Dos imponentes esculturas de hierro flanquean el Palacio de Justicia de Murcia: la Ley y la Justicia. Son dos mujeres ataviadas con largas túnicas y con los pies descalzos: una porta en las manos un pergamino y un libro en el que se puede leer 'Ley', mientras que la otra sostiene una balanza en equilibrio y agarra una espada que reposa en el suelo. A las 20h de este domingo varios centenares de personas se han concentrado frente a este edificio que alberga la Audiencia Provincial de Murcia para mostrar su repulsa por la sentencia “para los siete empresarios murcianos que formaban parte de una red de prostitución de menores de edad”. Mientras se escuchaba “¡Vergüenza!”, “¡Jueces corruptos!” y “¡No a la impunidad!” en un ambiente de tensión, Ley permanecía impertérrita y Justicia seguía con los ojos cerrados.
La Asamblea Feminista de la Región de Murcia, durante la lectura de su manifiesto, ha nombrado uno a uno a los siete empresarios que hace una década violaron a menores de entre 14 y 17 años con un contexto familiar desestructurado o en vulnerabilidad y les ofrecían dinero, llamándoles “una manada de depravados sexuales proxenetas”.
También se han leído los nombres de los seis intermediarios, “cuatro mujeres que actuaban como captadoras, facilitadoras e instigadoras”, junto con el de los “cooperadores necesarios como parte de esta pieza” que cobraban una comisión por prostituir a las menores, que eran captadas en la puerta de sus colegios o discotecas juveniles.
Nuevas convocatorias
Su presidenta, Gloria Alarcón, ha anunciado nuevas convocatorias de concentraciones feministas frente al Palacio de Justicia de la capital murciana y también del resto de Audiencias provinciales del país los próximos 24 de septiembre y 6 de octubre a las 20h: en la primera fecha el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha convocado una junta de fiscales para debatir si se pide cárcel para los integrantes de la trama y en la segunda se producirá la ratificación de la sentencia en la Audiencia Provincial.
“No puede ser que esas personas que se autodeclaran que han cometido esos delitos no entren en la cárcel”, ha señalado Alarcón, quien ha puesto como ejemplo el caso francés de Gisèle Pericot para continuar diciendo que “quien tiene que tener vergüenza no es a quien le han consumido su cuerpo, sino quien ha pagado por consumirlo; mucho más si son menores de edad y si son niñas en situaciones de vulnerabilidad predeterminada”.
“Esto ha pasado hoy en Murcia, pero puede pasar desgraciadamente en otros sitios. Aquí esas niñas tienen a su manada y su manada somos todas y todos los que estamos aquí reunidos”, ha subrayado la antigua vicepresidenta de la Asamblea Regional.
No ha sido la única vez en que se ha mencionado el caso de 'la manada' en el Paseo de Garay de la capital murciana. Marta Latorre, portavoz del colectivo feminista Fuste, responsable de colgar varias pancartas que denunciaban las condenas en el tramo del río Segura que se encuentra frente al Palacio de Justicia el pasado viernes, ha recordado las movilizaciones feministas que se organizaron tras la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra contra el caso de 'la manada'. “Esa amplia oleada de movilizaciones en toda España justamente cuestionó el resultado de esa sentencia. Nos parece que la indignación que ha provocado esta sentencia puede tener un recorrido similar”.
“Los juicios han tenido lugar de manera independiente a cada uno de los agresores cuando creemos que deberían haber sido enjuiciada una auténtica trama proxeneta que, evidentemente, imaginamos que hubieran tenido otras sentencias”, ha apuntado María Marín, portavoz de Podemos en la Asamblea Regional.
Para Marín es “incomprensible” cómo se han tenido en cuenta “los atenuantes, como la dilación indebida, pero muy poco los agravantes, como que se trataba de menores especialmente vulnerables”.
“Estas sentencias crean mucha alarma social ante la indefensión con la que nos encontramos las mujeres. Lo triste es que llevamos muchos años denunciando que siete de cada diez sentencias por delitos sexuales en la Región los agresores que han sido condenados acaban en la calle de rositas, yéndose con condenas irrisorias”.
Petición de ingreso en prisión de “algunos o todos de los condenados”
En principio las penas para los siete empresarios que abusaron de las menores partían de los cuatro años de prisión, pero tras llegar a un pacto con la Fiscalía se redujeron a unos cinco y siete meses por cada delito bajo el atenuante de dilación indebida. Aquellos con penas de cinco meses de prisión para cada una de las víctimas no entrarán en prisión. Queda por confirmar la situación de los investigados con penas de dos años -las proxenetas y cooperadores-.
En este sentido, el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, declaró el pasado viernes en Onda Regional que en una próxima junta de fiscales, en octubre, debatirán “la posibilidad de que puedan ingresar en prisión algunos o todos los condenados”. Esto incluiría a los empresarios que, en principio, se han librado de la cárcel. Respecto a las indemnizaciones, los acusados deberán pagar por víctima de 500 a 2.000 euros. A esto se añaden las multas, que oscilan entre los 450 y 720 euros.
Durante la lectura del manifiesto también se ha denunciado que la Audiencia Provincial de Murcia se ha convertido “en los últimos años en centro de la polémica por sus sentencias sobre agresiones sexuales, violencia de género, diversidad afectiva o prostitución de menores, como en este último caso”. “No nos vale que los retrasos que soporta el sistema judicial haga que la dilación indebida sirva de atenuante y suponga una rebaja en la condena”, han añadido.
Marina, de 31 años, que se encontraba entre las últimas filas de los manifestantes congregados en torno al Palacio de Justicia, se preguntaba cómo era posible que “las madames tengan condenas mayores que los puteros”. “Es algo que no me entra en la cabeza”, ha dicho la joven mientras sonaban castillos artificiales que celebran los últimos días de feria en la capital murciana y los gritos de “¡Petrolero, putero!”, “¡Fiscal, escucha a la sociedad!” y “¡Basta ya de justicia patriarcal!”.
Dilación indebida “muy calificada”
Fuentes judiciales han esgrimido que las penas de los empresarios y las proxenetas han quedado tan diluidas a causa de la atenuante de la dilación indebida “muy cualificada” al haber transcurrido una década desde que ocurrieran los hechos, lo cual ha rebajado hasta dos grados las penas impuestas.
Las dilaciones indebidas son un tipo de atenuante que permite una reducción de la condena cuando la tramitación de un procedimiento penal ha durado un tiempo excesivo e innecesario, siempre que esa demora no haya sido por culpa del reo y la excesiva duración del procedimiento no esté justificada por la complejidad de éste.
Las proxenetas, por su parte, se enfrentan a penas que suman los 16 años en algunos casos, pero como a cada uno de los delitos individuales le corresponde una pena de dos años de prisión, la Audiencia tiene discrecionalidad para decidir si irán a la cárcel.
La Fiscalía General del Estado anunció en 2022 que elaborarían una circular para poner coto a los acuerdos de conformidad basados en el atenuante de dilaciones indebidas en los delitos contra la libertad sexual. El documento aún no se ha publicado, aunque se prevé que esté listo para finales de este año: “Imagino que es complicado, no es fácil una circular destinada a todos los fiscales de España”, dijo a este diario Díaz Manzanera. El fiscal señaló que las protecciones deberían ir más allá y que “deberíamos plantear darle prioridad a los casos con menores involucrados en los señalamientos”.