El Gobierno central, al margen de la cifra de nuevas viviendas terminadas que se suman al parque público, ha formalizado con autonomías y entidades locales un total de 556 acuerdos para la construcción de 24.283 viviendas que deberían estar terminadas en junio de 2026, con una inversión total de 966.184.614,57 euros.
De ese total de viviendas, 3.743 son en Andalucía, 790 en Aragón, 566 en Asturias, 1.054 en Canarias, 285 en Cantabria, 865 en Castilla-La Mancha, 1.241 en Castilla y León, 5.580 en Cataluña, 29 en Ceuta, 3.441 en la Comunidad de Madrid, 320 en Foral de Navarra, 2.041 en el caso de la Comunidad Valenciana, 477 en Extremadura, 1.140 en el País Vasco, 752 en Baleares, 1.217 en Galicia, 125 en La Rioja, 569 en Murcia y 48 en Melilla.
A través de este Plan de ayudas, el Gobierno pretende financiar el incremento del parque público de viviendas destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante promociones de obra nueva sobre terrenos de titularidad pública.
El Gobierno remarca que estas viviendas formarán parte del parque público durante un período mínimo de 50 años y su consumo de energía primaria no renovable deberá ser inferior en un 20% como mínimo, requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.
El parque público de vivienda sólo ha sumado 244 nuevos inmuebles entre julio de 2023 y septiembre de 2024, cifra muy alejada de las 100.000 anuales que el Banco de España calcula que hacen falta durante los próximos 15 años para que España se acerque a la media europea.
En concreto, España dispone de un parque público de vivienda del 2%, mientras que la media europea se encuentra en el 9,3%, e incluso el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar plantea llegar a medio plazo al 20% para poder garantizar el derecho a la vivienda.
La institución que ahora gobierna el exministro José Luis Escrivá calcula que para alcanzar ese 9,3%, el país tendría que incrementar su parque público en 1,5 millones de viviendas, un objetivo que si se plantea para los próximos 15 años saldría a razón de 100.000 anuales.
Sin embargo, “desde el 23 de julio de 2023 hasta la fecha se han suscrito 13 nuevos acuerdos para el incremento del parque público de 244 viviendas”, según afirma el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a una pregunta del diputado y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, fechada en el 24 de septiembre de este año.
En la respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno indica que las viviendas están ubicadas en las comunidades autónomas de Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana.
Eso sí, en el texto se recuerda que el departamento liderado por Isabel Rodríguez tiene más de 59.879 viviendas para alquiler social en distintas fases de desarrollo, a las que se suman las 14.000 viviendas puestas a disposición de los ciudadanos por parte de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y las 10.411 activadas por el Fondo Social de Viviendas.
En este sentido, el Ministerio de Vivienda tiene sobre la mesa cinco programas para contribuir a alcanzar la meta de levantar unas 184.000 viviendas en alquiler social o a precios asequibles repartidas por toda España, cifra que incluye las 50.000 viviendas a movilizar por la Sareb y las 11.000 del Fondo Social.
En concreto, el objetivo inicial es poner a disposición de la ciudadanía unas 123.040 viviendas sociales de la mano del Plan de Recuperación, el Plan Estatal de Vivienda, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y acuerdos con entidades locales.
Terrenos de Defensa y préstamos ICO
Los programas impulsados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana también incluyen el acuerdo con el Ministerio de Defensa para comprar ocho millones de metros cuadrados de terrenos en desuso a través de SEPES y levantar unas 20.000 viviendas; o la nueva línea de préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 4.000 millones de euros de los fondos europeos para la construcción y rehabilitación de hasta 43.000 viviendas públicas y privadas destinadas al alquiler social.
El Ejecutivo también recuerda la línea de avales ICO a estos préstamos por valor de 2.000 millones de euros; el Programa para construir viviendas en alquiler social o asequible en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, las ayudas a las comunidades autónomas del Plan Estatal de Vivienda y los acuerdos con Entidades Locales.
El Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes planteaba como objetivo la construcción de 20.000 viviendas con una inversión de 1.000 millones de euros.