Rotundas críticas de la Comunidad de Madrid a la obligación de comprar ordenadores portátiles o tabletas por parte de algunos colegios concertados. La Consejería de Educación lo considera “completamente inaceptable” y ha puesto el foco de sus inspectores sobre los centros que intentan que las familias sufraguen la adquisición de estos dispositivos para sus alumnos.
“La inspección educativa es muy beligerante y desde luego se ejercerán todas las acciones que sean necesarias con el fin de reprimir estas actuaciones que consideramos que no que no tienen cabida en una educación sostenida con fondos públicos”, explicaba este miércoles el representante del Gobierno de Ayuso en una comisión de la Asamblea de Madrid sobre el uso de la tecnología por parte de la infancia y la adolescencia.
A preguntas de los grupos parlamentarios, Ignacio García, secretario general de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, reconocía haber recibido “algunas denuncias” de centros educativos que “de alguna manera están obligando a los padres a comprar ordenadores”. Este periódico informó de al menos dos casos de colegios concertados que se lo habían anunciado a las familias, en concreto el de la Fundación Caldeiro y otro en los Corazonistas de Jorge Juan.
El representante de la Consejería de Educación recalcó que “la inspección educativa está muy activa con el fin de prevenir este tipo de prácticas, que consideramos que son completamente inaceptables”, decía en respuesta a Más Madrid, que había llevado estas irregularidades a la comisión.
Al inicio del curso, algunas familias del Colegio Fundación Caldeiro denunciaron la implantación de ordenadores portátiles en el centro a partir de Quinto de Primaria, por los que les obligaban a pagar 1.200 euros y a firmar un contrato durante cuatro años, según desveló una investigación de Somos Madrid.
A su caso se unió poco después el de otro colegio concertado también situado en el distrito de Salamanca, el Sagrada Familia Corazonistas. Allí la dirección del centro planteó a las familias la compra de iPads a los alumnos de diez años, un dispositivo que ronda el millar de euros. Hasta 140 madres y padres firmaron en contra de esta imposición. Este periódico tiene constancia de más casos similares en otros centros escolares.
“Uso equilibrado” de las tecnologías
Durante la comparecencia en la comisión, celebrada este miércoles, Ignacio García explicó que su departamento “está a favor de un uso equilibrado de las tecnologías” y considera que “cualquier utilización extrema es perjudicial”, aunque aclaró que “igual de perjudicial es que sea obligatoria como que esté prohibida”.
En ese sentido, abogó por la utilización de sistemas tradicionales de enseñanza, sobre todo “en fases tempranas del aprendizaje”. “Los niños necesitan aprender a utilizar las manos, a escribir, a utilizar su cuerpo (...) y un uso excesivo o no restringido de las pantallas podría ser perjudicial”, añadió el representante del Gobierno de Ayuso, que abogó en cualquier caso por dar “autonomía a los centros” dentro de estos límites.
Con respecto al anuncio del sello “centros libres de pantallas”, que anunció hace poco el consejero de Educación, su secretario general explicó que aún no se ha desarrollado, pero que su departamento lo permitirá como seña de identidad de algunos colegios.
Por último, Ignacio García explicó que actualmente hay un ordenador o tablet por cada diez alumnos en los centros escolares de la Comunidad de Madrid, un nivel de cobertura que tiene su visto bueno ya que, indicó, “no tengo claro que el 100% de las clases deban llevarse a cabo con un alumno conectado a un ordenador”.