La Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia dictó órdenes de caza para las temporadas 2019/ 2020 y 2020/ 2021 sin efectuar una evaluación ambiental. El juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha reabierto ahora la investigación a petición de la Audiencia Provincial, que entiende que el departamento gubernamental no cumplió con las directrices contempladas para tramitar la normativa de la actividad cinegética.
El magistrado Juan Miguel Ruiz ha llamado a declarar como imputado al actual concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona, que en aquel momento era director general de Medio Natural.
El origen de la causa está en la denuncia en 2020 de ANSE y Ecologistas en Acción -representadas por el abogado Ginés Ruiz Maciá-, en la que reclamaba investigar también a los exconsejeros de Medio Ambiente, Javier Celdrán y Antonio Luengo, quienes por el momento no han sido citados por el juez; aunque sí que se convocó como testigo al exdirector general de Medio Ambiente, Francisco Marín.
El juez ha ordenado una prórroga de seis meses para el proceso después de que la Fiscalía haya pedido también reabrir las diligencias; por lo que el actual concejal de Seguridad del consistorio capitalino tendrá que presentarse ante el juez el próximo 5 de marzo de 2024. Según portavoces de ANSE, tras esta primera fase de la investigación podría ampliarse la causa y citar a declarar a los dos exconsejeros.
Tanto la organización de naturalistas como Ecologistas en Acción han mostrado su satisfacción por la reapertura del caso, y han recordado que realizaron múltiples advertencias en el seno del Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial “por el deficiente funcionamiento en cuestiones de fondo del mismo, lo culminó con el abandono del Consejo en 2019”.
El fiscal de Medio Ambiente, Miguel de Mata, ha llamado a declarar a Perona para que explique las causas de la aprobación de las vedas de 2020-2021 “a sabiendas de que restaba por emitirse el preceptivo informe de evaluación ambiental de repercusiones”; y para esclarecer “si era o no conocedor de los informes de los servicios jurídicos que avisaban de la necesidad de dicho informe y si urgió de alguna forma al órgano ambiental la finalización y remisión del mismo”. Cita, pero como testigo, al también exdirector general Francisco Marín, para que detalle por qué no pudo emitirse un informe de evaluación ambiental antes de aprobarse la orden para la temporada cinegética de 2020/2021.
La Audiencia Provincial estimó, al revocar el archivo de la causa, que las actuaciones de altos cargos de la Consejería no conllevaban un delito contra el medio ambiente, pero sí de posible prevaricación al no haber “una razón o causa de fuerza mayor que haya impedido la emisión de esa evaluación en tiempo hábil”.
Ahora, las organizaciones esperan que la reapertura del caso “acabe de una vez por todas por la connivencia de la Comunidad Autónoma con los intereses cinegéticos y piscícolas en detrimento del Medio Ambiente y que sirva para iniciar una fase de respeto a los órganos de participación pública y los procedimientos legales”.
En este sentido, ANSE y Ecologistas en Acción han recordado que actualmente se incluyen informes de afección a la Red Natura 2000, pero no se realiza una Evaluación de Impacto Ambiental propiamente dicha que permitiese una adecuada Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000. Por todo lo anterior, las organizaciones ambientales reclaman al actual Consejero competente en Medio Ambiente, Juan María Vázquez y a la Secretaria Autonómica María Cruz Ferreira un “cambio radical” en la política ambiental que junto con el cumplimiento de la normas apueste por un participación y gobernanza de calidad.
Este periódico intentó ponerse en contacto con el concejal de Seguridad a través del Ayuntamiento y no ha obtenido respuesta.