La Comisión Ejecutiva del PSOE ha convocado a la militancia a una consulta sobre el acuerdo de gobierno suscrito con Sumar y también los acuerdos con otras formaciones políticas, que permitan la investidura del Secretario General como presidente del Gobierno. A esa convocatoria se ha añadido la intervención del propio Pedro Sánchez en el Comité Federal del partido, manifestándose a favor de la amnistía en Cataluña por los hechos del procés.
Aunque se ha apuntado por algunos tertulianos que la palabra amnistía no figura en la pregunta que se formula y que, por ello, se pretendería ocultar, es totalmente evidente que la amnistía está implícita y que los y las socialistas saben que van a votar una propuesta que tiene dos elementos complementarios, el acuerdo con Sumar y los acuerdos con los partidos nacionalistas e independentistas, que incluyen la amnistía a los afectados por aquellos acontecimientos. Quizás podría haberse recogido expresamente, pero nadie puede decir que está oculta, pues es uno de los elementos clave de la ecuación.
Creo que hay muchas razones para votar afirmativamente y posibilitar la investidura y la formación de un nuevo Gobierno progresista. Razones que en mi caso no se basan ni en la “sumisión acrítica al líder”, como alegan las derechas, pues no la he practicado nunca en cincuenta años de militancia, ni tampoco en ese argumento tan etéreo de no cuestionar la legitimidad del secretario general, sino en el convencimiento pleno de que esos acuerdos son muy positivos para el país en su conjunto, singularmente para los trabajadores y trabajadoras y para la convivencia general en España, y que la formación de un Gobierno de coalición que continúe la labor del actual será una muy buena noticia para los españoles.
Tres razones fundamentales me mueven a ello. La primera, el propio programa acordado con Sumar. Un programa de izquierdas, si se quiere incluso en algunos aspectos moderado, que tendrá que aplicarse en un probable escenario de ajuste fiscal impuesto por la Comisión Europea. Programa que sigue avanzando de forma nítida en derechos sociales, los que más afectan a la mayoría de los ciudadanos, y sobre el que quisiera destacar varios aspectos.
Ante todo las propuestas laborales. Entre ellas, en el marco del diálogo social y con el objetivo de alcanzar el pleno empleo, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales a implantar a lo largo de dos años; la mejora del despido para los trabajadores y trabajadoras tanto en cuanto a su indemnización como reforzando su causalidad, aspectos que quedaron pendientes de modificar de la reforma laboral del PP de 2012; el crecimiento del SMI acompasado al 60% del salario medio; y una medida que ha pasado más desapercibida como es el impulso de la participación de los trabajadores en la empresa, siguiendo la estela de la cogestión que existe en algunos de los países europeos más desarrollados, como Alemania, Austria o Suecia. Además del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y el aumento de las pensiones mínimas y no contributivas. Y el mantenimiento y refuerzo de la agenda feminista, referente hoy en el mundo, y la garantía de la diversidad.
Por otro lado, la continuidad de una agenda verde en España y en la UE, de la que nuestro país viene siendo líder, profundizando en la línea de una transición justa que no deje atrás a nadie ni a ningún territorio.
Una política de apoyo y mejora de los servicios públicos de educación y sanidad, competencias de las CCAA, con una medida estrella de promoción de un parque público de viviendas para alquiler asequible, que llegue hasta el 20% del parque total de viviendas, junto con el mantenimiento de mecanismos de regulación de los alquileres. Aunque se sigue echando de menos la propuesta de una banca pública, instrumento clave para el parque de vivienda pública en alquiler.
Y para todo ello una fiscalidad justa, con la reforma global del sistema fiscal español para mejorar la progresividad y acortar la brecha respecto a la media europea, con medidas muy concretas, entre ellas alcanzar el 15% efectivo en el impuesto de sociedades y el mantenimiento de los gravámenes sobre la banca y empresas energéticas.
Una segunda razón del apoyo a estos acuerdos tiene que ver con las propuestas que se hacen en relación con la cuestión territorial y el problema catalán. Los resultados del 23J y su proyección parlamentaria conllevan dos consecuencias: la posibilidad de integrar a los partidos independentistas en la gobernación de España y la continuidad y profundización en las políticas que sobre Cataluña ha desarrollado el actual Gobierno de coalición, entre ellas la de los indultos, cuyos efectos han sido tan positivos para la convivencia en Cataluña, con una más que notoria disminución de la tensión social, de lo que es también buen exponente el éxito electoral del PSC.
Por eso hay que seguir avanzando en la misma dirección política y, en este contexto, se plantea la opción de la amnistía como forma de ejercer el Estado democrático el derecho de gracia y como solución a un aspecto del conflicto que sigue vivo.
Soy de los convencidos de que una medida de este tipo significa “seguir avanzando en el reencuentro para superar las heridas aún abiertas”, en expresión del propio Pedro Sánchez. Reencuentro entre catalanes y reencuentro entre Cataluña y el resto de España. Porque uno de los objetivos que los socialistas debemos seguir persiguiendo es que una parte importante de la ciudadanía catalana que apoyó el proceso independentista vea otra vez posible y positivo sentir la doble identidad catalana y española, lo que requiere diálogo, negociación y acuerdo.
Se trata en definitiva de abordar la cuestión catalana y el problema de la plurinacionalidad y, más ampliamente, el modelo territorial español desde la perspectiva de la España plural, y ello exige diálogo y entendimiento.
Y hay una tercera razón de fondo que me mueve a apoyar decididamente los acuerdos: la necesidad de que España siga manteniendo una posición de liderazgo en Europa, liderazgo en el impulso a una UE que profundice en su integración política y económica, liderazgo en la lucha contra el cambio climático, liderazgo en la defensa de la paz y los derechos humanos en conflictos como el que actualmente enfrentan a Israel y el pueblo palestino. Sólo un Gobierno encabezado por los socialistas está en condiciones de mantener esa posición, frente a la expansión de la extrema derecha en Europa y el condicionamiento que supone para el posibilismo de la derecha popular europea.