Las organizaciones Ecologistas en Acción y Greenpeace han llevado este viernes al juzgado la desactivación de la zona de bajas emisiones Madrid Central que ha decretado el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida. El recurso presentado solicita la anulación del acuerdo del Ayuntamiento que ha instaurado una moratoria sobre las sanciones por acceder al área sin autorización. Y han pedido que, antes de resolver el asunto, la justicia elimine esa medida de forma cautelar y con urgencia. Eso devolvería Madrid Central al punto anterior a que el nuevo alcalde fuera investido con los votos de PP, Ciudadanos y Vox.
La redacción y argumentación de esta acción legal está abierta a que otras asociaciones (como las que integran la Plataforma en Defensa de Madrid Central) las tomen como modelo para presentar sus propios recursos. Cada escrito aterrizaría en un juzgado propio a la espera de la decisión del magistrado correspondiente, explican fuentes jurídicas. “Estamos dispuestos a utilizar cualquier tipo de recurso. Judicial, mediático o de presión pública para parar esta sinrazón. La gente de Madrid necesita aire limpio. Se trata de preservar la salud de madrileñas y madrileños. No se puede banalizar”, ha explicado el coordinador de Ecologistas en Acción, Paco Segura.
El recurso se basa en que la calidad del aire y los intereses ambientales que protegía Madrid Central deben prevalecer. Pero también hace referencia a que Madrid ha incumplido la normativa europea sobre calidad del aire desde su entrada definitiva en vigor en 2010. La ciudad ha rebasado los niveles máximos de dióxido de nitrógeno marcados por la ley. El texto repasa que el plan que obtuvo el visto bueno de la Comisión Europea para detener el expediente de sanción por ese motivo incluía esta zona de bajas emisiones y tráfico restringido por causas medioambientales.
El recurso desgrana los registros positivos en cuanto a disminución de intensidad circulatoria y reducción del uso de vehículos contaminantes de acuerdo a los datos que fueron llegando a la base de datos oficial. “Desde que Madrid Central actuó plenamente”, es decir, con las sanciones efectivas, el escrito de los ecologistas detalla que “los propios datos del Ayuntamiento” reflejaron una reducción significativa del tráfico en los ejes principales del interior de Madrid Central y una mayor fluidez. En marzo se registró un 24% menos de tráfico en la Gran Vía, según el Ayuntamiento, describe el documento.
Medidas cautelares
Los demandantes piden la adopción de la medida cautelar urgente de suspensión de la ejecución del acuerdo de la junta de Gobierno por el que se establece un periodo de aviso en relación con el acceso a la Zona de Bajas Emisiones de Madrid Central. Que sigan vigentes las multas hasta que haya un fallo. La medida cautelarísima no precisa de traslado a la contraparte y se justifica en que, de seguir el procedimiento ordinario, la resolución llegaría cuando lo recurrido ya habría caducado.
Las sanciones se han revelado pieza esencial para que este proyecto funcionara, sostiene. De hecho, al lanzarse el sistema de multas se experimentó una bajada acusada en las concentraciones de gas tóxico. Y nada mas llegar a la Alcaldía, Martínez -Almeida las dejó sin efecto.
Entienden los ecologistas que paralizar la reversión de facto de Madrid Central que supone no multar a quienes acceden a la zona de bajas emisiones sin autorización es de “especial aplicación” cuando se dilucidan intereses ambientales contrapuestos a otros intereses particulares o aun generales -como puede ser el desarrollo económico-. También aducen que, si no se acepta esa medida cautelar, el peligro o el daño se acrecienta con el paso del tiempo. Es decir, cuanto más se prolonguen suspendidas las multas que disuaden de entrar en el centro con cualquier tipo de coche sin restriccion ambiental, peores son las consecuencias.
También se hace referencia a los niveles de NO2 de la estación medidora de la plaza del Carmen (en el interior de Madrid Central) que, mientras la zona estuvo a pleno rendimiento, evidenció una concentración un 11% menor que la media del periodo 2010-2017.
Los grupos ecologistas se vieron el jueves con el alcalde y la vicealcaldesa, José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, pero salieron poco convencidos. “En la reunión no expusieron un solo plan o una idea sobre lo que quieren que sea Madrid Central. Preguntamos y el Ayuntamiento no supo poner ninguna propuesta encima de la mesa”, ha asegurado el coordinador de movilidad de Greenpeace, Adrián Fernández.
“Se comprometieron delante de nosotros a restablecer las multas a partir del 1 de octubre, pero luego el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, dijo que eso no era un compromiso”. Adrián Fernández, Greenpeace, ha rematado Segura tras presentar el recurso en el juzgado. La plataforma espera que haya una respuesta a finales de la semana que viene.