En los últimos días, el primer ministro francés, Michel Barnier, ha multiplicado las reuniones con las fuerzas de la oposición. El antiguo negociador de la UE para el Brexit trata de convencer a alguna de las formaciones que no pertenecen a la coalición de liberales y conservadores para que no se sumen a las mociones de censura que se van a presentar en los próximos días contra él y su Gobierno.
Después de varias semanas de discusiones parlamentarias sobre los textos relacionados con los presupuestos generales, el lunes la Asamblea Nacional debe pronunciarse sobre el primero de ellos, el proyecto de ley sobre la financiación de la Seguridad Social. Incapaz de conseguir la aprobación del proyecto legislativo mediante una votación, al no tener apoyos suficientes, el primer ministro ha anunciado que va a recurrir al artículo 49.3 de la Constitución que permite adoptar este tipo de leyes sin votación.
Ese procedimiento implica que la ley se aprueba bajo la responsabilidad del Ejecutivo y abre la posibilidad de que la oposición presente una moción de censura como único medio para frenarla. Se prevé una primera votación en este sentido para finales de la próxima semana. Los partidos que componen el bloque progresista del Nuevo Frente Popular ya han confirmado que votarán en contra del Gobierno, como ya hicieron en la primera moción de censura que siguió al nombramiento de Barnier el pasado mes de octubre.
En aquella sesión, la abstención de los 142 diputados de extrema derecha hizo que la censura no prosperara. Las declaraciones de Marine Le Pen en las últimas semanas apuntan a que en esta ocasión no salvará al Ejecutivo; la líder del partido Agrupación Nacional considera que los presupuestos presentados por Barnier rebasan varias de las “líneas rojas” impuestas por su formación.
El lunes 25 de noviembre Le Pen se reunió con Barnier en el Hôtel de Matignon, residencia del primer ministro, para reiterar la lista de condiciones que el Gobierno debe cumplir. “Somos conscientes de que no podrá aceptarlo todo, pero lo que está claro es que no vamos a aceptar que el poder adquisitivo de los franceses se vea de nuevo amputado. Si se supera esta línea roja, por supuesto que votaremos la censura”, resumió Le Pen esta semana en una entrevista a RTL.
Desde entonces, Barnier ya ha anunciado varios gestos encaminados a convencer a los diputados de extrema derecha, aunque de momento no parecen suficientes. En una entrevista en el diario Le Figaro este jueves, dijo que no se aumentarán los impuestos sobre la electricidad; también aceptó el fin de las exoneraciones en las cotizaciones patronales en los salarios más bajos, una medida que la extrema derecha defiende en nombre de los trabajadores con menos ingresos.
Victoria política
Marine Le Pen también exige que el primer ministro abandone la idea de una congelación temporal de las pensiones y la reducción de la cantidad reembolsada por la seguridad social por la compra de medicamentos. Para compensar la pérdida de ingresos del Estado que supondrían esas medidas, en un contexto de crecimiento de la deuda pública -las previsiones para este año es que acabará por encima del 6% del PIB-, Le Pen propone a aumentar la fiscalidad sobre las transacciones financieras y sobre la compra de acciones propias por parte de las multinacionales (un método que permite revalorizar de forma artificial el valor de la cotización en bolsa), además de una reducción de la ayuda internacional al desarrollo.
Asimismo, Barnier ha confirmado la creación de una misión parlamentaria para explorar la posibilidad de cambiar el modo de escrutinio hacia un sistema que incluya al menos una parte de voto proporcional, vieja reivindicación de Agrupación Nacional, un partido penalizado por el sistema de elección a doble vuelta. Un proyecto de ley en este sentido podría presentarse en la primavera de 2025.
Más allá de las medidas concretas, Marine Le Pen quiere que el Gobierno le conceda una victoria política y que deje claro que las medidas de apoyo al poder adquisitivo han sido impuestas por su partido. Finalizada la primera parte de audiencias en el juicio que pesa sobre ella y su partido por la utilización irregular de asistentes parlamentarios para financiarse Le Pen vuelve a concentrarse en la política y aspira a sacar rendimiento de la posición central que ocupa desde que Macron decidió nombrar a Barnier como primer ministro.
No obstante, deberá volver a los tribunales el 31 de marzo para conocer la sentencia. La fiscalía pide, además de pena de cárcel, su inhabilitación con efecto inmediato, una medida que, de ser aceptada, la descalificaría para presentarse a unas hipotéticas legislativas o a la presidencial prevista para 2017.
Consecuencias
Entre tanto, desde el Gobierno y la coalición presidencial están insistiendo en las consecuencias “dramáticas” de la posible caída del Ejecutivo y la ausencia de presupuesto, como medida de presión para el resto de formaciones. “Si el Gobierno cae habrá una tempestad probablemente bastante grave en los mercados financieros” advirtió Barnier el pasado martes en una entrevista en la cadena TF1.
En la misma línea, el ministro de Finanzas, Laurent Saint-Martin, insistió sobre las consecuencias que implicaría la ausencia de presupuestos, incluyendo “una subida de impuestos para todos, ya que no se realizarían los baremos para tener en cuenta la inflación”, afirmó en France Inter. Argumentos que rechaza tanto el partido de extrema derecha como Francia Insumisa, que en los últimos días han quitado hierro a las consecuencias de una moción de censura y un rechazo a los presupuestos.
A lo largo de la semana, Barnier también exploró la posibilidad de convencer a los diputados socialistas para que no votasen la moción de censura. Saint-Martin, que fue miembro del PS antes de sumarse al partido de Macron, apeló a la “responsabilidad inaudita” de los socialistas en caso de prosperar una moción de censura, que “hundiría al país en la inestabilidad y el marasmo económico”.
Pero, salvo sorpresa de última hora, no parece que los socialistas vayan a romper con sus aliados del Nuevo Frente Popular, al menos de manera inmediata. Una reunión de la ejecutiva en la noche del miércoles confirmó por unanimidad el voto favorable a la moción de censura.
Barnier se encuentra en una situación de extrema fragilidad, sin una mayoría parlamentaria que lo respalde, en un contexto de degradación de las finanzas públicas que le ha llevado a elaborar unos presupuestos que combinan reducción del gasto público y aumento de impuestos. Además cuenta con otro elemento en contra: según una encuesta publicada recientemente por el Instituto de demoscopia Elabe, una mayoría de los franceses avala la censura a su Gobierno.
Sin Gobierno ni presupuesto
Según relataba esta misma semana Le Parisien, el propio Macron estaría dando por hecho que el actual Ejecutivo no llegará a fin de año. El diario se hace eco de una conversación del presidente con varios asistentes a un acto oficial en la que afirmó que “el Gobierno va a caer” y que lo hará “antes de lo que la gente se piensa”. Unas declaraciones que el Elíseo se apresuró a desmentir, aunque el rotativo parisino se ha reafirmado en lo publicado, citando a un testigo como fuente.
La posibilidad de que el año acabe sin Gobierno y sin la aprobación de los presupuestos sería un hecho inédito en el sistema francés. La combinación de inestabilidad política y la degradación de las finanzas inquietan dentro y fuera de Francia. El jueves se vivió una sesión parlamentaria tensa, en una jornada en la que Francia Insumisa intentó presentar una medida para abolir la reforma de las pensiones de 2023. Se registraron varios altercados entre diputados y múltiples suspensiones de sesión.
En caso de censura, si un nuevo gobierno se formase rápido, no puede excluirse la aprobación de unos nuevos presupuestos de urgencias, aunque en las condiciones actuales parece difícil. En este sentido, dirigentes del partido socialista comienzan a especular con la posibilidad de un gobierno técnico, que sí estarían dispuestos a apoyar, lo que parece indicar que han pasado página respecto a la candidatura común del NFP, encarnada por la economista Lucie Castets.
“El PS está organizando una nueva coalición con otros, en lugar de hacerlo con el Nuevo Frente Popular. Vallaud, Faure, Bouramrene [dirigentes del PS] les están tendiendo la mano. ¿Alguien va a impedir este cambio de línea política?”, denunció el líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, en mensaje en X.