El Ayuntamiento de Madrid volverá a sacar a concurso uno de sus aparcamientos municipales más rentables, el de Cortes, situado junto al Congreso de los Diputados. Lo hará justo después de que haya acabado una explotación privada que se ha extendido durante cinco décadas –databa de tiempos de Franco, desde 1972– renunciando a que el consistorio sume importantes ingresos cada año, según datos del área de Movilidad y Medio Ambiente a las que ha tenido acceso este periódico.
Las cifras consultadas por Somos Madrid de elDiario.es muestran los enormes beneficios que el aparcamiento dejaba a su hasta ahora compañía gestora, Empark, con facturaciones millonarias gracias a una de las joyas de la capital en cuanto a aparcamientos municipales se refiere. Basta con consultar los ingresos del último año antes de la pandemia, el 2019, para comprobarlo: entonces la empresa facturó 2.181.705 euros por el uso de estas instalaciones, con noviembre y diciembre como los meses con mayor demanda. El apartado de gastos, sin embargo, es bastante más contenido: se estiman solo 487.653 euros al año a partir de 2022, según los documentos municipales.
El detalle de los gastos, mostrado en un gráfico bajo estas líneas, explica que el aparcamiento emplea a un encargado y cuatro taquilleros (170.057,81 euros cada año, según cálculos municipales para la nueva concesión), a los que hay que sumar unos gastos corrientes de 171.680 euros (limpieza, seguros, agua y electricidad) y 145.915 euros más dedicados al pago de tasas municipales. Todo según los cálculos municipales incluidos en los documentos que formarán parte de la licitación.
A estos gastos habría que añadirle el canon anual que abonó Empark al Ayuntamiento por los últimos años de explotación, dato que ha sido solicitado por este periódico al consistorio, todavía sin respuesta. Atendiendo a concesiones similares en Madrid, podría rondar los 100.000 euros anuales. Uniendo todas las cifras y a falta de datos oficiales de gastos y canon por parte del consistorio, el aparcamiento de Cortes pudo hacer ganar a la concesionaria más de 1,6 millones de euros al año antes de impuestos justo antes de la pandemia.
La alta rentabilidad de este tipo de aparcamientos fue lo que llevó al anterior equipo de Gobierno de Ahora Madrid a gestionar desde lo público los parkings que iban liberando sus concesiones durante la pasada legislatura. En lugar de una empresa privada, el negocio pasaba a formar parte de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que se ha hecho cargo en los últimos años de instalaciones como la de Plaza España, con casi dos millones de beneficios anuales. Allí la concesionaria privada pagaba antes de este traspaso poco más de 18.000 euros de canon.
El equipo de Almeida decidió no continuar con esa política y desde hace unos meses ha empezado a privatizar todos los aparcamientos municipales cuyos contratos iban venciendo. Sucedió así en el caso del Carmen, donde además se eligió la oferta más cara para los residentes. Y seguirá haciéndolo en Santo Domingo, el citado caso de Cortes, Luna-Tudescos, Santa Ana y los tres del entorno de Velázquez.
La concesión junto al Congreso
En el caso de Cortes, las condiciones han variado sustancialmente con respecto a los primeros concursos de Almeida: el plazo de concesión propuesto es sensiblemente menor al del Carmen (15 años rebajables a 10) y el canon mucho mayor que el hasta ahora pedido en ningún otro lugar (684.500 euros de pago al Ayuntamiento como mínimo al año por parte de la empresa adjudicataria). Todo ello pese a que el área de Movilidad obliga a la compañía que gane el concurso a ejecutar unas obras de casi seis millones de euros (5.990.997 euros) para adaptar el aparcamiento a la nueva normativa, habilitar plazas con recargas eléctricas y desarrollar una parte de micrologística.
Bajo tierra, la mayoría de plazas de aparcamiento estarán dedicadas a visitantes (306 estacionamientos de rotación), mientras que una pequeña parte estará reservada a residentes (123 plazas, 40 de ellas eléctricas de recarga lenta). Además, habrá espacio para 14 plazas de motos, patinetes o bicicletas, 11 para micrologística y 10 para carsharing.
150 millones restados a las arcas públicas, según el PSOE
Desde la oposición se ha criticado el pequeño porcentaje de aparcamiento previsto para los residentes del distrito Centro e incluso el PSOE llegó a pedir en el Pleno del pasado martes que se destinara a ellos el 60% de las plazas e hiciera lo mismo en Luna-Tudescos, Santa Ana y Santo Domingo. En la votación de esta iniciativa, rechazada con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, los socialistas calculaban que con la privatización de todos los aparcamientos que se recuperan en esta legislatura se perderán 150 millones de euros en las arcas públicas, lo que su edil Ignacio Benito calificó de un “desfalco a futuro”.
“El proyecto de Cortes está muy lejos de satisfacer las necesidades de los que allí viven”, afeó el socialista al delegado Borja Carabante. Este último destacó que el Ayuntamiento establece el porcentaje en función de los estudios de demanda que se llevan a cabo y que las concesiones municipales servirán para ahorrar 50 millones en inversiones para la actualización de estas infraestructuras, que serán asumidos por los concesionarios privados. Es una “privatización del beneficio” lamentaba en el debate el portavoz del Grupo Mixto, José Manuel Calvo, anterior edil de Desarrollo urbano.
Más Madrid también critica que el parking no haya pasado a manos de la EMT: “Gestionar directamente los aparcamientos de la ciudad garantiza tener el control sobre elementos claves para conseguir una movilidad más sostenible”, explicó Esther Gómez también durante el debate del martes. “Es la mejor opción para los vecinos”, decía a la vez que recordaba que durante el gobierno anterior se remunicipalizó Montalbán, Plaza España, Olavide, Fuencarral y Plaza Mayor.
La edil de Más Madrid acusó también al equipo de gobierno de “incrementar el número de plazas de rotación para que al concesionario le salgan las cuentas” y que su modelo “deja fuera a los residentes”, que tendrán que optar a uno de los aparcamientos en el cuarto sótano a 160 euros al mes, el precio calculado por el Ayuntamiento en la licitación.