Avalmadrid, la empresa semipública participada por la Comunidad de Madrid que dio un crédito fallido al padre de Isabel Díaz Ayuso, financió durante años a sociedades en situación de quiebra. Alguna de esas compañías eran propiedad de empresarios que tenían vinculación con el PP o que directamente se sentaban en el Consejo de Administración de Avalmadrid.
Así lo reflejan varios documentos e informes, entre ellos un expediente sancionador del Banco de España que sembró dudas sobre créditos que sumaban más de 80 millones de euros. Una auditoría interna de la empresa que analizó al detalle los avales “sospechosos” acabó en denuncia ante la Fiscalía, que investiga algunas de esas operaciones por si son constitutivas de delito.
El ente está participado al 30% por la Comunidad de Madrid. El resto de las acciones pertenecen a Bankia, Caixabank, la patronal madrileña (CEIM) y la Cámara de Comercio. Las cosas empezaron a pintar mal para la empresa cuando llegó el “expediente disciplinario” del Banco de España. El supervisor bancario alertó en junio de 2018 de que se estaban dando demasiados créditos con un “riesgo individual significativo”. Además, algunas operaciones superaban el “límite máximo” al que se había comprometido la empresa en 2013.
Los “informes de seguimientos” eran, en determinados casos, “deficientes para explicar la evolución del negocio avalado” y en ellos no se recogían datos suficientes para evaluar “la capacidad de pago” de los socios, reflejó aquel informe.
167 operaciones por valor de 82 millones
El Banco de España puso en la picota un total de 167 operaciones que movieron 82,3 millones de euros y subrayó que ya había avisado en 2012 de ciertos incumplimientos que no se habían subsanado. “En uno de los casos el avalado entró en concurso sin que el informe de tres semanas antes reflejara alguna incidencia en situación”, ejemplifica el expediente.
El demoledor diagnóstico del Banco de España empujó a la empresa a encargar un estudio para analizar cada uno de los préstamos concedidos entre 2008 y 2016. En ese periodo gobernaron la región Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Los resultados de la auditoría, encargada a Forest Partners, fueron tales que la sociedad terminó dando traslado a la Fiscalía de parte de las conclusiones para analizar si esas infracciones económicas detectadas por el supervisor bancario podían ser constitutivas de delito.
En una denuncia presentada en 2019, a la que ha accedido eldiario.es y que adelantó El Confidencial, Avalmadrid informó al Ministerio Público de que había cuatro “operaciones sospechosas” que se habían concedido “con apariencia de discrecionalidad, sin atender a razones de lógica económicas”, que encontraban “vinculaciones” entre quienes aprobaron la operación o socios de la empresa y las compañías avaladas, y que, además, habían causado un “perjuicio económico” al ente. Entre esos créditos arriesgados que acabaron mal aparecen los nombres de Arturo Fernández y el condenado Gerardo Díaz Ferrán.
Avalmadrid regó en 2013 los negocios del primero -amigo personal de Esperanza Aguirre- con préstamos de más de 2,6 millones de euros cuando empresario era presidente de CEIM. “Aunque de forma directa no fue consejero de Avalmadrid, su vinculación era evidente al ser CEIM uno de los socios protectores de Avalmadrid y al haber siempre uno o dos consejeros en representación de CEIM en el Consejo de la Entidad”, dice el informe de Forest Partners.
Préstamos “discrecionales” a empresas insolventes
La Fiscalía analiza ahora si hubo delito en uno de esos avales, valorado en 250.000 euros, y dirigido a Central de Compras Cantoblanco S.L, propiedad de Arturo Fernández. En este caso, según la denuncia de Avalmadrid, “no se solicitaron garantías” para dar el préstamo “pese al alto riesgo aparente de la operación” y aunque las cuentas ya presentaban saldos negativos. Un año y medio después de firmar los créditos, muchas de las sociedades del grupo solicitaron el concurso de acreedores. El resultado es que más de 200.000 euros de aquel préstamo nunca se devolvieron.
A Díaz Ferrán le avalaron siete créditos por valor de casi tres millones de euros destinados a dar financiación a varias empresas vinculadas con el grupo Marsans –Rural Tours S.A y TRAP S.A– cuando “ya se encontraba en situación de insolvencia”. Ocurrió entre febrero y marzo de 2010. En ese momento, los medios ya se habían hecho eco de “la difícil situación por la que atravesaba” el grupo, según la auditoría, a la que ha tenido acceso eldiario.es.
Gerardo Díaz Ferrán era entonces presidente de la CEOE pero había sido el líder de la patronal madrileña CEIM hasta 2007. En el Consejo de Administración que dio el visto bueno a la financiación, que no se reembolsó, se sentaban dos viceconsejeros de CEIM, subraya la denuncia trasladada a la Fiscalía, que advierte de que las operaciones salieron adelante pese a que el analista avisó de “fuertes riesgos y la mala situación financiera del grupo Marsans”.
“Estas líneas de avales se concedieron discrecionalmente ya que el análisis económico a todas luces desaconsejaba su concesión y las garantías obtenidas no tenían ningún valor”, señala la auditoría. El empresario que pilotaba el grupo suma años de cárcel por varias condenas, entre ellas apropiación indebida en la gestión empresarial de esta empresa de viajes, que quebró sin pagar a acreedores, clientes y empleados.
La denuncia en la que se basa la investigación de la Fiscalía incluye también otros dos nombres de empresarios que obtuvieron financiación de Avalmadrid para sus proyectos cuando eran miembros del Consejo de Administración: José Miguel Guerrero Sedano, en calidad de vocal de la Cámara de Comercio entre 2004 y 2010, y Patricio Rodríguez-Carmona.
El primero era socio del grupo Casbar, dedicado a la fabricación y comercio de muebles metálicos, y recibió un aval de 3,1 millones de euros en febrero de 2010 “para cancelar préstamos avalados” también por Avalmadrid. Un aval para hacer frente a otro aval. El analista recomendó la concesión solo porque “los socios disponen de bienes”, según la denuncia.
En el segundo caso, la cantidad del préstamo ascendía a 100.000 euros y se concedió en una situación funesta: Tie Gallery España S.L, una empresa dedicada a la venta de corbatas fundamentalmente, llevaba tres años en pérdidas y había sufrido un embargo “por deuda tributaria”.
Desde marzo de 2016, Avalmadrid prohíbe en su código ético que se suscriban operaciones “con los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión Ejecutiva, de la Comisión de Riesgos, de la Comisión de Auditoría y Control, de la Comisión de Nombramientos y de Remuneraciones, y del Comité de Dirección”.
La lista de aval-créditos fallidos es más larga. La auditoría detectó 75 operaciones con incidencias que comprometían más de 40 millones de euros. Se financió de todo: desde películas que recibieron créditos sin garantías de que tuvieran una distribución aceptable a una empresa dedicada al alquiler de coches de alta gama. Aunque solo los cuatro casos anteriores están en manos de la Fiscalía.
En este periplo, Avalmadrid también pidió un segundo informe a la auditora Price WaterHouse Coupers. En un documento encabezado como “altamente confidencial”, PWC concluye, sobre el análisis de Forest Partners, que las cuatro operaciones que acabaron en la Fiscalía “podrían presentar indicios de la comisión de alguno de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico” al entenderse que “un administrador de hecho o de derecho de Avalmadrid hubiera obtenido un beneficio para sí o para tercero en perjuicio del patrimonio” del ente semipúblico.
El ratio de morosidad empeora
El “quebranto económico”, por tanto, está en el centro de todas las investigaciones. Pese a las advertencias del Banco de España, el ratio de morosidad de Avalmadrid no ha mejorado: según datos de la propia empresa, el porcentaje se sitúa en 2018 en un 11,62% frente al 4,32% de 2012. Para leer estos datos también hay que tener en cuenta que ha cambiado la clasificación de créditos “dudosos” y que ahora hay más operaciones que se insertan en este tipo. El número de empresas que piden financiación también ha crecido en los últimos seis años de 8.866 a 10.974.
Desde la dirección del ente defienden que “Avalmadrid es un instrumento necesario para la financiación de los proyectos empresariales de las empresas de la Comunidad de Madrid”. La Consejería de Economía y Hacienda, de la que depende el 30% del ente, rechaza hacer valoraciones sobre la empresa pública. “Las decisiones se toman en el Consejo de Administración y corresponden a este órgano, no al Gobierno”, apunta una portavoz de la cartera.
Ciudadanos ha sido el partido que más ha insistido en las irregularidades de Avalmadrid. El candidato de la formación a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, lo calificó hace apenas dos meses como un “chiringuito ideado y pensado solo para unos pocos” y se comprometió a hacerlo desaparecer si ganaba las elecciones autonómicas. Hoy nadie en el partido, “socio prioritario” del PP para el futuro Gobierno regional, quiere hacer declaraciones sobre la empresa.
Los socialistas, por su parte, han registrado una petición de información en la Asamblea de Madrid para conocer el expediente completo del crédito concedido a la empresa del padre de Isabel Díaz Ayuso. Ángel Gabilondo asegura que el PSOE quiere “conocer” los datos sobre el préstamo “antes de tomar posición” sobre la polémica. “Nos parece importante conocer exactamente el expediente, en qué condiciones y bajo qué conceptos ha sido otorgada la financiación”. La portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra, también anunció que pedirá “que los responsables de Avalmadrid den explicaciones a los madrileños”.
Más Madrid solicitará este martes una batería de comparecencias para aclarar qué pasó con este préstamo fallido a McInfortecnica S.L. La formación de Iñigo Errejón exigirá explicaciones públicas al Director General, Pedro Embid; a la Directora General de Tributos y al Consejero de Economía. Más Madrid va a pedir también a la Cámara de Cuentas que fiscalice todos los ejercicios de Avalmadrid desde el año 2005.
Avalmadrid y el Gobierno regional esperan ahora un pronunciamiento en firme de la Fiscalía. Según fuentes conocedoras de la investigación, el Ministerio Público considera que los posibles delitos derivados de las operaciones financieras habrían prescrito. “No hacen ni caso de los requerimientos de Banco de España, los incumplen, y como consecuencia de que dejan pasar el plazo finalmente prescriben los delitos”, valora el diputado de Más Madrid, Eduardo Gutiérrez, que critica la “actitud diletante” de Avalmadrid.