Los coches de empresa equipados con motor de combustión cuestan a los contribuyentes 42.000 millones de euros al año solo en los cinco países de mayor tamaño dentro de la Unión Europea. Así lo asegura el grupo ecologista Transport & Environment (T&E) en un informe que ha elaborado la firma ERM a partir de datos relativos a Italia, Alemania, Francia, Polonia y España, aunque la contribución de nuestro país al total es poco significativa, como luego veremos.
El cálculo considera las cuatro ventajas fiscales que tradicionalmente se conceden a los coches de empresa, que suponen el 60% de todas las matriculaciones de vehículos nuevos en Europa. Se trata de: ventajas en especie, amortizaciones, deducciones del IVA y tarjetas de carburante, incentivos de los que no disfrutan los propietarios de coches particulares.
Italia, seguida de Alemania, Francia y Polonia, son los países que más subvencionan los coches de empresa de combustión, con un total de 16.000, 13.700, 6.400 y 6.100 millones de euros al año, respectivamente. La ayuda más cuantiosa llega a través de programas de prestaciones en especie que siguen incentivando los vehículos de gasolina y diésel, señala el estudio.
Las ventajas fiscales para los coches de empresa con motor térmico son mucho menores en el Reino Unido y España, prosigue el trabajo presentado por T&E. En nuestro país, se aclara, los beneficios de este tipo son similares para los coches de empresa que para los privados, principalmente debido a una tasa de beneficios en especie relativamente alta. El problema de España, según la organización, es que existen incentivos mínimos para que las empresas opten por los coches eléctricos, razón por la que penetración de estos vehículos es residual, del 3,7%.
En cuanto a Reino Unido, impone una fuerte penalización para los vehículos de empresa de gasolina y diésel por medio de una elevada tasa de beneficios en especie, mientras que los conductores de coches de empresa eléctricos pagan menos impuestos. Esto ha ayudado a impulsar la electrificación de sus flotas corporativas, que se sitúa en el 21,5%.
El estudio también revela que los conductores de modelos SUV de empresa reciben subsidios muy altos. En comparación con un usuario particular, pagan hasta 8.900 euros menos al año en impuestos por conducir un tipo de vehículo que el lobby ecologista juzga no sin razón como mucho más contaminante. De ahí que las empresas matriculen el doble de todocaminos que los hogares particulares. De los 42.000 millones de euros totales, concluye T&E, 15.000 millones se destinan a subvenciones para los SUV.
Stef Cornelis, director del programa de flotas eléctricas de la organización, ha declarado al respecto: “Los contribuyentes pagan miles de millones cada año en beneficios fiscales para que los conductores de vehículos de empresa puedan conducir modelos contaminantes. Muchos de ellos son todoterrenos caros, de alta gama y muy contaminantes. Se trata de una mala política climática, además de socialmente injusta. Los gobiernos del Reino Unido y Bélgica han introducido medidas fiscales ecológicas y están eliminando progresivamente los beneficios para esta clase de vehículos, pero los gobiernos de los mayores mercados automovilísticos de Europa no están abordando este absurdo. La Comisión Europea debe tomar medidas”.
Flotas más sostenibles
En el estudio podemos leer que, en la primera mitad de este año, el 13,8% de todas las nuevas matriculaciones privadas en la UE fueron de vehículos eléctricos de batería; en el caso de las empresas, esta cifra fue del 12,4%. La eliminación de las subvenciones a los coches que utilizan combustibles fósiles revertiría esta tendencia.
En su carta de misión al candidato a comisario de Transporte Sostenible, Apostolos Tzitzikostas, la presidenta Von der Leyen le ha instado a que presente una propuesta para que las flotas corporativas sean más ecológicas. La supresión progresiva de los subsidios a los combustibles fósiles también se menciona en su carta al candidato a comisario de Clima, Wopke Hoekstra.
T&E hace un llamamiento a la nueva Comisión Europea para que actúe ahora y presente en 2025 un reglamento que establezca objetivos vinculantes de electrificación para 2030 para las grandes flotas corporativas y las empresas de leasing. Esto ayudará además a alcanzar los objetivos del próximo Pacto Industrial Limpio de la UE.
Stef Cornelis ha concluido: “Bajo su nuevo liderazgo, la Comisión debería establecer objetivos de electrificación para las grandes flotas de vehículos de empresa y poner fin de una vez por todas a la presente anomalía fiscal. Estos propósitos encajan en la agenda industrial más amplia de la UE, ya que impulsarán la demanda de vehículos eléctricos y crearán un mercado líder para las tecnologías limpias, aportando así seguridad de inversión a los fabricantes de automóviles y al sector de la movilidad eléctrica en general”.