La guerra entre el Ayuntamiento de Manuela Carmena y el Ministerio Hacienda que dirige Cristóbal Montoro ha llegado al final esperado en el Gobierno Ahora Madrid: la intervención de sus cuentas por parte de Hacienda.
“Se trata de una intervención de las cuentas en toda regla”, reconocen fuentes del Ayuntamiento a eldiario.es. Hacienda informa al Consistorio de que al no corregir su senda de gasto, como les han requerido en varias ocasiones, tutelará cada semana las operaciones financieras de la capital. “Nos van a supervisar semanalmente las cuentas. Lo que pretenden es que no podamos realizar nuestra actividad normal”, denuncian estas mismas fuentes. La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha informado de que disponen de quince días para presentar alegaciones.
El PSOE considera que la decisión de Montoro es “un ataque a los madrileños”. “Es un ataque a la autonomía local. No es justo que el Gobierno del Estado pretenda cuadrar sus cuentas a costa de los madrileños”, ha denunciado la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié. El Grupo Socialista en el Congreso ha solicitado la comparecencia del ministro de Hacienda para que explique “los motivos” por los que ha tomado esta decisión.
En la misma línea ha reaccionado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Sin embargo, el concejal socialista Antonio Miguel Carmona ha aprovechado la intervención de las cuentas de la capital para criticar al Gobierno de Manuela Carmena: “Ya lo veníamos advirtiendo los socialistas: cuando suspendes muchas veces la misma asignatura, te acaban echando de la carrera. La insolvencia técnica se paga, la responsabilidad política se asume”, ha expresado.
El PP y Cs piden dimisiones
PP y Ciudadanos han pedido la dimisión del concejal Carlos Sánchez-Mato tras la decisión de Hacienda. El portavoz de los populares en el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido a la alcaldesa que cese al delegado de Economía y Hacienda. “La insumisión legal e institucional solo exige una conducta por parte de Carmena, cesarle”, ha dicho. Por su parte, Begoña Villacís, de Ciudadanos, ha manifestado a través de un mensaje de Twitter que “el duelo personal y político” de Sánchez-Mato “nos ha llevado a esta situación”.
Fuentes del Ministerio reconocen que es la primera vez que se aplica esta medida a un ayuntamiento. La intervención tendrá que certificar las cuentas del consistorio semanalmente. Se trata de una fiscalización semanal para garantizar que no se toquen partidas afectadas por acuerdos de no disponibilidad. Cada gasto será analizado para confirmar que no se pone en peligro el cumplimiento de la senda de estabilidad presupuestaria, explican las citadas fuentes.
Hacienda explica en su comunicación al Consistorio de la capital, a la que ha tenido acceso eldiario.es, que “el incumplimiento sucesivo y acumulativo de la Regla de Gasto en los ejercicios 2015 y 2016” coloca al Ayuntamiento de Madrid “en el ámbito del Artículo 25.1 a) de la Ley Orgánica de Estabilidad Pública y Suficiencia Financiera, ”lo que habilita a este Ministerio para realizar un seguimiento específico e imponer medidas coercitivas sobre esa administración“.
Este artículo determina entre otras cosas que “cuando resulte necesario para dar cumplimiento a los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea, las competencias normativas que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado”, aunque no se va a alcanzar este extremo en este caso. Lo que va a ocurrir ahora es que la fiscalización que se venía realizando cada tres meses se hará cada semana.
El Ministerio, cuya resolución firma la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro Heras, desgrana los motivos y gastos por los que a su juicio el Ayuntamiento se ha hecho merecedor de esta medida coercitiva. Entre otros, cita la adquisición del edificio sito en la calle Alcalá 45 por 104 millones, el incremento de gasto de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, hasta 70,4 millones de euros o la prestación de servicios “derivados de la ejecución de competencias impropias que deberían ser prestadas por las Comunidades Autónomas o el Estado” por valor de 428,46 millones de euros.
“La resolución consiste en que los rechazan el Plan Económico y Financiero (PEF) con argumentos legales peregrinos”, aseguran desde el Consistorio. “Nos dicen, en definitiva, que tenemos poco superávit, pese a haber acabado con más de mil millones de superávit y más de 700 millones de remanente de tesorería”, explican. El Ayuntamiento de Madrid recurrirá ante el Contencioso-administrativo la decisión de Hacienda.
Una reducción de deuda de 2.000 millones
A diferencia del criterio de Hacienda, el Gobierno de la capital presume de gestión económica, de haber reducido la deuda en 2.000 millones desde su llegada al Palacio de Cibeles y de cerrar el año las cuentas con superávit, en 2016 con más de 1.000 millones. Unos datos con los que siguen defendiendo que la dureza de Hacienda es injustificada.
Se trata de la segunda intervención de unas cuentas por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. La primera fue el pasado 15 de septiembre cuando se intervinieron las de la Generalitat de Catalunya para evitar la transferencia de fondos para el 1-O. Entonces se dijo que era una intervención “excepcional”, “ante la situación de manifiesta ilegalidad”, según el propio ministro Cristóbal Montoro. Nunca se había aplicado antes y se hizo en base a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la misma que se ha utilizado en este caso.