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Las dos semanas de choques con Ciudadanos que llevaron a Ayuso a hacerse con el control de las residencias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (2d), la consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo (i) y el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado (1d), durante el Consejo de Gobierno extraordinario para abordar la situación del coronavirus en la región, en Madrid (España), a 9 de marzo de 2020.

Fátima Caballero

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La gestión de las residencias de mayores durante la emergencia sanitaria por el coronavirus ha provocado la enésima disputa entre PP y Ciudadanos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La epidemia ha golpeado a estos centros en toda España, pero especialmente en la región de Madrid, que ya supera el millar de fallecidos. Tras una serie de desencuentros entre la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, Ayuso decidía este jueves retirarle estas competencias a Ciudadanos. En su departamento reconocen el “descontento” por la gestión de su socio de gobierno.

Las discrepancias durante estas dos semanas por la gestión de la emergencia sanitaria entre ambos partidos van más allá de las residencias de mayores. Las disputas internas han sido constantes desde que el pasado 9 de marzo la presidenta regional anunciase el cierre de los centros educativos. Desde Ciudadanos consideran que se les ha apartado de todas las decisiones hasta el punto de que muchos de los anuncios los veían ya cuando estaban publicados en la prensa.

La gestión de las residencias supone ahora un punto de inflexión en estas grietas internas con la retirada de las competencias a Ciudadanos. Aunque públicamente la formación que lidera Ignacio Aguado en la Comunidad de Madrid ha intentado enmarcar la medida dentro de la normalidad, la presidenta actuaba de forma precipitada a última hora del jueves después de que la Consejería de Políticas Sociales anunciase que iba a intervenir los geriátricos de la región.

El martes, una orden del Ministerio de Sanidad permitió a las autonomías actuar sobre estos centros, tanto públicos como privados, para responder a la emergencia sanitaria que estaba golpeando a las residencias. La respuesta de la Consejería de Políticas Sociales –controlada por Ciudadanos– que hasta el jueves gestionaba esta competencia, fue aplicar la orden ministerial para intervenir todas las de Madrid. Solo unas pocas horas después, un comunicado oficial de la dirección de comunicación de la Comunidad de Madrid anunciaba que las competencias sobre estos centros pasaban a manos de la Consejería de Sanidad, del Partido Popular.

El “descontento” con la actuación del consejero Alberto Reyero, de Ciudadanos, es “mayúsculo”, aseguran fuentes de la presidencia, que señalan que Díaz Ayuso ha tomado esta decisión ante la imposibilidad –por el pacto de Gobierno– de cesar a un consejero propuesto por Ciudadanos. “Si Reyero fuera consejero del PP, habría sido cesado hace una semana, que es cuando empezamos a estudiar qué hacer ahí”, explica un portavoz de la presidenta a eldiario.es.

“Solo se preocupan en salir en televisión, pero se acabó. Se ha buscado el modo más suave y en las pocas horas que lleva el equipo de la presidenta con la gestión, ya han hecho más que en todo este tiempo atrás”, defienden desde las filas del PP.

La Consejería de Políticas Sociales informaba este jueves de que 1.065 ancianos han fallecido en las residencias de la región desde el 1 hasta el 25 de marzo, aunque reconocían que se desconocen cuántos de los ancianos se habían infectado por coronavirus “debido a la falta de test para su detección”. Según los cálculos de la Consejería, estas muertes suponen más de un 20% respecto a las sucedidas en el mismo periodo del año pasado.

Las residencias de mayores se han convertido en un foco gravísimo de afectados durante la emergencia sanitaria porque se trata de población vulnerable con los que más se ceba el virus. Los centros, venían denunciando desde la Consejería de Políticas Sociales durante las últimas semanas –pero también los trabajadores, la patronal y los familiares– no estaban contando con las medidas de protección suficientes para prevenir contagios y tratar adecuadamente a las personas que en ellos residen cuando algunos resultaron infectados. La precaria situación estalló hace una semana cuando salió a la luz que en una única residencia se contabilizaron 17 fallecimientos en apenas días por un brote y otras 70 se encontraban contagiadas.

La Consejería de Políticas Sociales denuncia el abandono al que han estado sometidas las residencias por parte de la Consejería de Sanidad, cuya gestión compete al PP. “Nosotros empezamos a tomar medidas desde el 6 de marzo, pero tomamos las medidas que podíamos porque las residencias no son hospitales”, asegura un portavoz de ese departamento controlado por Ciudadanos. “El consejero llevaba pidiendo ayuda de Sanidad desde hacía tiempo”, añaden.

La Comunidad de Madrid anunció el pasado 12 de marzo, dentro de su estrategia sanitaria para combatir la epidemia, que las residencias se convertirían en “centros medicalizados”. “Vamos a tener cinco recursos asistenciales: las UCIs, los hospitales, las residencias de mayores medicalizadas, los hoteles medicalizados y los domicilios”, fueron las palabras del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Las empresas que gestionan una gran parte de la red pública pero también desde la Consejería de Políticas Sociales aseguran que Sanidad no les ha provisto en todo este tiempo ni de personal ni de material extra para reconvertir los centros en algo parecido a un hospital. “En una residencia no hay respiradores, no están preparadas para esto”, defienden.

Desde la Consejería que dirige Reyero (Cs) lamentan que se haya tenido que llegar a esta situación y que se les responsabilice de una mala gestión cuando llevaban pidiendo “desde hace más de diez días” esa medicalización de las residencias de mayores de la región que anunció a bombo y platillo el consejero de Sanidad pero también Ayuso.

Pero mucho antes de que se produjera esta retirada de competencias, el choque entre la presidenta y el consejero de Ciudadanos ya se evidenció en los medios de comunicación. Reyero pidió al Ejército que interviniera en las 475 residencias de la región ante las situaciones dramáticas que se estaban produciendo en los centros. La presidenta salió poco después a desmentirle y aseguró que tal medida no era necesaria. Finalmente la petición del consejero fue atendida por el Gobierno central y la Unidad Militar de Emergencias entró en las residencias ayudando a trasladar a los fallecidos y a su desinfección. La UME localizó ancianos muertos en sus camas en geriátricos de varios puntos del país, entre los que estaba Madrid, confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa a eldiario.es.

El consejero de Políticas Sociales evitó este viernes entrar en la polémica y rechazó que se le hubiera “desautorizado”. A preguntas sobre si se hubieran atendido sus llamadas de ayuda la situación sería menos dramática, el consejero madrileño respondía que “no era momento de criticar”. “Hay que centrarse en solucionar. Se han podido cometer errores, yo también, pero tenemos que ser capaces de solucionarlo y tomar medidas. El problema es un problema de atención sanitaria”, defendía.

“Cuando tienen problemas menores se les trata en la residencia pero si es mayor se llama al 112. Esa es la práctica habitual. Celebramos que por fin haya mayor implicación de Sanidad y esperamos que se tomen las medidas necesarias para empezar a trabajar y empezar a atender a los mayores en las residencias”, argumentaba Reyero en una entrevista en la Cadena Ser.

Desde una parte del Ejecutivo de Ayuso representada por Ciudadanos consideran que la presidenta madrileña está usando la crisis del coronavirus para desarrollar un perfil propio, que le permita jugar el papel en la política nacional que ha buscado desde que Pedro Sánchez fuese investido en enero. Queda por ver si esta decisión supone una crisis mayor en el Ejecutivo autonómico lo que dure la pandemia o cuando termine.

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