El Servicio Navarro de Salud no adquirió ninguna mascarilla porque, simplemente, no tenía obligación de adquirir ninguna. Así de tajante se ha mostrado la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, que ha vuelto a recalcar este miércoles que Osasunbidea no tiene nada que ver en la operación de compra en la que participó la empresa pública SODENA, la Confederación Empresarial Navarra y la empresa Albyn Medical, y por la que más de dos millones de mascarillas se han quedado sin usar.
En una comparecencia en la comisión de Salud del Parlamento, la consejera se ha valido de tres informes jurídicos independientes para situar a su departamento fuera de la trifulca para repartir responsabilidades y ver quién asume el coste de 1,8 millones de euros que costaron en su día las mascarillas, durante el periodo más duro de la pandemia. Según Induráin, Salud no es una de las partes firmantes de aquel acuerdo. Fueron, ha dicho, las tres partes firmantes las que pusieron una serie de circunstancias que deberían de cumplirse para que el SNS-O pudiera presentarse como comprador de los posibles excedentes del pedido. En concreto, el trío SODENA-CEN-Albyn estableció cuatro puntos, que la titular de Salud ha enumerado: la concurrencia de circunstancias extraordinarias o excepcionales que justificaran la falta de transmisión de los EPIs que, habiendo sido adquiridos, no hubieran sido transmitidos en favor de las empresas y asociaciones, que se tratara de EPIs de uso sanitario (desde un principio, el acuerdo contemplaba comprar material de protección para pymes, micropymes y trabajadores autónomos), que no se tratara de renuncias voluntarias de las empresas y que se conociera el contenido de cada pedido para obtener, como máximo, el 10% de aquel. En definitiva, Induráin ha señalado que Salud no adquirió mascarillas porque para que el SNS-O se hiciera hipotéticamente con parte de ese material debían darse una serie de circunstancias concretas que no se dieron.
Para profundizar más en su mensaje, la consejera ha querido dejar claro que los tres informes jurídicos, presentados por los despachos Arpa, Garrigues y Écija, coinciden en las conclusiones, señalando que Osasunbidea no tenía ningún compromiso de adquisición sobre el pedido y sus excedentes. Es más, la consejera ha esgrimido una de las conclusiones de los informes jurídicos en particular, en donde se expresa que ninguna de las partes requirió al SNS-O, transcurrido un tiempo considerable, para que se hiciera con parte del material. Así, ha terminado Induráin, se interpreta que la voluntad de las partes fue que en un escenario como el acontecido, el SNS-O no tuviera la obligación de adquirir el stock.
De todos los parlamentarios presentes, sólo la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, se ha mostrado convencida por los argumentos esgrimidos por parte de la consejera de Salud. Ha pedido que se saque a Osasunbidea de la ecuación, porque, según la parlamentaria, la firma del acuerdo se dio entre las tres partes, no entre cuatro. Al parecer de Unzu, Salud se limitó a firmar una adenda con un compromiso de adquisición con unas premisas que nunca se dieron.
El resto del arco parlamentario presente en la comisión, sin embargo, ha puesto en cuestión las explicaciones de Induráin. Desde Navarra Suma, su portavoz, Cristina Ibarrola, ha reprochado a los miembros del gobierno estar mucho más preocupados de eludir su responsabilidad que de buscar soluciones: “Hicieron un acuerdo para la compra de material sanitario, conocían los proveedores, el material, los precios, pero finalmente Salud traslada que ya no firmaba las condiciones pactadas, sin rastro escrito de por qué”, ha apuntado Ibarrola.
Geroa Bai y EH Bildu han criticado que, aún hoy, no se les haya dado salida a las millones de mascarillas que están almacenadas. Mikel Asiáin, de Geroa Bai, ha cuestionado, además, por qué Salud no adquirió ni siquiera el 10% de las mascarillas, teniendo en cuenta, tal y como ha expresado, que en el ámbito de la salud siempre se necesita material. Por otro lado, el portavoz de Bildu, Adolfo Araiz, ha expresado sus dudas en relación con la participación de Salud en el convenio. Para el parlamentario abertzale, hay una zona oscura respecto a cómo se ha pasado de un planteamiento inicial sobre la responsabilidad de Salud para adquirir el stock excedente a ser una responsabilidad disminuida y, sobre todo, sin rastro documental.
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