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El caso de ‘Los Jóvenes de las Vías’ en Murcia: penas de cárcel y multas inasumibles en un circo político-empresarial que celebra un juicio sin pruebas
“Las fechas son personas, los juicios son personas, los acusados son personas. Imagino los orfidales, las tilas con las vecinas, los ataques de ansiedad, las lágrimas que no quieres que vean tus hijos”
El próximo 12 de marzo tendrá lugar un concierto en solidaridad con los jóvenes de las vías y el 17 se organizará la próxima movilización
Qué difícil ponerse en la piel de estos jóvenes inocentes que esperan con angustia desde hace cuatro años y medio que llegue el 24 de marzo. Qué difícil ponerse en la piel de esas madres y esos padres que sufren por el, quizás, no-futuro de sus hijos. El sistema carcelario amputa la vida, te la corta donde la dejaste, y no te ofrece ni enseña nada a cambio. Desde la noche del 3 de octubre de 2017 en la que hubo una movilización sin precedentes por el soterramiento del Ave hasta que llamaron a los jóvenes en calidad de detenidos a la comisaría del Carmen pasaron 10 días.
La noche del 3 octubre de 2017 marca un punto de inflexión en las reivindicaciones que durante décadas se han llevado a cabo por el soterramiento del AVE en su paso por Santiago el Mayor. Desde el 3 hasta el 17 de octubre que se personaron en comisaría los jóvenes, ya habían pasado dos semanas desde de los altercados. Desde ese 3 de octubre (2017) hasta el próximo 24 de marzo (2022), fecha en la que empezarán los juicios, habrán pasado más de cuatro años y medio.
Cuatro años y medio de maltrato institucional. ¿Cómo se vive eso? Para las personas que seguimos el caso, vamos a las concentraciones o a las manis o simplemente leemos la prensa son sólo fechas, números que se aproximan en el calendario inexorablemente. Pero las fechas son personas, los juicios son personas, los acusados son personas. Imagino los orfidales, las tilas con las vecinas, los ataques de ansiedad, las lágrimas que no quieres que vean tus hijos, la coraza, los terrores nocturnos, las bolsas debajo de los ojos, los estómagos cerrados. “A veces pienso que no voy a poder con esto. No sé si se me va a ir la cabeza... Es tan grande la angustia que para mí la pandemia ha sido algo totalmente secundario. Desde que nos comunicaron esto, es mi primer pensamiento cuando me levanto por las mañanas. Es una pesadilla”, me dice Resu, una de las madres de los jóvenes de las vías. “¿Quién dio esa orden y basándose en qué?”, se pregunta Plácido, su marido. “Esa noche no se detuvo a nadie y fuimos miles y miles de personas las que estuvimos allí. ¿Por qué ellos?”
La acusación por vía oficial llegó a los familiares en junio de 2019; habían pasado casi dos años desde que llamaron a los jóvenes para ser detenidos sin pruebas. Es muy importante recordar esto: sin pruebas. Ese mismo día se constituye la Asociación por la Absolución de los Jóvenes de las Vías y es desde ese momento que el colectivo de familiares y vecines lleva convocando concentraciones en las vías de Santiago el Mayor el primer jueves de cada mes.
“¿Cómo puede ser? Eso no es posible. Nadie va a la cárcel sin pruebas”, me dijo una señora believer del Sistema que amablemente se acercó este pasado 13 de febrero a la concentración estatal contra la Ley Mordaza (cuyo co-convocante aquí en Murcia junto a Amnistía Internacional era la Asociación por los Jóvenes de las Vías por razones evidentes). Sí, señora. Sí puede ser desde la aprobación de la Ley Mordaza en este país donde la policía es juez y parte y donde las personas nos quedamos con los derechos y libertades al aire. La criminalización de la movilización popular o de la protesta social en un Estado de Derecho es un contrasentido, más propio de nuestro pasado franquista y de regímenes totalitarios. Como consecuencia de los desperfectos que se produjeron la noche de los hechos, Adif y Aldeasa piden que las familias paguen más de 130 mil euros bajo el concepto de responsabilidad solidaria por daños y perjuicios. Las familias de la Asociación replican: “Pedimos responsabilidades sobre los 2 millones 300 mil euros que se gastaron en montar y desmontar una obra que no se ha hecho y que la Delegación de Gobierno gastó también, del dinero de todos los murcianos, en traer los antidisturbios de otros puntos de España” ¿Por qué a las empresas públicas no se les piden responsabilidades ni tienen juicios pendientes?
Sin duda alguna, la tardanza en el comienzo de los juicios tiene como finalidad debilitar el movimiento vecinal, que la llama se apague, que se olvide y la gente esté a otra cosa. “Es muy difícil mantener esto en el tiempo», me dice Plácido, ”pero te insufla energía el apoyo de la gente, necesitamos sentir el respaldo de la gente para seguir“.
“El soterramiento no habrá terminado realmente hasta que no absuelvan a estos jóvenes inocentes y se soterre la injusticia” escuchamos una y otra vez en todos los eventos a los que acompañamos a las familias y vecines de Santiago el Mayor: al final de cada manifestación, de cada concentración, en el evento del Moneo, en las charlas a las que ha ido Resu a participar para explicar el caso, en las charlas organizadas por el Movimiento Feminista de Murcia en el Huerto Lab del barrio de Santa Eulalia, en los miércoles de Micro Abierto en la cafetería Ítaca, en las Jornadas de la Coordinadora Anti Represión Región de Murcia en las que Resu participó para hablar del papel de las madres en los movimientos sociales y donde vimos el documental ‘ESA NOCHE’, en las Asociaciones de Vecinos y Casas de la Mujer así como mesas informativas en los mercados semanales de más de una docena de barrios y pedanías, hasta Madrid se llevó una manifestación… “¿Te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo”, gritamos este pasado martes en la manifestación del 8M. Y es que las violencias estructurales son agotadoras de llevar.
Las violencias derivadas de las estructuras de Poder son extremadamente difíciles de combatir porque se les presupone una garantía de Estado de Derecho y desmontar esa creencia cuando pasan casos como el de Los Jóvenes de las Vías es tarea ardua. Los montajes policiales, los policías infiltrados, las puertas giratorias del Poder, el mercadeo de votos, los favores que se cierran en los apretones de manos entre gobernantes y empresarios, todo eso parece parte de un guion ficticio de un thriller policíaco que vemos desde el sofá pero es una lucha vecinal que lleva más de treinta años sucediendo debajo de las ventanas de nuestras casas. “Yo estaba allí, en primera línea”, dice una vecina que coge el micrófono para hablar en el atrio del Moneo, “había jóvenes con capuchas y pañuelos negros tapándose la cara. ¿Cómo se identifica a alguien con pañuelos y capuchas? La policía estaba allí y no intervino, ¿por qué?” Cabría preguntarse: ¿podría la policía, empujada y alentada por politicuchos, montar un escenario violento, quemar maquinaria y tirar vallas, para criminalizar a este movimiento vecinal? No es la primera vez que asistimos a este tipo de tácticas y tejemanejes para ejercer violencia contra los y las protestantes y acabar estigmatizando la protesta social, desviando el foco sobre quiénes son realmente los violentos y a los intereses de quién o quiénes obedecen.
Nadie está investigando la actuación policial. “Nos querían destrozar el barrio porque cuatro señoritos querían coger el AVE ya”, afirma Joaquín el Cura en el documental ‘Los Jóvenes de las Vías, una herida abierta’ que se proyectó en el Moneo y que espera tener fecha para ser proyectado próximamente en la Filmoteca. “Francisco Bernabé no puede seguir ocupando poder en el espacio público”, dice otro vecino y arranca una tremenda ovación en mitad de la sala, “es un peligro público”. La historia de cómo se pasa por encima de les vecines del barrio para hacer obras faraónicas que sólo van a llenar los bolsillos de unos pocos empresarios y políticos se repite en distintas ciudades del territorio expañol.
Este fenómeno conocido como “gentrificación” acaba pauperizando a la clase trabajadora desplazándola a la periferia de sus ciudades, dejando las zonas limpias para disfrute de inversores que se encargarán de demoler, reconstruir y especular con esos barrios cambiando el trazado urbanístico con total impunidad y haciendo finalmente de nuestros espacios públicos y ciudades unos sitios horribles e impersonales para vivir. Dejan morir los servicios (como ha sucedido en Murcia con el Talgo) para justificar su desaparición ofreciendo una alternativa que es económicamente inviable para cualquier vecine. Igual que los Señores de la Guerra hacen su agosto lejos de sus territorios y fronteras, nuestros politicuchos levantan muros lejos de donde ellos tienen sus casas. “Violencia no es poner pegatinas ni cortar el tráfico”, escuchamos en el documental. Violencia fue el proyecto de construcción del muro. Violencia fue llevar antidisturbios a las vías fuertemente armados performando la franja de Gaza mientras las familias pasaban por las vías aterrorizadas para llevar a sus hijes al colegio.
El Poder siempre necesita hacer estas puestas en escena, esta performatividad de la violencia, este despliegue siquiera visual de hasta dónde son capaces de llegar para amedrentarnos. Violencia fueron les vecines agredides como consecuencia de las siempre desmesuradas intervenciones policiales en las vías que resultaron en un total de cero agentes imputados de nada. Se ve que alguien piensa que hicieron bien su trabajo. Violencia es sacarse de la chistera a tres jóvenes inocentes e imputarles delitos que no cometieron para mandar un mensaje al movimiento vecinal: no tenéis muro, pero no habéis ganado. Un castigo ejemplarizante para que tomemos nota y sepamos que para ejercer nuestro derecho a manifestación en el espacio público hay que pagar un precio muy alto; hablamos de ocho años de cárcel y una multa de más de 130 mil euros.
“¿Dónde está el actual alcalde de Murcia, don José Antonio Serrano, que no viene a los eventos de los Jóvenes de las Vías? Sí vino a pedir el voto, pero ya no se le ha vuelto a ver desde que empezó este proceso judicial”, me comenta una vecina a la salida de la sala Concha Lavella donde la compañía Edmundo Chacour representó una obra en solidaridad con los jóvenes de las vías.
Cuatro años y medio después, la lucha del movimiento vecinal sigue porque, nunca lo repetiremos lo suficiente, la lucha por el soterramiento no habrá acabado hasta que no queden absueltos los jóvenes de las vías. No es sólo una lucha por la absolución, nos jugamos el Estado de Derecho y hasta la misma democracia: la defensa y protección de nuestros derechos y libertades. La Ley Mordaza, diseñada para amedrentar al pueblo en sus reivindicaciones, no va a conseguir nuestra desmovilización.
Qué difícil ponerse en la piel de estos jóvenes inocentes que esperan con angustia desde hace cuatro años y medio que llegue el 24 de marzo. Qué difícil ponerse en la piel de esas madres y esos padres que sufren por el, quizás, no-futuro de sus hijos. El sistema carcelario amputa la vida, te la corta donde la dejaste, y no te ofrece ni enseña nada a cambio. Desde la noche del 3 de octubre de 2017 en la que hubo una movilización sin precedentes por el soterramiento del Ave hasta que llamaron a los jóvenes en calidad de detenidos a la comisaría del Carmen pasaron 10 días.
La noche del 3 octubre de 2017 marca un punto de inflexión en las reivindicaciones que durante décadas se han llevado a cabo por el soterramiento del AVE en su paso por Santiago el Mayor. Desde el 3 hasta el 17 de octubre que se personaron en comisaría los jóvenes, ya habían pasado dos semanas desde de los altercados. Desde ese 3 de octubre (2017) hasta el próximo 24 de marzo (2022), fecha en la que empezarán los juicios, habrán pasado más de cuatro años y medio.