“No somos ni malos policías ni malas personas. Somos simplemente herramientas, ángeles a los que Dios ha dado la misión de devolver las almas malvadas al Cielo y limpiarlas”.
Las palabras salen con una frialdad desconcertante de los labios de un veterano agente de la Policía Nacional Filipina (PNP, por sus siglas en filipino) mientras explica su participación en 87 asesinatos en los últimos tres meses.
Dice que no se trata de matar por placer, ni de ser un “maníaco homicida”. Según él, hay un propósito superior en juego. “Somos ángeles. Como San Miguel o San Gabriel”, afirma.
Más de 3.600 personas han sido asesinadas en Filipinas desde el 1 de julio de este año, cuando Rodrigo Duterte asumió la presidencia y comenzó una guerra contra el crimen y el narcotráfico. Más de la mitad de esos asesinatos han sido cometidos por “justicieros” anónimos.
Estos asesinatos masivos han hecho sonar las alarmas internacionales: desde las Naciones Unidas hasta Barack Obama y su gobierno, así como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Amnistía Internacional incluso ha emitido advertencias sobre el “clima de anarquía y miedo que se ha apoderado del país”.
El miedo es que Filipinas haya entrado en una era de escuadrones de la muerte. Las declaraciones del presidente y las acusaciones contra él no ayudan en nada. La semana pasada, Duterte, hablando de Hitler y el Holocausto, aseguró que él con todo gusto “eliminaría” a tres millones de adictos a las drogas.
Antes de eso, el mes pasado, en medio una investigación que está realizando el Senado, un asesino a sueldo confeso brindó su testimonio y aseguró que Duterte, cuando era alcalde de la ciudad de Davao, había dado la orden de asesinar a delincuentes y a sus propios rivales, y afirmó que en un caso Duterte incluso “liquidó” personalmente a un empleado del Ministerio de Justicia con un arma semiautomática.
Estos relatos macabros no han hecho más que alimentar las historias que ya circulaban sobre asesinos contratados por la policía para eliminar a supuestos narcotraficantes.
Ahora, por primera vez, un agente de las fuerzas de seguridad revela el funcionamiento interno de lo que él alega es una campaña oficial, aunque secreta, para limpiar las calles de todos los ciudadanos indeseados.
El agente afirma que en los últimos tres meses sólo él y su “equipo de operaciones especiales” han asesinado (o en la jerga de la policía filipina, “neutralizado”) a decenas de personas.
Es el lado desconocido de la guerra sucia de Duterte contra las drogas, pero no proviene de la nada.
La muerte llega tras un llamado telefónico
El agente de policía está sentado al otro lado de una cortina de mostacillas, en una habitación al fondo de un burdel de Manila. Allí comienza a relatar la historia de su trabajo.
El agente, es actualmente miembro activo de las fuerzas de seguridad –como the Guardian confirmó de forma independiente–, parece tranquilo. Se siente seguro y ha elegido este lugar para ser entrevistado.
“A veces vengo aquí sólo para poder dormir bien”, bromea, echando un vistazo al colchón que ocupa la anodina habitación privada. En las paredes solo hay un aparato de aire acondicionado que emite un fuerte zumbido en medio del calor tropical.
Más tarde dirá que los burdeles son sitios discretos, donde se puede tener conversaciones sin que nadie oiga. Pero antes revela lo que para muchos serán detalles escalofriantes de su trabajo en un escuadrón de la muerte.
“Nos han creado… La expresión correcta sería 'han liberado a la bestia de su jaula' para neutralizar criminales”, afirma.
El agente asegura ser parte de uno de los diez nuevos y secretos equipos de operaciones especiales de la policía. Cada equipo cuenta con 16 miembros. Dice que los equipos son coordinados para ejecutar una larga lista de objetivos: supuestos drogadictos, narcotraficantes y criminales.
Los asesinatos se cometen durante la noche, indica, con agentes encapuchados y vestidos íntegramente de negro. Sincronizan sus relojes y en uno o dos minutos han sacado al objetivo de su casa y lo matan en el instante. Rápido, preciso, sin testigos.
El agente dice que después tiran el cuerpo en el siguiente pueblo o bajo un puente, o le cubren la cabeza con cinta de pintor y le colocan un cartel sobre el cuerpo que pone “narco” o “camello”.
“Ponemos carteles para que los medios o los investigadores piensen ‘por qué voy a investigar la muerte de este tío, si era un camello, un violador, no importa, investigaré otra cosa. Lo que le sucedió fue lo mejor para todos”, explica.
En Filipinas tienen una palabra para esto: una víctima “de salvamento”. Alguien asesinado, cuyo cuerpo es dejado en la calle o tirado al río. Un cuerpo que luego encontrará una Unidad de Salvamento.
Últimamente ha habido tantos asesinatos que, bromea el agente, uno podría salir impune de cualquier tipo de crimen: “Puedes matar a alguien, le pones cinta en la cabeza y todos pensarán que era un camello”.
El policía dice que lo designaron miembro del equipo de operaciones especiales justo después de que Duterte fuera elegido presidente. Recuerda su primera reunión con sus superiores, en la que le explicaron cómo trabajarían.
“Entonces nos explicaron que ‘a partir de entonces todo sería diferente: 'Vamos a tener que neutralizar a todos los narcotraficantes y asesinos que tenemos identificados de casos anteriores. Ésa es la orden. Necesitamos tu talento especial”.
Luego detalla que el líder del equipo es contactado por radio y con un código específico se le pide que se reporte en la base. A cada agente se le asigna un código numérico para identificarlo. Luego les dan una carpeta con información de los objetivos, información sobre narcotraficantes, drogadictos y delincuentes que deben “neutralizar”.
“Por ejemplo, nos envían un fotografía, un perfil de un individuo –explica el agente–. Automáticamente, uno o dos agentes de mi equipo van a donde vive el individuo y antes hacemos una revisión de antecedentes”.
El equipo investiga a los objetivos para determinar si están involucrados en la venta de drogas u otras actividades ilegales, si son “temerosos de Dios” o “parásitos”, y luego se actúa según el caso.
“Así que evaluamos el caso y hacemos justicia”, dice. “Y por supuesto es el gobierno el que nos da la orden para que lo hagamos”.
El agente, que lleva una camiseta deportiva roja y vaqueros, argumenta que los equipos de operaciones especiales están brindando un servicio a la sociedad, y quizás eso explique por qué decidió hablar con nosotros de temas tan sensibles.
“No somos policías que matan por placer”, defiende. “Pero si pensamos que un determinado individuo o un criminal reincidente está viviendo como un parásito de la sociedad, entonces no tenemos problemas de conciencia. Vamos a matarlo de una forma que ni siquiera Satanás se atreva a mirarlo a la cara por la muerte espantosa que ha tenido”.
Las revelaciones del agente son escalofriantes. Y aunque the Guardian pudo confirmar su rango policial y su historial como agente, no tenemos evidencia oficial e independiente de que sus alegatos de complicidad estatal y coordinación policial en los asesinatos sean verdaderos.
Operación 'Doble Cañón'
El entorno en el que está sucediendo esta ola de asesinatos en Filipinas es turbio y complicado, e involucra a varios grupos.
Primero, bajo la operación 'Doble Cañón', la policía recibió la orden directa del presidente de tomar medidas enérgicas contra el narcotráfico y el crimen. Duterte dio instrucciones a la policía de duplicar, “incluso triplicar los esfuerzos si es necesario”, y prometió indultar a cualquier policía que en su lucha contra el crimen pudiera encontrarse al otro lado de la ley.
Luego están los “justicieros”. Más de 2.200 asesinatos fueron cometidos por asesinos desconocidos. Se cree que las pandillas y el crimen organizado ha aprovechado la ola de asesinatos para ajustar cuentas con sus enemigos.
La policía también ha admitido que detrás de estos asesinatos “justicieros” pueden estar agentes corruptos que buscan tapar sus chanchullos con el narcotráfico.
Y después viene la tercera categoría, que –según el agente que habló con the Guardian– es la más aterradora y macabra: los escuadrones de la muerte entrenados y organizados por el Estado, como el equipo al cual alega pertenecer el agente.
Desde hace meses las noticias se han llenado de imágenes siniestras. Cada día se muestran fotografías de cadáveres ensangrentados tirados en las calles. Un periódico local, The Inquirer, tiene incluso un “listado de homicidios”, en un intento de documentar los asesinatos en el país.
De las más de 3.600 muertes, 1.375 han sido asesinatos realizados durante operativos policiales, mientras que otros 2.233 han sido cometidos por “justicieros”, según las últimas estadísticas de la PNP de principios de septiembre.
La PNP dice que está investigando a los “justicieros”, pero hasta ahora no ha habido ningún arresto.
El ultimátum de Duterte
Investido el 30 de junio, Duterte ganó las elecciones bajo la promesa de que limpiaría al país del sureste asiático de las drogas y el crimen en sólo seis meses.
El presidente ha hecho bromas sobre engordar los peces de la Bahía de Manila con los cadáveres de los narcotraficantes y juró que la guerra contra las drogas no se detendría “hasta que el último narcotraficante y el último camello se hayan rendido, estén presos o bajo tierra, si así lo quieren”.
Pero no es sólo el aumento repentino de los homicidios durante su mandato lo que ha hecho sonar las alarmas internacionales. La afición de Duterte a las declaraciones estrafalarias y los insultos, incluso hacia líderes mundiales, ha dejado pasmada a la comunidad internacional.
Antes de una reunión con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante una cumbre asiática en Laos este pasado agosto, Duterte llamó a Obama “hijo de puta” al referirse a la intención del presidente estadounidense de hablar sobre Derechos Humanos en medio de la ola de asesinatos.
Antes le tocó el turno a oficiales de la ONU y al embajador de Estados Unidos en Filipinas. En junio, atacó a la prensa. “Sólo por ser periodistas no estáis exentos de ser asesinados si sois unos hijos de puta”, dijo. Luego se retractó, afirmando que no justifica los asesinatos de periodistas, y también retiró lo dicho sobre Obama, diciendo que el insulto no estaba dirigido al presidente estadounidense. Lo mismo hizo con los judíos y sus comentarios sobre el Holocausto. Al parecer, Duterte no quería decir lo que dijo.
Pero cuanto más críticas le llueven al presidente desde fuera, más pareciera que le resbalan. Le ha advertido a líderes mundiales que no se metan con la soberanía filipina, y sale a despreciar e insultar públicamente a cualquiera que le cuestione.
Hasta ahora pareciera que tiene a la gente de su lado. Una encuesta de julio hecha por Pulse Asia Research mostró que tiene una aprobación del 91%.
De hecho, en Manila la mención de escuadrones de la muerte organizados por el Estado no asombra a nadie. “Sólo en Filipinas”, dice un refrán.
El modelo Davao
Como alcalde de Davao, una ciudad en Mindanao, en el sur de Filipinas, Duterte se ganó una reputación tanto de controlar el crimen como de organizar los llamados Escuadrones de la Muerte de Davao (DDS, por sus siglas en inglés) que ejecutaron a narcotraficantes, rateros y niños de la calle, algunos de ellos pertenecientes a pandillas.
Según un informe de Human Rights Watch de 2009, la impunidad por esos asesinatos fue casi absoluta. El informe titulado Puedes morir en cualquier momento detalla evidencia de la complicidad y a veces la participación directa de funcionarios del gobierno y la policía en los escuadrones. Ese mismo año, Duterte declaró que los criminales eran “objetivos legítimos de asesinatos”.
Según ese informe, agentes de policía le entregaban a los escuadrones de la muerte un listado con los objetivos. Cuando alguien alertaba a la policía que se había producido un asesinato, los agentes tardaban mucho en acudir, incluso cuando el cadáver se encontraba a metros de la comisaría.
El informe describe cómo la policía de Davao a menudo fallaba en recolectar evidencia obvia, como casquillos de bala, o no interrogaban a sospechosos o testigos. En su lugar, presionaban a las familias de las víctimas para que identificaran a los asesinos. Las investigaciones quedaban en la nada.
En 2012, la Comisión sobre Derechos Humanos le aconsejó al Defensor del Pueblo que investigue a Duterte por responsabilidad penal en relación a los asesinatos, pero nunca se presentaron cargos ni se encontró ninguna evidencia.
En lugar de eso, 21 agentes de policía fueron aparentemente multados con el equivalente de un mes de salario después de que se concluyera que no había cumplido con su deber.
El jefe de la PNP, Ronald dela Rosa, exjefe de la policía de Davao que fue elegido a dedo por Duterte para el cargo nacional, ha negado la existencia de los DDS, al igual que el gobierno.
Incluso después de las asombrosas acusaciones que se escucharon en la audiencia del Senado, donde se vinculó directamente a Duterte con los asesinatos masivos, Dela Rosa insistió con que los DDS eran “un invento de los medios”.
Davao no es el único lugar donde se dice que han operado los escuadrones de la muerte y la preocupación ahora es que las tácticas supuestamente utilizadas en esa ciudad se hayan aplicado a nivel nacional.
“Me parece absolutamente creíble”, dice Brad Adams, director ejecutivo de la oficina asiática de Human Rights Watch, refiriéndose tanto a esa noción como a las declaraciones del agente de policía entrevistado por the Guardian.
“No me parecería sorprendente ni chocante que se les diera a los policías un listado de objetivos para asesinar. De todas formas es importante, esencial, que la policía lo admita para que Duterte no se pueda esconder detrás de la idea de que todo esto es trabajo de ”justicieros“ o asesinos no relacionados con el Estado.
“No cabe ninguna duda de que en esto está la mano del Estado y que la policía está involucrada”, afirma Adams. “Nos preocupaba que el modelo de Davao se reprodujera en todo el país”.
Derechos humanos “sólo para los buenos”
En el cuartel general de la policía nacional de Filipinas, incluso los agentes admiten que detrás de algunos de los asesinatos cometidos por “justicieros” podrían estar miembros activos de las fuerzas de seguridad. Un informe policial sobre el proyecto 'Doble Cañón' muestra que desde el 1 de julio hasta el 16 de agosto, 250 agentes fueron relevados de sus tareas en el área de Manila y sus alrededores por tener presuntos vínculos con el narcotráfico.
Pero cualquier relación entre la policía y los “justicieros”, como por ejemplo la descrita por el agente entrevistado por the Guardian, es desmentida oficialmente.
La policía nacional filipina fue contactada en numerosas ocasiones por the Guardian para responder sobre las acusaciones detalladas en este artículo. Aunque recibieron los pedidos de explicación del periódico sobre el tema, no se emitió ninguna respuesta oficial.
Pero las respuestas que dio el propio Duterte en oportunidades anteriores sobre su supuesta vinculación con escuadrones de la muerte han sido contundentes. Ha dicho que eran mentiras y “acusaciones hechas por un loco”. Y ha asegurado que jamás existieron los escuadrones de la muerte de Davao.
“La Comisión de Derechos Humanos ya realizó una investigación hace años, cuando el presidente era alcalde, y nunca se presentaron cargos. No encontraron ninguna evidencia directa”, sostiene Martin Andanar, el Secretario de Comunicación de Duterte.
Cuando the Guardian contactó al portavoz presidencial Ernesto Abella para que respondiera sobre las declaraciones específicas del agente de policía, no quiso realizar comentarios.
“No puedo hacer ningún comentario sobre eso”, dijo. “Hay presuntas fuentes y no se puede confirmar lo que dicen, no han hecho una declaración jurada. No puedo hacer ningún comentario porque no hay nada verificado”.
Para Arsenio “Boy” Evangelista Jr, portavoz del grupo Víctimas contra el Crimen y la Corrupción, las desmentidas y la ausencia de comentarios no significan nada.
“¿Quién tendría los medios y la motivación para hacer esto?” dice refiriéndose a los asesinatos masivos. “Me refiero a los medios policiales, todos los medios que tienen, la Inteligencia, el dominio de armas de fuego”, afirma Evangelista, que hace seis años que espera que se arreste a alguien por el asesinato de su hijo. “Porque eso es lo que está sucediendo. Es prácticamente perfecto. No hay testigos. Se hace de forma precisa y rigurosa”.
El director de la Comisión sobre Derechos Humanos de Filipinas, Chito Gascon, responde sobre las acusaciones de que la policía actúa como juez, jurado y verdugo. Él también habla impávido. “No me sorprende. Ya lo he oído. Pero el problema es que hay que probarlo. Y seguramente trabajan con un patrón que ya se ha utilizado antes, como en Davao”.
Gascon dice que lucha contra la aparente posición que toma el nuevo presidente respecto de los Derechos Humanos: si eres bueno, tienes derechos; si eres malo, no.
Es un callejón sin salida, pero ésta parece ser la lógica en el corazón de la ola de asesinatos: la justificación necesaria para limpiar al país del flagelo de las drogas y el crimen es que el fin que justifica los medios.
En su burdel de Manila, el agente de policía admite que él también entiende este argumento.
“Quizás yo también esté fingiendo que tenemos razón. Pero no somos maníacos homicidas. ”Ya se lo he dicho. Rezamos, vamos a la iglesia, pedimos perdón a Dios por lo que estamos haciendo. Lamentamos tener que hacer esto. ¿Pero quién sino lo haría por el pueblo filipino?“
Traducción de Lucía Balducci