinieron varias veces con los bulldozers para tirar abajo las tiendas”.
Los Kisiya llevan luchando en los tribunales desde 2014 para que no les arrebaten su propiedad y nunca nadie, hasta ahora, ha podido demostrar su derecho sobre la misma. “Manipulan la ley, a los abogados y a los jueces, porque en general la gente desconoce la ley y los procedimientos”, dice la única hija de la familia. Alice no tiene hermanas y sus dos hermanos mayor y menor no están en primera línea de esta batalla.
“No consiguieron lo que querían en los tribunales y entonces nos demolieron la casa, pensando que nos iríamos, pero no nos fuimos. Ahora se están aprovechando de las órdenes militares para que no podamos acceder a la tierra”, asegura. Detalla que la orden militar se renueva cada mes y, sin la orden, los colonos se tendrían que ir; de hecho, no pueden hacer nada en la parcela mientras sea 'zona militar', ni construir ni cultivar: “Sólo duermen para que veamos que siguen allí”.
No consiguieron lo que querían en los tribunales y entonces nos demolieron la casa, pensando que nos iríamos, pero no nos fuimos
Alice se muestra convencida de que los colonos no van a abandonar la finca de su familia porque los respalda Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas israelí, uno de los más radicales del Ejecutivo y él mismo un colono. Según Peace Now, este año el titular dio instrucción a los ministerios competentes para financiar y ofrecer servicios públicos a unos 70 puestos de avanzada ilegales, algunos de ellos construidos en tierras privadas de palestinos; desde otros han sido lanzados ataques contra la población palestina, que en varios casos se ha visto forzada a abandonar sus viviendas y tierras en los alrededores.
“Sé que no se irán, ¡pero los echaré! No confío en los tribunales, ni en el Estado ni en el Ejército, sólo confío en Dios y por eso creo que esta tierra volverá a ser de mi familia”, dice Alice con esperanza. A pesar de que tiene pasaporte israelí, la joven no se plantea vivir en Israel porque dice que los árabes son ciudadanos de segunda en ese país y, además, se niega a abandonar el lugar donde ha vivido sus 30 años.
“Nací aquí, crecí aquí y tengo recuerdos. No me voy a ir a Tel Aviv, no es fácil encontrar otro hogar porque el hogar está conectado con la familia, con las raíces. Son ellos los que deben irse, yo me voy a quedar. Voy a seguir luchando por mi tierra y mis derechos”, promete con fuerza y optimismo.