Son la principal prueba de cargo. Siete vídeos grabados por los miembros de ‘la manada’ mientras mantenían relaciones sexuales en grupo con la joven que les acusa de violación. La víctima ha declarado que no pudo oponerse a la agresión porque entró en shock y solo quería que aquello terminara cuanto antes. Los acusados se han declarado inocentes. El tribunal tendrá que interpretar si los hechos grabados se corresponden a una violación o a una relación sexual mantenida de mutuo acuerdo. Los jueces disponen para ello del llamado principio de libre valoración “en conciencia” de las pruebas practicadas durante el juicio. Pero esta autoridad para valorar las pruebas debe ejercerse “según las reglas del criterio racional”, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y, en este caso, para proporcionar a los magistrados una interpretación objetiva de la prueba de cargo, los testimonios que durante esta semana ofrecerán peritos, psicólogos y forenses serán de gran importancia.
Los vídeos recogen 96 segundos de la supuesta violación a la que los cinco procesados sometieron a la víctima durante, aproximadamente, 20 minutos. El análisis policial de estos vídeos ha permitido establecer un relato diáfano en los hechos probados de la acusación. Cada procesado está debidamente identificado, se conoce en qué posición se encontraba cada uno en relación al resto, qué hizo cada uno, cuándo y hasta qué comentarios cruzaron entre ellos. Para la acusación, según declaró el abogado Miguel Ángel Morán, “está clarísimo que es una violación. En un sitio tan reducido y con cinco varones rodeando a una chica de 18 años, lo único que cabe es la sumisión. De hecho, en todo momento, ella tiene los ojos cerrados”. Para las defensas, en palabras del abogado de tres de los procesados, “estamos ante relaciones consentidas en las que todos los miembros tienen una actitud activa y participativa”.
El juez instructor ya ofreció su valoración de los vídeos en uno de sus autos: “No se oye ninguna petición expresa de consentimiento para determinados actos, ni la actitud de los procesados durante las grabaciones indica que esperen ese consentimiento específico para nada de lo que ejecutan”.
Diferentes peritos, especialistas, psicólogos y forenses interpretarán esta semana las pruebas de cargo de acuerdo con sus conocimientos técnicos y científicos. Las testificales seguirán celebrándose a puerta cerrada, como determinó el tribunal, entre otras razones, para “salvaguardar” a la víctima y a los procesados “de una indeseada e indeseable exposición pública, aireando aspectos relativos a su intimidad corporal y vida sexual que pertenecen a la esfera personal”. Las defensas intentarán establecer que de los vídeos se desprende cierta “iniciativa” por parte de la víctima en un determinado momento de la supuesta violación. Los informes de la acusación servirán para aclarar que el comportamiento de la joven se encuentra dentro del cuadro de shock descrito por ella misma cuando entendió lo que ‘la manada’ iba a hacerle dentro del portal. Tomando en cuenta estos criterios técnicos, los jueces tendrán que valorar la prueba y determinar si se trató de una violación o de sexo consentido.