¿Quién paga el apartamento de lujo en el que reside Isabel Díaz Ayuso desde hace casi dos meses, tras ser diagnosticada con coronavirus? Ni la Comunidad de Madrid ni el dueño de ese apartamento, el empresario hotelero Kike Sarasola, han querido aclarar esta cuestión. “No ha generado ningún coste para las arcas de la Comunidad de Madrid”, aseguran desde el Gobierno regional sobre el apartamento valorado en unos 200 euros al día –6.000 euros al mes– donde reside desde hace dos meses la dirigente del PP, como adelantó este lunes Vanity Fair. No detallan si Ayuso paga por el apartamento o se trata de un regalo. Un regalo que, de serlo, incumpliría los dos códigos éticos a los que teóricamente se somete la presidenta de Madrid.
Tanto la Comunidad de Madrid como el Partido Popular de la región prohíben en sus códigos éticos que los altos cargos reciban regalos e invitaciones que puedan condicionar sus decisiones al frente de la Administración. La normativa del PP de Madrid, aprobada hace ahora cuatro años, cita expresamente ese motivo como una de las causas de dimisión de sus dirigentes.
El código ético de la Comunidad de Madrid, aprobado el 31 de octubre de 2016, en un Consejo de Gobierno presidido por Cristina Cifuentes, establece dentro de los criterios para una actuación imparcial que “los altos cargos no podrán aceptar, en consideración a su cargo, ningún tipo de regalo o beneficio de cualquier naturaleza, salvo las muestras de cortesía habitual”.
Los responsables de fiscalizar si los altos cargos cumplen con el código ético dependen directamente de Díaz Ayuso. El manual de conducta estipula que la valoración del cumplimiento de las normas compete al “Secretario General Técnico de la Consejería de Presidencia, Justicia” y que “Portavocía del Gobierno remitirá un informe de evaluación a la Comisión de Viceconsejeros y Secretarios Generales Técnicos, la cual lo elevará, si se estima conveniente, al Consejo de Gobierno”.
Con lo que en caso de que se trate de una invitación, quienes van a tener que evaluar si incumple el código ético son todos subordinados de la presidenta regional.
Las normas de conducta del PP de Madrid son todavía más taxativas. Su código ético aprobado el 31 de marzo de 2016 –cuando Cristina Cifuentes acababa de hacerse cargo de la gestora que debía pilotar el partido hasta un congreso–, incluye un artículo, el quinto, que establece las causas de renuncia de un cargo público. Y en el apartado 3 señala el siguiente supuesto: “Dar, ofrecer, aceptar o solicitar de forma directa o indirecta, regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos en atención al cargo o responsabilidad que ostente, que puedan influir en sus decisiones o en las de terceros para facilitar negocios u operaciones en beneficio propio o de terceros”.
El código ético del PP de Madrid fue aprobado por el comité ejecutivo el 31 de marzo de 2016, nueve meses después de que Cristina Cifuentes llegase a la Comunidad de Madrid, y apenas un mes y medio después de que la dirección nacional la propusiera como presidenta de la gestora. El PP se encontraba inmerso en una grave crisis: dos años y medio antes había estallado el escándalo de Púnica que había llevado a prisión al que fuera vicepresidente de la Comunidad y secretario general del partido Francisco Granados. Y en el sumario de Gürtel abundaban los indicios de que la sede del partido había sido reformada con dinero negro. Esperanza Aguirre lo había negado todo.
Era un momento en el que Cifuentes se presentaba como la regeneración y quería romper con el pasado de escándalos que sacudían el partido. Distintas investigaciones apuntaban a su financiación ilegal, a través de subcontratas que dependían del Gobierno de Aguirre.
Medio año después de endurecer las pautas de conducta de los cargos del PP, Cifuentes hizo lo propio en el Gobierno regional. A finales de octubre de 2016 la entonces presidenta aprobó en un Consejo de Gobierno de la Comunidad otro código ético para la Administración que debía servir como guía a los altos cargos de su Gobierno. Según consta en su enunciado, “el código tiene como finalidad la aprobación de los criterios necesarios para obtener una actuación homogénea por parte de las personas obligadas a su cumplimiento para lograr una acción objetiva, transparente, ejemplar y austera”.
Y a la hora de definir las pautas para una actuación imparcial de los cargos públicos, se estipula que “los altos cargos no podrán aceptar, en consideración a su cargo, ningún tipo de regalo o beneficio de cualquier naturaleza, salvo las muestras de cortesía habitual. En el supuesto de que reciban cualquier tipo de regalo que no sea una muestra de cortesía, será devuelto a quien lo haya ofrecido. Cuando, por cualquier circunstancia, no se pudiera realizar su devolución, se remitirán a la Consejería competente en materia de patrimonio para su incorporación al patrimonio de la Comunidad de Madrid”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid cumplirá esta semana dos meses alojada en el apartahotel en el que se confinó cuando dio positivo por coronavirus el 16 de marzo. Según ha destapado este lunes la revista Vanity Fair, se trata de un apartamento de lujo, con dos terrazas, en la octava planta de un edificio en pleno centro de Madrid, muy cerca del Teatro Real y de la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional. Este apartamento –que Room Mate promociona como una “royal suite”– tendría un coste en el mercado de 200 euros al día, lo que supondrían unos 12.000 euros en total, si se tiene en cuenta que Ayuso lleva instalada allí casi 60 días.
El apartahotel en el que se aloja Ayuso es propiedad del empresario hotelero Kike Sarasola, dueño de la cadena Room Mate. La dirigente del PP recibió el alta médica el 10 de abril pero ha decidido, sin embargo, seguir viviendo en este apartamento de lujo situado a pocos metros de la Puerta del Sol. “Al principio tuve que aislarme en un apartahotel porque di positivo por coronavirus que es donde estoy todavía por logística”, aseguraba este lunes Ayuso durante su comparecencia telemática con el expresidente José María Aznar.
Sarasola es también propietario de otros seis hoteles –cerrados durante el confinamiento– que la Comunidad de Madrid está utilizando para alojar a personal sanitario y a ancianos de las residencias de mayores que no han contraído la Covid-19. El Gobierno regional no ha detallado los términos del acuerdo, pero algunos dirigentes como el vicepresidente, Ignacio Aguado, han subrayado que lo hace de forma gratuita.
Sarasola es un empresario cercano a Ayuso y al PP. Hace apenas un par de semanas, el 25 de abril, el presidente del PP y líder de la oposición, Pablo Casado, visitó uno de sus hoteles, acompañado por Díaz Ayuso. Durante esa visita, Casado pidió rebajas de impuestos para el sector hotelero. Ayuso también hizo desde su cuenta de Twitter el 21 de marzo –cinco días después de alojarse en el apartahotel propiedad de Sarasola– una solicitud al Gobierno central para que alojase a los turistas que aún se encontraban en Madrid en los hoteles Room Mate.
El empresario hotelero está en estos momentos bajo la lupa de la Justicia. El área de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid solicita cuatro años de prisión para Kike Sarasola, su hermano Fernando y la madre de ambos, Cecilia Maralunda Ramírez, por fraude fiscal: un presunto delito contra la Hacienda Pública por la actividad de varias sociedades opacas que puso en marcha su padre, Enrique Sarasola. Las cuotas defraudadas a la Hacienda Pública, según la Fiscalía, ascienden a 916.452,10 euros en el Impuesto de Sucesiones por cada uno de los hijos del fallecido.
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