De forma abrupta e impremeditada. Ausentándose el jueves, para sorpresa unánime, de la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno en el palacio de San Esteban. Escenificando, con esa ausencia -unida también a la del consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo-, un enfado de Vox a nivel nacional tras el pacto consumado por PP y PSOE para la acogida de migrantes en las comunidades gobernadas por los populares. Dimitiendo el viernes a mediodía, tras asistir al Comité Ejecutivo Nacional de Vox el jueves, por motivo de la futura llegada a la Región de Murcia de 16 menores que desde hace meses viven hacinados en centros de acogida del Archipiélago canario. Postergando, un verano más, unas vacaciones en su Galicia natal por un terremoto político suscitado por su propio partido.
Así han sido las últimas horas de José Ángel Antelo (Santiago de Compostela, 1987) a los mandos de la vicepresidencia del Gobierno de la Región de Murcia, el puesto al que llegó a través del pacto alcanzado en septiembre de 2023 con el PP tras unas duras negociaciones que se prolongaron durante tres meses y que le ha otorgado, desde que lo asumió junto con la cartera de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, la posibilidad de infiltrar su sesgo ultraconservador en la actualidad de la política regional.
Incluso en su declaración final como brazo derecho del Ejecutivo, el gallego siguió insistiendo en ese discurso antimigratorio, en esa hipérbole constante de la realidad murciana. Muy serio, atosigado por los micrófonos contra la pared de la Consejería de Interior, Antelo antepuso, en referencia a las directrices prescritas por Abascal, “las convicciones a los sillones”. “Somos la Canarias de la Península, tenemos un grave problema de seguridad ligado a la inmigración ilegal”, expresó.
Su paso San Esteban ha consistido, entre otras cosas, en una amalgama de declaraciones xenófobas en las que ha relacionado, constantemente y sin pruebas, la inmigración con la delincuencia, pero también en la determinación de suprimir el Consejo de la Transparencia murciano y de controlarlo íntegramente desde su partido, y en la intención ahora frustrada de rubricar con el PP una reforma de la Ley de Protección del Mar Menor en la que pretendía recoger, una a una, las medidas más vindicadas por el poderoso sector agrícola del Campo de Cartagena.
“De Antelo valoraron su obediencia y lealtad al partido sin ningún tipo de cuestionamiento”, explicó a este periódico una fuente cercana al ya exvicepresidente pocos días después de que éste jurara su cargo como número dos de López Miras en el Ejecutivo.
Al cabo de apenas diez meses desde aquella oportunidad temprana en su vida, pues se convertía en uno de los miembros más jóvenes del equipo de gobierno murciano y accedía a ella tan solo seis años después de su retirada del baloncesto profesional y de un breve periplo como líder de Vox en el Consistorio capitalino de Murcia, esa misma “obediencia y lealtad al partido” lo ha llevado ahora a cambiar de un día para otro su rutina, su tarea cotidiana.
José Ángel Antelo regresará a su escaño raso y previsiblemente recuperará, para seguir conservando algo de visibilidad, una portavocía del grupo parlamentario ultraderechista que había delegado en la figura de su compañero Rubén Martínez Alpáñez. A partir de este viernes 12 de julio, el líder de Vox regional no tendrá más remedio que ejercer una oposición real contra los que hasta ahora habían sido sus socios de gobierno.
Un reguero de declaraciones contra la migración
La travesía de Antelo por el Ejecutivo regional se ha caracterizado por una defensa acérrima de sus ideales ultraderechistas. Incluso ya con pie y medio fuera del Ejecutivo, y habiéndose saltado el Consejo de Gobierno, el gallego siguió difundiendo el recelo a los migrantes a través de su cuenta de X. “No paran de llegar migrantes a nuestra Región alentados por el efecto llamada de PPSOE. Las consecuencias se sufren en los barrios más humildes”, escribió, seguramente emprendiendo el viaje a Madrid para la reunión nacional de Vox en la que finalmente acabó su andadura en la vicepresidencia autonómica.
El reguero de declaraciones alarmistas en contra de la migración del que fue haciendo gala todos estos meses fue disparado desde la confortable posición de la Asamblea regional o de los micrófonos de los actos públicos a los que era sistemáticamente invitado. También desde las puertas del campamento provisional de acogida de migrantes habilitado por el Ministerio de Inclusión en el antiguo Hospital Naval de Cartagena. “Este centro supondrá la degradación de esta zona de Cartagena y un desastre para su seguridad”, dijo en una de sus visitas al recinto en el mes de abril.
“No seremos cómplices de robos, machetazos y violaciones. Esa es nuestra postura y de ahí no nos vamos a mover. Con la Región de Murcia no se juega”, continuó diciendo la semana pasada, también en la ciudad portuaria, sin apoyarse en ningún tipo de dato ni estadística, ya en un contexto en el que vislumbraba el enfrentamiento con el Partido Popular por la acogida de los 16 niños procedentes de Canarias.
La ansiada reforma de la Ley del Mar Menor, paralizada
No obstante, los roces con sus socios populares habían comenzado mucho antes. Y no por motivo de la inmigración. Fue al principio, previamente incluso a la rúbrica del pacto de gobernabilidad. El protagonista del desencuentro fue uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de la Comunidad: el Mar Menor.
La modificación de la Ley de protección de la laguna salada, aprobada hace tres años con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos en la Asamblea Regional, fue el caballo de batalla que Vox planteó durante toda la campaña para las elecciones autonómicas frente a la negativa rotunda de los de López Miras, que se mantuvieron en que no iban a dar “ni un paso atrás” en una protección que, entendían, era la adecuada.
La relación de populares y ultraderechistas alcanzó su punto más tenso cuando Antelo, también por sorpresa y sin previo aviso, llevó al Consejo de Gobierno un borrador de una reforma de la ley que debilitaba por completo las regulaciones al sector agrícola, eliminaba las consideraciones ambientales y el espíritu ecológico y adaptado a la realidad climática de la defensa del ecosistema y ponía el punto de mira en los saneamientos y las aguas fecales, al hilo de la reaccionaria y negacionista línea argumental tantas veces esgrimida por el mayor lobby del agro en Murcia, la Fundación Ingenio.
Aquella reforma propuesta por Vox y Antelo no llegó a buen puerto en la votación a la que se sometió en un pleno en la Asamblea celebrado el 17 de abril, en medio de unas protestas agrícolas que se prolongaron casi dos meses, desde febrero, y que Antelo siempre apoyó de manera efervescente, “en contra”, dijo en una de las primeras manifestaciones de agricultores indignados, “de la Agenda 2030, de las políticas de la miseria”.
Esa negativa no fue sino otra jugada política más ideada por ambos socios. El PP esquivó aprobarla con una tibia abstención, y en menos de un mes, PP y Vox, de la mano en los consejos de Gobierno en San Esteban y en los despachos de la Cámara murciana, habían pactado una reforma de la ley de la albufera más disimulada que comenzaría, primero, y a pesar de las críticas de la oposición, con una serie de comparecencias en la Asamblea en las que debían participar, sobre todo, representantes agrícolas y miembros y científicos vinculados a Ingenio.
El nuevo texto de la reforma podría haber estado redactado a finales de septiembre o comienzos de octubre de 2024. Ahora todo ha quedado en el aire. Las comparecencias seguirán celebrándose, pero el PP ya no tiene ninguna responsabilidad que asumir para con los ultraderechistas.
Otras tantas políticas ansiadas por el exnúmero dos del Ejecutivo murciano que se han quedado paralizadas tras la ruptura definitiva del acuerdo de gobierno son la “lucha” por la prevención de la delincuencia con un fortalecimiento de la Policía Local, la batalla contra la “ocupación” que “roba los ahorros de las familias ocupadas y genera problemas de convivencia e inseguridad”, la eliminación absoluta de toda referencia a la violencia machista en cualquier iniciativa propuesta por la ultraderecha, la supresión de subvenciones a los sindicatos, a los que Antelo llamó “comegambas” o la defensa de “la caza y la pesca compatible con la conservación del medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad”, hacia la cual PP y Vox llegaron incluso a aprobar actividades extraescolares en colegios para fomentar la caza entre los más pequeños.
Acostumbrado a las retiradas
No es la primera vez que José Ángel Antelo tiene que hacer frente al abandono inesperado de sus máximos logros profesionales. Hace seis años antes, su prometedora carrera en el mundo del baloncesto como un ala-pívot de 2,05 metros de altura se truncó por dos roturas del tendón de Aquiles. Había desarrollado la mayor parte de su vida deportiva jugando para clubes de categoría LEB y de la Liga ACB. En 2012 fichó en el CB Murcia, el equipo de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), y tras su segunda lesión en mayo de 2018 y una baja de ocho meses decidió colgar las zapatillas.
Fue entonces, sin perder el tiempo, cuando dio el salto a la política. “Estaba en el tramo final de su carrera, pero no es que estuviese acabado, sino en su mejor momento”, apuntaron a este medio, en septiembre, fuentes deportivas.
El fallecido presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, le colocaría tras su abandono del deporte en su departamento de marketing deportivo, “un puesto a su medida”, señalaron dichas fuentes, “que no existía”. Por el mismo tiempo –abril de 2019- le ofrecieron formar parte de las listas de Vox para el Ayuntamiento murciano. “Mendoza se apropió de Vox en Murcia a través de Antelo y su yerno, Rubén Martínez Alpáñez -hasta ahora portavoz en la Asamblea Regional y negociador del partido de ultraderecha en el acuerdo de gobierno con el PP-”, explicó una fuente próxima.
Pese al varapalo, pese a verse obligado a dejar un puesto de capitán que le había costado años conseguir, Antelo supo entonces reponerse y ascender rápidamente en el complejo mundo de la política regional con la ayuda de Mendoza y de la institución católica que lo encumbró al éxito deportivo. Ahora, de nuevo en un retroceso ostensible y tras la toma de una decisión que hace pocas semanas nunca habría esperado, el exvicepresidente gallego tendrá que lidiar con la desaparición repentina del modelo de Región que él había empezado mínimamente a legislar durante sus diez meses en San Esteban. Quién sabe si tendrá, pronto, que enfrentarse a un adelanto electoral y a la competición feroz por un puñado de votos en la Comunidad en la que el PP lleva gobernando los últimos 29 años.