“El trabajo garantizado es posible y beneficia económicamente al Estado”

Madalena Martínez Bode, número uno de Unidad Popular-Izquierda Unida Verdes para el Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, repasa los puntos fuertes de la candidatura de cara a las próximas elecciones del 20 de diciembre. Con una larga carrera en el activismo, ahora lidera una candidatura de confluencia de distintas fuerzas de la izquierda y movimientos sociales.

En primer lugar, ¿cómo afronta esta nueva candidatura las próximas elecciones del 20 de diciembre?

Como sabes, esto es una formulación nueva en la que no solo participa Izquierda Unida, es una confluencia de distintas fuerzas políticas, sociales y ciudadanos de a pie sin adscripción. Es difícil valorar cómo va a funcionar algo nuevo, pero por nuestra parte vamos a por todas y ya estamos visitando todas las localidades de la Región presentando el proyecto.

Los puntos fuertes del programa son el empleo y la lucha contra los desahucios, con una medida a la cabeza denominada “rescate de personas”, ¿en qué consiste este proyecto?

Nos movemos principalmente en tres frentes. El primero son las medidas de emergencia social, para atender las necesidades básicas ciudadanas. Dentro de este bloque, la propuesta que ocupa un eje más central es el empleo. En otra instancia se encuentra la financiación necesaria para sustentar estas medidas y en un tercer lugar pero no menos importante consideramos que debemos atender la regeneración democrática.

¿Qué es el trabajo garantizado? ¿Es posible y viable?

Es un plan de empleo progresivo que pretende crear un millón de puestos de trabajo en su primer año, de carácter público aunque sin ser funcionariado. Eso sí, gestionados por el Estado. Esos trabajos reportarían un salario de entre 900 y 1200 euros. En primer lugar, no son salarios altos para desestabilizar el empleo privado, pero sin coartar la libertad de negociación del trabajador, ya que obligas a la empresa privada a ofrecer salarios dignos. Los puestos irían desde atención a la dependencia hasta cuidado medioambiental. Además, el gasto para el Estado no sería tanto como parece, porque revierte en futuros ingresos.

¿Qué nuevo proyecto democrático proponen?

Mayor participación política de la ciudadanía. Muchos consideran que las próximas elecciones van a ser constituyentes. Nosotros y nosotras defendemos un nuevo proceso constituyente, pero no en primer término, sino que queremos que empiece desde abajo. Esta última legislatura se ha producido un caso de descontento generalizado, y a pesar de que se ha mostrado en numerosas manifestaciones, el actual gobierno de mayoría absoluta no ha escuchado nada. El modelo de Estado debe cambiar para poder dar mayor poder de participación a los ciudadanos.

A partir de ahí, nosotros apoyamos y proponemos la creación de medidas para materializar esa actividad política de los ciudadanos: desde iniciativas legislativas populares hasta referéndum o revocatorios. En nuestro caso, por ejemplo, proponemos un modelo de Estado de república, pero también creemos que eso deben decidirlo  todos los ciudadanos por medio de una votación.

¿Cuál es el principal método de financiación para afrontar las propuestas?

Dentro de las medidas de emergencia social proponemos el trabajo garantizado, que revocaría en una gran parte directamente en la financiación aumentando la capacidad de consumo y con ello, más ingresos para el Estado. Por otra parte, nuestra intención es una completa reforma fiscal, ya que los ciudadanos se quejan de que la corrupción provoca fraude y hay un total de 250 mil millones en toda España de evasión fiscal. Eso podría dar mucho juego a cualquier Estado.

El plan de emergencia social no alcanzaría un 1% del PIB. Es algo totalmente posible y tenemos que hacer ver a la gente que hay margen para conseguirlo, ya que por ejemplo en el rescate a los bancos nos hemos gastado un 6% del PIB. En esa reforma fiscal incluiríamos las SICAV, el impuesto a las grandes fortunas, a viviendas vacías.

Para demostrarlo, los datos están ahí. Con las medidas propuestas en materia de financiación se esperar recaudar algo más de 60 mil millones de euros, mientras que el plan de emergencia social, con todo lo que conlleva, cuesta 50 mil millones aproximadamente. Los cálculos están hechos por economistas entre los que si incluye Alberto Garzón.

En su última visita a Murcia, Alberto Garzón comentaba que “la intención de voto de los barrios populares iba a ser determinante del resultado de Unidad Popular-Izquierda Unida en las próximas elecciones”, ¿cómo van a intentar fidelizar ese voto?

Tenemos una oportunidad en que la gran mayoría de partidos han virado su proyecto hacia el centro, dejándonos a nosotros la izquierda. y nosotros somos ese partido que siempre va a apoyar a la clase trabajadora, al parado y al que tiene más dificultades. Nosotros no tenemos el protagonismo de otras fuerzas políticas en los medios de comunicación, así que nuestra intención es ir a los barrios, a las localidades a explicar nuestro programa a los ciudadanos, cara a cara.

El trabajador por cuenta propia o autónomo ha aparecido poco en los proyectos políticos de la democracia española, quizás con algo de auge en esta última campaña, ¿cree que estas personas han estado un poco “asfixiadas” por el Estado?

El adjetivo 'asfixiado' se queda corto. Nos exprimen como limones. Hemos pasado a un modelo donde a las personas se nos cuantifica en función de los intereses bancarios que podemos ofrecer. Nos tratan única y exclusivamente como consumidores y usuarios, alejando nuestra parte humana. Nosotros estamos muy concienciados de las necesidades que el pequeño empresario y los autónomos tienen y los tenemos en cuenta en nuestras medidas.

¿Cómo explicaría lo que en su partido afirman como “apertura de las instituciones y mayor control ciudadano”?

Eso está dentro de la formación del proceso constituyente, el cual, insisto en que debemos realizar con los ciudadanos. Es necesario que las personas quieran implicarse en esto, para evitar que un grupo se meta en una habitación a diseñar un modelo de país, por encima de las personas.

Para ello, tenemos que ser conscientes que las instituciones ahora mismo son muy poco susceptibles de maleabilidad. Queremos entrar con el impulso ciudadano a romper la institución y abrirla a los ciudadanos. Por eso necesitamos el apoyo de la mayoría social, que actualmente no tiene ningún partido político. Pedimos a la gente que participe, que no podemos depender de un Parlamento secuestrado por poderes económicos en el que las necesidades de las personas no tienen cabida.

¿Qué mecanismos proponen para canalizar esa participación ciudadana en las instituciones?

Nosotros no vamos a inventar nada nuevo, en la política está prácticamente todo inventado. Existen los revocatorios, la Iniciativa Legislativa Popular, el referéndum. Podríamos empezar por ahí, son formas de participación que apenas se emplean.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca es el mayor ejemplo de participación ciudadana. Sin pertenecer a ninguna formación política, han conseguido llevar sus objetivos al debate político diario y a que se tomen medidas. El asamblearismo es otra opción muy interesante, que se puedan proponer reformas y medidas desde abajo. De todas formas, vías para la unión y el consenso hay muchas y lo importante es que la ciudadanía esté activa y presente en las decisiones que se toman.

La lucha contra los desahucios ha sido uno de los principales fuertes de Madalena Martínez, ¿se habla lo suficiente de desahucios en la política regional?

Depende del interlocutor. Desde las instituciones, actualmente interesa tapar los desahucios. En esta Región hay cada día ocho desahucios. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca asegura que todavía no hemos llegado a lo peor, y que está por reventar. Los desahucios son procesos muy largos,de hasta cuatro o cinco años. La PAH denuncia continuamente que el asunto de los desahucios sigue siendo muy grave, pero no siempre tiene el eco mediático que merece.

El trabajo de la PAH es incuestionable y los logros alcanzados han sido mayúsculos, pero da la sensación de que todavía queda mucho por recorrer, sobre todo para redactar una nueva ley hipotecaria, a lo que ustedes se suman, ¿cuáles son los siguientes pasos?

La plataforma está haciendo actualmente su propia campaña, donde se reúnen con los partidos políticos para acercar las exigencias de la PAH. La dación en pago ha aliviado a muchas familias, pero dista mucho de la realidad de las familias que están en una situación de desahucio y que tienen que pagar una deuda que sentencia su vida. Sigue siendo insuficiente, pero antes era imposible. Nosotros pedimos básicamente todo lo que exige la plataforma: vivienda social, alquileres justos, etc. El objetivo principal es defender el derecho a la vivienda, que ha sido respetado por las instituciones en España.