Almeida cierra después de un año de batalla judicial el gimnasio sin licencia en suelo público cedido a un concertado
Acaba, al menos de momento, el culebrón urbanístico del Centro Deportivo Newman en San Blas. Lo hace con un cierre fulminante ejecutado el pasado viernes, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya dado la razón al Ayuntamiento en su recurso y revoque con ello las medidas cautelares vigentes.
La orden de clausura pesa desde el 25 de enero de 2023 sobre este gimnasio privado construido en suelo público, cedido por el Ayuntamiento de Madrid a un colegio concertado para usos educativos y que operaba sin licencia precisamente por incumplir dicho uso previsto. “Se ha precintado”, confirman a Somos Madrid fuentes del área de Urbanismo municipal.
El espacio eludió el 1 de diciembre una clausura que parecía definitiva. Las medidas cautelares decretadas por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo evitaron in extremis el precinto. No en vano, ese día el centro abrió sus puertas más tarde de lo habitual. En aquella ocasión el final de la actividad fue comunicado a sus 37 trabajadores y sus 6.000 abonados con algunas jornadas de margen, pero esta vez los clientes recibieron un mail apenas horas antes de la ejecución.
Las últimas publicaciones de Newman, en las que anunciaban la apertura de las matriculaciones para 2024, están repletas de quejas: “No entiendo que de un día para otro pase esto, esto no se sabe de hoy y nosotros deberíamos haber tenido noticias antes y no por un correo”, denuncia un usuario. “La primera vez les apoyé sin cuestionar nada, ahora me siento engañada. Nadie da respuesta”, sentencia otra.
La Coordinadora de Entidades Ciudadanas del distrito San Blas-Canillejas ha aplaudido el precinto: “Mes y medio después de la última noticia de precinto del gimnasio Newman ya parece administrativamente oficial y el pasado viernes a mediodía se cerró el edificio por orden del Ayuntamiento. Esperamos que esta vez sea definitivamente”, destacan las entidades vecinales a través de X.
El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, mostró estos últimos meses su disposición para hacer cumplir la normativa vigente en estos terrenos hasta las últimas consecuencias: “Tendrán que tener una actividad vinculada al centro escolar”, llegó a asegurar en un Pleno municipal celebrado en noviembre.
Menos beligerante fue el anterior responsable del ramo, Mariano Fuentes, durante la construcción y los primeros meses de actividad del gimnasio. En junio de 2022 afirmó que no tenían constancia de que la obra se fuera a destinar a un gimnasio privado abierto al público. “Se ha concedido una licencia de obras para la ampliación del centro docente, con nuevas aulas para distintas enseñanzas, instalaciones deportivas, piscinas y garaje aparcamiento”, explicó entonces una portavoz del área. “Por tanto, las obras de ampliación solicitadas son para la construcción de un edificio destinado al mismo uso dotacional [...], que es el uso calificado de la parcela”.
Pese a ello la orden de cierre fue emitida el pasado 25 de enero (cuando el gimnasio apenas llevaba semanas abierto), todavía con Fuentes en el cargo. El local se ha enfrentado además a un expediente sancionador con una multa fijada en 60.000 euros por incumplimiento de la Ley de Espectáculos y Actividades Recreativas.
Pero su cese no se consumó hasta el pasado viernes 12 debido a que los responsables pelearon por el negocio en los juzgados, solicitando medidas cautelares en el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo para evitar posibles perjuicios irreversibles. Les fueron concedidas inicialmente, luego retiradas y posteriormente de nuevo aprobadas, hasta que ahora las revoca el TSJM.
El origen de un conflicto legal que podría continuar
La Fundación Internacional de Educación (FIE) es la entidad personada en esta batalla judicial contra el Gobierno municipal, pese a que su relación con Cibeles era fluida. En 2003, la institución fue la beneficiaria de una concesión gratuita por parte del Ayuntamiento para disfrutar de estas parcelas en la Avenida de Guadalajara durante 75 años. La FIE edificó un colegio concertado, el J.H. Newman, pero quedó libre una esquina de casi 4.000 metros cuadrados.
La situación de esta parte del terreno continuó así hasta la llegada de Dos Deporte, cadena gallega que invirtió unos diez millones de euros en la obra. El gimnasio abrió al público sin licencia y enmascarado como centro educativo por un presunto fin didáctico por parte del alumnado del colegio que nunca se cumplió, como adelantó Madridiario. Esta construcción parecía incompatible con los usos previstos para este suelo en el acuerdo de cesión entre el consistorio y la FIE, que contemplaba la creación de un centro de Infantil, Primaria y Secundaria en una parcela municipal destinada a dotaciones “de servicios colectivos educativos básicos”.
En un comunicado publicado en la web del colegio J.H. Newman, la FIE defiende que el Centro Deportivo Newman “ha cumplido en todo momento la normativa aplicable”. Critica la manera “inusualmente celosa y acelerada” en la que el Ejecutivo de Almeida recurrió al TSJM y avisan de que desplegarán “todas las acciones legales que en Derecho puedan ser procedentes”. Mantienen que el gimnasio “desarrolla una actividad principal educativa”, pese a que usuarios y plantilla reconocen que funcionaba como cualquier centro privado de estas características, aunque defienden la continuidad de su actividad. “Alrededor de 400 son niños que acuden a cursos de natación que no ofrecen sus colegios ni otros centros deportivos”, recalcaba una empleada en declaraciones a este medio.
El portavoz municipal de Más Madrid en materia de Urbanismo, Álvaro Fernández Heredia, recibe positivamente el cierre aunque opina que el caso ejemplifica las lagunas en la gestión del Gobierno municipal: “Es la mejor expresión del modelo de ciudad que el PP lleva años construyendo. Regalos de suelo a los amiguetes, negocio a costa de lo público y todas las garantías para los que incumplen y ninguna para los ciudadanos. En esta ciudad se puede construir un gimnasio ilegal a la vista de todos y hacer caja desde el primer día. Si alguien denuncia, pasa más de un año hasta que el Ayuntamiento de Almeida logra hacer algo. Y si nadie denuncia, simplemente mira para otro lado”. El edil reclama “instalaciones deportivas para el distrito de San Blas, pero instalaciones para todas, con precios asequibles e igualdad de condiciones”.
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