El hundimiento de la Línea 7B de Metro es la historia de una decisión política tomada en contra de criterios técnicos, que ha arruinado la vida de decenas de familias en San Fernando de Henares, un municipio de 40.000 habitantes al este de Madrid. Y en el centro de esa decisión está el Gobierno de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007, con Esperanza Aguirre a la cabeza, aunque ahora ella trata de desprenderse de la responsabilidad.
Para entender mejor lo sucedido, hay que remontarse a esos años de vino y rosas en que la burbuja inmobiliaria alcanzaba todo su esplendor. Aguirre había prometido en la campaña de 2003 –unas elecciones a las que se presentaba por primera vez como candidata a la presidencia regional– que llevaría el Metro a esa localidad. Y lo cumplió en tiempo récord, a pesar de que el proyecto sufrió grandes cambios por el camino y los técnicos habían alertado de la casuística del terreno. Aunque en 2006 cambió el trazado original para incluir dos nuevas estaciones, la construcción llegó puntual un año después para ser inaugurada 22 días antes de la siguiente cita electoral. Aguirre cortó la cinta con una gran fiesta que hoy se investiga en el marco de la trama Púnica.
El desenlace de aquellas prisas es hoy conocido: una estación se hunde, otra emerge y decenas de familias han perdido sus casas, sus enseres y todos sus recuerdos. Si se lee lo que advirtieron los geólogos e ingenieros durante la ejecución del proyecto, ese final no sorprende. Pero las alertas fueron ignoradas por el Gobierno de Aguirre.
La construcción comenzó a ejecutarse en 2004. El contrato de adjudicación se publicitó en pleno mes de agosto y el 15 de septiembre de ese año se anunció que la empresa Dragados (propiedad de Florentino Pérez) sería la encargada de llevar a cabo la macroinfraestructura. La constructora levantaría las estaciones por 168 millones de euros en un plazo de 20,5 meses, frente a los 30 meses que recomendaba Mintra, la empresa pública de transportes extinguida en 2011. Pero el proyecto sufrió importantes cambios en el trazado dos años después (y en el presupuesto, que se incrementó en otros 38 millones).
En 2006, Aguirre quiso construir dos estaciones más: Henares y Hospital de Henares. Lo anunció en un acto público y pilló a todo el mundo por sorpresa. Incluidos los técnicos y la constructora que debía ejecutar la infraestructura. De seis estaciones del proyecto inicial, una línea casi recta, se acabaron haciendo ocho, obligando a cambiar el trazado que acabó dibujando una amplia curva. En 2007, Aguirre pudo inaugurar una de las estaciones el 5 de mayo. Las elecciones eran el 27.
Aguirre trataba esta semana de repartir responsabilidades sobre lo ocurrido a pesar de que su administración y ella, como presidenta de la Comunidad de Madrid entonces, tenían la competencia. La exlideresa del PP afirmó en televisión que si se incluyeron dos estaciones nuevas en el proyecto oficial que obligó a cambiar el trazado fue por la insistencia de la alcaldesa de la localidad de entonces, de Izquierda Unida. Pero fue su gobierno el que un año antes de las elecciones decidió tirar hacia adelante con el proyecto a pesar de que los técnicos alertaban de una problemática del terreno. El tiempo apremiaba y el Gobierno regional de Aguirre decidió no realizar los estudios geológicos necesarios que determinasen cómo podía afectar un suelo tan inestable a una infraestructura tan delicada como una línea de Metro.
¿Cuál es el problema de origen? Las estaciones están construidas sobre un subsuelo en el que existe un gran depósito salino, restos de un mar del mioceno. Y la perforación del túnel alteró el equilibrio de las aguas subterráneas, también las del río Jarama, que transcurre a un par de kilómetros, que empezaron a filtrarse y a disolver la sal de ese gran mar prehistórico. La consecuencia directa es que el terreno bajo las viviendas y la estación de Henares se queda sin sustentación. Las mediciones constatan que se ha hundido unos metros. Además, el agua, con una gran concentración de sal, entra en el túnel y carcome el acero, el hormigón y hasta los trenes.
Por un lado, por tanto, la línea 7 se hunde. Por otro, ocurre todo lo contrario: se eleva por la propia presión del agua. En el caso de la estación del Hospital de Henares, cerrada al público reiteradamente desde su inauguración, el suelo se eleva 5 milímetros cada año. Ya acumula más de cinco centímetros en total. Y aunque parezca una desviación pequeña, provoca enormes deficiencias en las vías, los ascensores o las puertas, que ya no encajan.
¿Podría haberse evitado? Los primeros informes para la ampliación de la línea, que obligó a cambiar el trazado original, alertaron de los riesgos porque los técnicos detectaron incluso cavidades en el terreno, sobre el que debían circular los trenes. Pero el reloj corría hacia atrás con las elecciones a la vista y no dio tiempo a estudiar con detenimiento la geología del trazado.
Así consta un informe fechado en 2016 por la Comunidad de Madrid, que entonces presidía Cristina Cifuentes, al que tuvo acceso este diario. En el documento, el subdirector general de Infraestructuras de Transporte colectivo, Manuel Santiago Ruiz de Velasco, alude a otro estudio encargado unos meses antes por la Consejería a la empresa CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas), que concluyó que ni el proyecto inicial ni el modificado (por el cambio en el trazado) “incluyen una descripción de la problemática geotécnica asociada a la presencia de materiales salinos” lo que provocó que “no se resaltase el riesgo de desarrollo de procesos de disolución ni las precauciones y medidas a adoptar”, a pesar de que las características del terreno fueron detectadas en los primeros sondeos.
En definitiva, no se tuvo en cuenta la singularidad del terreno y las prisas por llegar a las elecciones tuvieron mucho que ver, según determinó una auditoría y la propia justicia hace apenas tres años. Una auditoría realizada un mes después de la inauguración de línea de Metro, el 18 de junio de 2007, por la dirección facultativa de la obra, achacó todas las irregularidades a la premura por “el problema electoral”. La carrera por llegar a la cita electoral generó “problemas” con la limpieza final, “con la seguridad y con las pruebas y controles finales”, señala el dictamen técnico, al que tuvo acceso este diario.
Una sentencia de 2019 responsabiliza a la Comunidad de Madrid
Las prisas electorales de Esperanza Aguirre para cambiar el trazado de la ampliación de la línea 7 de Metro y acelerar las obras para poder inaugurar las estaciones días antes de las elecciones autonómicas acabó en los tribunales. Hace apenas tres años, el fallo determinó que la administración regional que entonces presidía Aguirre fue la responsable.
La Comunidad de Madrid reclamó al constructor, la empresa Dragados propiedad de Florentino Pérez, más de 15 millones de euros por los desperfectos y los problemas de la infraestructura. Para la administración autonómica, la ejecución de las obras por parte de Dragados fue la responsable de los enormes fallos. Como respuesta a esta multa millonaria, la constructora presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso-administrativo de Madrid que le dio la razón y condenó a la Comunidad de Madrid a pagar las costas del juicio.
Según la sentencia fechada en enero de 2019, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluyó que la responsabilidad fue de la administración por “no tener en cuenta las singularidades del terreno”. “La causa de la ruina producida fue el defecto del proyecto consistente en no tener en cuenta las singularidades del terreno que exigía un pozo impermeable en lugar del que se diseñó”, determina el fallo. Que insiste: “Si acudimos a los Anejos de Geología y geotecnia, es evidente que, ni el Proyecto de Construcción original ni el Proyecto Modificado nº1, dieron la menor importancia a la presencia de sales en los sondeos realizados en las campañas geotécnicas, constituyendo esta cuestión un claro y grave error de proyecto”.
Con todo, el cambio de trazado para introducir las dos nuevas estaciones, según recoge la sentencia del contencioso-administrativo, “supuso un agravamiento del problema”, una conclusión a la que también llegó el subdirector de la Consejería de Transportes en su informe de 2016 haciendo mención al informe de CEDEX, que la Comunidad de Madrid presentó como prueba en el juicio contra Dragados. La infraestructura tendría que haber sido “completamente distinta”, adecuada a los “riesgos del terreno”.
Los vecinos se quedan sin casa porque también se hunden
La estación de Henares se hunde y tras ella más de un centenar de viviendas de las calles aledañas. El problema se ha convertido en un pozo sin fondo de millones. Solo en reparaciones, la Comunidad de Madrid ya se ha gastado más que lo que constó construir toda la línea 7B de metro. En la rehabilitación de las viviendas, el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha invertido ya 50 millones de euros. Y a eso hay que sumar otros 122 millones de euros que el Ejecutivo autonómico va a gastarse en intentar arreglar el problema, aunque aún no puede afirmar con rotundidad que vaya a lograrlo. De momento, todo 2023 se prevé que las estaciones permanezcan cerradas.
Más de 200 casas distribuidas por 15 calles de San Fernando de Henares que se encuentran cercanas al recorrido del Metro se han hundido o se han visto afectadas con la aparición de grietas en las paredes y en las fachadas. Para el Gobierno de Ayuso son 84 las casas afectadas y más de una treintena ya se han tenido que demoler, al igual que algunos negocios como un gimnasio o una escuela infantil. Todas esas casas, son ya irrecuperables, reconoce el Gobierno regional que admite que la única solución pasa por rehabilitar la zona con un gran parque que sustituya lo que antes eran viviendas.
El problema de la línea 7B de Metro se había enmarcado en un tema local hasta que este domingo miles de personas se manifestaron en Madrid. Muchos eran afectados, o vecinos alrededor, pero también encontraron el apoyo de cientos de madrileños después de que 52 vecinos de la plaza de la Fuente del Trébol de San Fernando de Henares fueron desalojados ante la amenaza de derrumbe y la aparición de fisuras en sus viviendas. Más de 150 vecinos de más de 100 familias que han tenido que abandonar sus hogares desde 2021.Y se han derribado 27 viviendas, a las que próximamente se sumarán otras tantas, para un total de 54. El Gobierno regional ha comunicado ya indemnizaciones de entre 136.000 y 355.000 euros por inmueble que se haya derruido.
La protestas han llevado esta semana a Ayuso a atacar a los manifestantes y a los dirigentes de la plataforma de afectados, a los que ha acusado de generar “tensión” y ha acusado de estar “politizados” por la cercanía de las elecciones, unos ataques que recuerdan a los que la presidenta madrileña vierte cada semana contra los médicos de Atención Primaria en huelga. Ayuso, al día siguiente de las declaraciones de Aguirre, responsabilizaba también a los ayuntamientos de Henares y Coslada, obviando que las competencias son autonómicas y todos los informes y la sentencia que apuntan a que la responsabilidad fue del Gobierno regional por las prisas electorales.
A pesar de todas las evidencias de una mala praxis, no hay responsables penales de lo sucedido. Solo la fiesta de inauguración que se hizo por todo lo alto el 5 de mayo de 2007 con paella, chocolate y grupos musicales está siendo hoy investigada por la justicia en el marco de la trama Púnica. Ese día, los vecinos de San Fernando no sabían cómo se había ejecutado la obra que su presidenta había prometido un año antes y tampoco podían prever las consecuencias de una infraestructura condicionada por la improvisación que pasó por encima de informes técnicos y de las advertencias de la dirección facultativa para poder cumplir con el calendario electoral de la lideresa del PP regional.
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