El Congreso de Perú destituyó este miércoles a Pedro Castillo por “permanente incapacidad moral” después de que decretara la disolución de la Cámara e instaurara un Gobierno de emergencia nacional. La hasta ahora vicepresidenta Dina Boluarte juró a la presidencia ante el Legislativo convirtiéndose en la primera mandataria del país y convocó “a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos”. Mientras tanto, Castillo se encuentra detenido en la sede de la Prefectura de Lima.
Boluarte se desmarcó de la decisión de Castillo y la calificó como un “intento de golpe de estado”. En su mensaje en el Congreso, dijo ser consciente de la “enorme responsabilidad” que le corresponde asumir e invocó al diálogo de las fuerzas políticas. “Nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses”, resaltó.
Previamente el anuncio de Castillo provocó la renuncia de miembros del gabinete ministerial y el rechazo de aliados del Gobierno, diputados de izquierda y la oposición, quienes reclamaron orden constitucional.
Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un comunicado en el que manifestaron ser “respetuosas del orden constitucional” establecido en el artículo 134 de la Constitución Política del Perú. “Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú”, señalaron y pidieron a la población mantener la calma.
La Defensoría del Pueblo demandó la “inmediata renuncia y puesta a disposición ante las autoridades judiciales por incumplimiento” de la Carta Magna de Castillo y exhortó al Congreso la “conducción célere del procedimiento de sucesión presidencial para asegurar la gobernabilidad y la defensa de los derechos humanos en el corto plazo”.
El presidente del Tribunal Constitucional de Perú, Francisco Morales, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para “restablecer el orden constitucional” y rechazó “el golpe de Estado realizado por Pedro Castillo, quien ha quebrantado” la ley. En la misma línea se manifestó la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien pidió a la ciudadanía “mantenerse vigilante en defensa del estado democrático y de derecho”. “Demandamos a las instituciones correspondientes a mantenerse firmes en el respeto al Estado de derecho”, agregó.
La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, también rechazó “de manera enfática todo quebrantamiento del orden constitucional”.
De la misma manera, los diputados de diferentes bancadas del Congreso de Perú denunciaron un “golpe de Estado”. “Esta decisión configura un golpe de Estado y se aleja de todos los marcos constitucionales”, declaró la legisladora izquierdista Ruth Luque, cuya agrupación ha apoyado habitualmente la permanencia de Castillo en el poder.
La diputada progresista Susel Paredes consideró que “nadie debe obediencia a un gobierno golpista” y respaldó la sucesión presidencial. “Gloriosas Fuerzas Armadas, valerosa Policía del Perú. Nadie debe obediencia a un gobierno golpista. Respaldo al Congreso y que se inicie la sucesión presidencial. Pedro Castillo con esta actitud pisotea la mínima presunción de inocencia que por Constitución le corresponde”, escribió en Twitter.
La derechista Norma Yarrow indicó que no permitirán “el golpe de Estado de Pedro Castillo”. “No vamos a permitir la dictadura en nuestro país. Firmes nuestras Fuerzas Armadas con la Policía Nacional”, destacó.
Adriana Urrutia Pozzi-Escot, presidenta de la Asociación Civil Transparencia y directora de la Escuela Profesional de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en Perú, explicó a elDiario.es que la decisión de Castillo “quiebra el orden constitucional y vulnera los principios” de la democracia. “No hay argumento legal que ampare estas decisiones”, subrayó.
Marco Sifuentes, periodista, director del podcast La Encerrona, aseguró que no existía “ningún argumento legal” para el cierre del Congreso. “Es tal cual el caso de Alberto Fujimori de 1992, con la diferencia de que esto no parece planeado en absoluto. Las Fuerzas Armadas no lo han apoyado, ninguno de sus ministros lo ha apoyado, la primera ministra que nombró hace una semana ha renunciado”, añadió el autor de Perú Bizarro.
Finalmente, para Paula Távara, politóloga de la Pontificia Universidad Católica de Perú, podrían configurarse dos escenarios: uno es que, como Boluarte ya se había distanciado de las decisiones de Castillo, “podríamos pensar que hay algún nivel de negociación con algunas fuerzas políticas para tratar de al menos un periodo de calma”. El otro escenario, explica, es que se le permita la juramentación pero que en las próximas semanas o meses “veamos una continuidad del conflicto entre el poder Ejecutivo y el Legislativo y se intente nuevamente la vacancia de Boluarte, como en algún momento han dejado vislumbrar las fuerzas de extrema derecha”.
La politóloga explicó a elDiario.es que si bien se preveía que Castillo no iba a poder gestionar un Gobierno de transformación, “no estaba tan claro que fuera a ser tan rápido y que ocurriera en algo menos de un año y medio”.
Reacciones internacionales
El Gobierno de España condenó la ruptura del orden constitucional en Perú “y se congratula por el restablecimiento de la normalidad democrática”. A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que “España siempre estará del lado de la democracia y la defensa de la legalidad constitucional”.
Por su parte, el Gobierno de Colombia se solidarizó “con el hermano pueblo de Perú” e hizo un llamado al diálogo. “El Gobierno de Colombia expresa su preocupación por la crisis política en Perú, se solidariza con el hermano pueblo peruano y hace un llamado al diálogo a todos los actores políticos para salvaguardar la democracia”, expresó en un comunicado.