Cinco de las diez menores liberadas de una red de proxenetas residían en centros de menores de la Comunidad de Madrid

Cuatro de las diez menores liberadas de la red de proxenetas desarticulada a finales de noviembre en Madrid vivían en el centro de menores de la Comunidad de Madrid Picón del Jarama, en Paracuellos, mientras que una quinta residía en el centro de Hortaleza.

Así lo ha indicado esta mañana la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, preguntada por este asunto en una rueda de prensa. No obstante, ha apuntado que desconoce si estas cinco chicas estaban tuteladas por la Comunidad, tenían su guarda y custodia o en qué régimen de protección se encontraban.

De momento, la Consejería de Familia y Política Social ha confirmado que al menos tres menores vivían en sus centros antes de desmantelarse la trama por parte de la Policía Nacional, aunque podían ser más. Fuentes policiales aseguran que otra chica más liberada vivían en un centro de menores de Guadalajara, otra más en el centro de Hortaleza pero ya ha cumplido la mayoría de edad y alguna otra más en casa de sus padres o familiares.

Estas menores fueron liberadas dentro de una operación de la Policía Nacional, que detuvo a 37 personas por pertenecer a un grupo criminal dedicado supuestamente a la explotación sexual de menores, a quienes prostituían y utilizaban para la venta de sustancias estupefacientes.

En algunos casos, las obligaban a distribuir ellas mismas la droga a bordo de patinetes y, tras la entrega, eran agredidas sexualmente por los propios consumidores. En otras ocasiones, los detenidos las trasladaban a un polígono de la capital donde ofrecían a los compradores del estupefaciente mantener relaciones sexuales con ellas.

La operación se inició en abril del año pasado a raíz de una información ciudadana que detallaba cómo una interna de un centro de menores contactaba con mayores de edad para ejercer la prostitución a cambio de dinero y drogas. Tras meses de investigación, los agentes consiguieron liberar a estas menores, detener a los presuntos responsables de la organización e incautar sustancias estupefacientes, armas blancas y dinero.

En un primer momento el Ejecutivo regional dijo que las menores no estaban bajo su tutela, pero posteriormente reconoció que al menos tres sí que se encontraban en ese régimen y dijo que la confusión se produjo por una conversación entre el consejero de Justicia, Enrique López, y la delegada Mercedes González.

En la comparecencia de esta mañana, González ha vuelto a criticar que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista radiofónica el lunes dijera que fue ella quien le trasladó López esa información. La delegada asegura que no fue así y que “ya está acostumbrada a que cuando la Comunidad mete la pata, acusan del error al Gobierno”. Así, ha recordado que cuando no invitaron a ningún miembro del Ejecutivo central a la toma de posesión de Ayuso, le culparon a ella, cuando luego reconocieron “que fue un error y un olvido de ellos”.

González prefiere quedarse con las declaraciones de Ayuso de las 9 de la mañana de ese día, que anunció que no iba a hacer política con algo tan execrable como la trata de menores.

Sin embargo, ha confirmado que el 3 de enero le llamó el consejero informándole de que le había llegado un soplo periodístico de que se estaba efectuando una redada, en referencia a la operación Sana, que comenzó en abril y terminó el 30 de noviembre con la detención de 37 personas, y que fue difundida en nota de prensa la semana pasada por la Policía Nacional.

“Su viceconsejero llamó al jefe superior de la Policía para consultarle lo mismo. Lo que yo le traslado (a López) es que no hay una redada en este momento, esto es una operación antigua que tiene que ver con menores, efectivamente. Y es él el que me dice que parece ser que son menores tuteladas. Yo le respondo que no tengo ni idea y si quieres te lo pregunto. Y ahí se queda la cuestión. No hay más”, narró.

La representante del Gobierno de España en Madrid ha insistido en que desvelar conversaciones privadas “generan mucha desconfianza”. “Es una constante la lealtad institucional porque esto rompe un principio básico porque cada vez que llame un consejero no va a haber confianza. Ahora las conversaciones tendrán otro cariz”, ha advertido.