Muertes sin notificar y gestión deficiente de brotes: las infracciones en residencias madrileñas tras la primera ola

Una decena de residencias han sido sancionadas por la Comunidad de Madrid por hechos relacionados con la pandemia. Los centros de mayores se convirtieron en la “zona cero” de la emergencia sanitaria durante la primera ola. Con el paso de los meses y la llegada de la vacunación, la incidencia del virus en las residencias de la tercera edad fue menguando.

Aún así, desde la Consejería de Familia, Juventud y Política Social han realizado un seguimiento de la evolución de la emergencia sanitaria y en estos dos años han iniciado una decena de expedientes sancionadores por hechos relaciones con la COVID-19. Por ahora, teniendo en cuenta únicamente aquellos procedimientos que ya se han finalizado, las multas impuestas a nueve geriátricos ascienden a 225.000 euros, según la información facilitada por el portal de transparencia autonómico a elDiario.es.

Los inspectores que han acudido a los centros de mayores se han encontrado con brotes que se han gestionado de forma deficiente, con responsables que no facilitaban información sobre el número de residentes fallecidos o con geriátricos donde no se cumplían las medidas de seguridad como llevar mascarillas y respetar la distancia interpersonal.

Una residencia intervenida este verano

Debido a las infracciones detectadas, la Comunidad de Madrid llegó a intervenir este verano la residencia Santa Matilde. Esto quiere decir que un funcionario de la Consejería se encargó de “dirigir y coordinar la actividad asistencial” del centro durante unos días en agosto de 2021. La “deficiente gestión” que los encargados del geriátrico estaban realizando de un brote fue el detonante que provocó esa decisión, que también se tomó en la primera ola con 14 centros. Según la información aportada por el portal de transparencia, dos entidades dependientes de la Comunidad –la Unidad de Geriatría de Enlace y la Unidad de Atención a Residencias Norte– detectaron deficiencias tanto en “la activación del plan de contingencias” como en “la aplicación de medidas preventivas para control de brote”. 

Según los hechos descritos por el inspector que acudió a la residencia, se constató que 25 de los 62 residentes habían sido diagnosticados como positivos de COVID-19, ocho de ellos se encontraban en el hospital y 19 en zonas de aislamiento de la residencia. Tras realizar un seguimiento de la evaluación del brote, los funcionarios cargaron duramente contra el centro. “La no adopción de las medidas preventivas en tiempo y forma, así como la gestión del brote que se estaba realizando por parte de los responsables de la residencia Santa Matilde (77 plazas), comportó un riesgo para la salud no solo de los propios usuarios de la residencia (colectivo especialmente vulnerable), sino de los propios trabajadores del centro, lo que motivó la necesidad de que el centro fuera intervenido”, recoge la resolución sancionadora. 

En relación a este centro, la Dirección General de Gestión Sociosanitaria aseveró que “se han constatado un número importante de deficiencias en las medidas de higiene y control que no siempre se han solventado en tiempo y forma”. Y articula el expediente en torno a “falta de EPIs y mal uso de los mismos”, “deficiente manejo de residuos”, “falta de ventilación eficaz en las zonas comunes” y “mala sectorización”.

Por estos hechos, la Consejería de Política Social sanciona con 50.000 euros a la entidad titular del centro, aunque la cantidad abonada se reduce a 30.000 euros porque se acuerda una “reducción del 40%”, que se concede aplicando la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas si la compañía reconoce su responsabilidad y si procede al pago voluntario. Desde el centro se limitan a asegurar a esta redacción que “eso ya está solucionado”.

100.000 euros de multa y la inhabilitación del director

La gestión de casos positivos y hospitalizados también provocó la apertura de un expediente a la residencia Versalles (30 plazas), situada en Pozuelo de Alarcón. Sin embargo, en este caso las multas económicas impuestas a este centro son mayores y conllevan la inhabilitación del director del geriátrico. En este caso, la Comunidad de Madrid ha optado por incoar dos sanciones. La primera, por una falta grave y otra muy grave, una multa de 58.000 euros. Y la segunda, por siete faltas graves, 42.007 euros, como adelantó El Independiente.

Una de las primeras infracciones fue detectada por los inspectores en octubre del 2020. En esa visita, los funcionarios de la Comunidad de Madrid descubrieron que “en el sistema de incidencias”, donde las residencias tienen que notificar los datos a la Comunidad, no figuraba “registrada la derivación de los usuarios al hospital y su posterior fallecimiento o regreso al centro”, recoge la resolución sancionadora. 

Al comparar los datos del centro y los que habían transmitido al registro autonómico, los funcionarios identificaron incoherencias. Por ejemplo, a pesar de que la residencia había notificado que contaba con 28 plazas ocupadas, la inspección constató que en realidad había 19 residentes. Lo mismo sucedió con información sobre usuarios hospitalizados, aislados o positivos. 

Esas mismas incongruencias también fueron identificadas en el registro de muertes. “Respecto al número de residentes fallecidos, el centro informó el día 21 de octubre de 2020, durante la visita de inspección, que los fallecidos desde el inicio de la epidemia habían sido al menos dos personas en hospital y ninguna en el centro residencial mientras que, en el sistema de información existente (REDCAP) se había indicado la inexistencia de fallecimiento alguno, ni en hospital ni en el centro”, recoge la resolución sancionadora. Y continúa: “En comunicación posterior realizada a requerimiento de la inspección, el centro indicó que los fallecimientos a esa fecha serían cuatro en hospital y seis en el centro. El centro no niega y rebate en sus alegaciones esta imputación”.

Ante los hechos imputados por la Consejería de Política Social, la entidad sancionada alegó que su hospital de referencia “no informa a la residencia de los fallecimientos por COVID-19 u otra patología, ya que lo hace directamente a los familiares”. Una afirmación que no convence a la Comunidad, que concluye afirmando que “el centro no cumplió con el deber que le incumbía de comunicar información veraz”. Por estas actuaciones, la Comunidad impone una sanción de 58.000 euros y decreta la “inhabilitación del director” de la residencia para ejercer como máximo responsable de centros servicios sociales durante los próximos cinco años.

El segundo procedimiento sancionador que tiene la residencia Versalles se enmarca en visitas de los inspectores realizadas ya en 2021. En esos encuentros detectaron medicación caducada, vieron a residentes sin mascarilla y comprobaron que varios aseos no disponían de agua caliente. Por estos motivos, y alguno más, la Consejería les impone una segunda sanción de 42.007 euros, al considerar que han cometido siete infracciones graves. Sobre las actuaciones recogidas en las resoluciones, una responsable del centro asegura que “están alegando” los dos expedientes. Se defienden asegurando que su hospital de referencia no aportaba información sobre los residentes y relatando las complicaciones de alguna de las infracciones imputadas. “Póngale una mascarilla a un abuelo que tiene alzheimer”, replican desde la residencia.

Residentes y trabajadores sin mascarilla

En la misma línea se manifiestan fuentes de Mensajeros de la Paz, asociación que gestiona la residencia Parque de Coimbra (220 plazas). “Hay un montón de personas mayores con deterioro cognitivo, aunque sea leve, que no aguantan las mascarillas. Se la quitan continuamente por mucho tesón que pongamos”, indica el responsable de la Dirección de Operaciones. En ese centro los funcionarios acordaron la apertura de un expediente sancionador por dos faltas graves y una leve. Se trata de infracciones cometidas porque residentes no llevaban mascarilla y no respetaban la distancia de seguridad, medicación caducada y falta de intimidad. “Se observa a un usuario orinando acompañado por una auxiliar en el baño de hombres de la recepción, en la planta baja, a la vista de todos los que pasábamos por el pasillo dado que la puerta estaba totalmente abierta”, detalla el inspector. La Consejería les impone una sanción de 15.002 euros, que se rebaja a 9.000 euros al aplicar la reducción del 40%. 

En sus visitas, los funcionarios no solo encontraron a residentes sin mascarilla. También detectaron a trabajadores. Esta es la descripción que realizó en septiembre de 2021 un funcionario sobre su llegada al centro de mayores Las Praderas (99 plazas): “No tienen puesta la mascarilla el trabajador que recibe al inspector, la persona responsable que sale a su encuentro para atender la inspección, los trabajadores de la administración y un auxiliar que se observa que baja la escalera desde la primera planta”. Por esta actuación la entidad titular del centro es multada con 12.000 euros, que se reducen a 7.200 euros al aplicarle la reducción del 40%. Fuentes del centro consideran “injusta” la sanción y defienden que el inspector “entró sin identificarse”.

En una horquilla parecida a la sanción emitida contra la residencia Las Praderas se encuentra la multa recibida por el centro San Andrés Cercedilla (12 plazas) y Casa Jardín (21 plazas). Las dos han hecho frente a una sanción de 15.000 euros y han terminado abonando pronto la multa para beneficiarse del 40% de descuento. Otros tres centros –La Nueva Florida (40 plazas), Jesús Caminante (70 plazas) y Nuevo Día (20 plazas)– afrontan una sanción de 6.000 euros. Un responsable de La Nueva Florida asegura que no tiene “constancia” del expediente incoado por el Gobierno regional contra su centro.