La banda armada ya es una banda desarmada. No existe el concepto jurídico de banda desarmada que ya no delinque. Es evidente que las circunstancias han cambiado y no tiene sentido pretender que no lo han hecho y menos asegurar que esto no sucederá hasta que se cumplan una serie de requisitos que el Estado de Derecho no exige a nadie.
Más allá de los muertos y la sangre y el terror y la división de una sociedad, el terrorismo de ETA nos ha infligido otros daños. No es el menor de ellos la creación de toda una estructura legal excepcional para combatirlo. En España se ha plantado cara al terrorismo con las leyes -la mayoría de las veces- pero es necesario recordar que con leyes especiales y con restricciones de derechos y libertades excepcionales y diferentes. En otras ocasiones, bochornosas y dolorosas, se ha hecho saltándose el Estado todas esas barreras de la legalidad para comportarse como un delincuente tan terrible como ellos. El terrorismo de Estado fue un episodio terrorífico del que sí parece haber muchos dispuestos a pasar página.
No es baladí recordar que de alguna manera nuestras instituciones jurídico-políticas dieron por bueno que en la lucha contra ETA el fin justificaba los medios, y que muchos de esos medios pasaron por armar una legalidad ad hoc que resultara práctica y efectiva para defender a la sociedad de un ataque que pretendía subvertir nuestros propios principios de convivencia. Se creó un tribunal especial, se adaptaron las leyes para permitir periodos de detención e incomunicación especiales, se admitieron cuestiones que se salvaron constitucionalmente con mucha voluntad -como las escuchas a los presos cuando comunicaban con sus abogados- y se saltó sobre el reglamento penitenciario para distribuir a los presos de forma dispersa y alejada de su lugar de origen.
Si toda esa armazón de lucha contra el terror producía aún algún efecto socialmente inaceptable -como la llegada legal de la excarcelación de algunos sanguinarios terroristas- se creaban doctrinas especiales que eran tan ad hominem que recibían nombre como la “Doctrina Parot”.
Cuando se descubrió que una parte importante del éxito de los asesinos tenía que ver con la existencia de una población de referencia que les proporcionaba sustento logístico, económico y moral; nació la teoría de los círculos de apoyo. Las actividades policial y judicial se dirigieron hacia el entorno para cegar vías de financiación y estrangular las actividades terroristas. El avance en los círculos fue muy eficiente, pero llegó a expandirse tanto que se precipitó a terrenos pantanosos, llegando incluso a aproximarse a una identificación entre quienes tenían una determinada ideología y quienes mataban para imponerla. Hubo episodios vidriosos y se llegó al cierre preventivo de diarios y otros negocios de los que luego los propios tribunales afirmaron que nada tenían que ver con ETA.
La banda está desarmada e inactiva. La disolución puede producirse de forma explícita o convertirse en una dilución. La cuestión es si vamos a comenzar ya -ahora que el Estado de Derecho no está amenazado- a recobrar la normalidad y a recuperar esos fragmentos de legalidad y de derechos y libertades que hemos dejado por el camino. Lo digo porque tipos penales con un encaje muy forzado en democracia se están aplicando ahora alegremente a ciudadanos que no tienen nada que ver ni lo han tenido nunca con la ya banda desarmada. Comenzamos haciendo un artículo para evitar que les bailen aurreskus a los ex presos y terminamos mandando a la cárcel a Cassandra.
Por supuesto, está la cuestión de las víctimas que en ocasiones también se han sentido víctimas del sistema. Empatía, amor y cariño para ellas porque soportaron sobre sus espaldas el peso de no consentir que el asesinato cambiara nuestra forma de vida. Honor a ellas. No obstante, eso no significa que, como actores políticos o jurídicos, sus opiniones deban tener más peso o regir las decisiones que se adopten. Una víctima de cualquier delito nunca puede ver la realidad de forma objetiva ni se lo vamos a pedir.
No obstante, es preciso recordar que el objeto de la Justicia no es ni debe ser la venganza, y que muchas veces las decisiones que se deben tomar en términos de Derecho no son las que más agradan a la víctima de ningún delito.
Hubo un momento histórico en el que las víctimas se convirtieron en actores políticos y se dotaron de una voz común para intervenir en la vida pública. También hubo responsables políticos que utilizaron tal activo en su favor. Ahora que la violencia ha cesado, hay voces que afirman que el proyecto totalitario de ETA está “presente en las instituciones” o que “si no se derrota el proyecto político que sirve para matar, estaremos enseñando que matar sirve para algo”. Siento disentir en esto, que es pura política, de esas voces. La frase que nos ha acompañado en todo el valle de lágrimas que hemos atravesado como sociedad y como individuos ha sido: “en democracia no se puede matar para defender una idea”, pero nada sobre que algunas ideas estén proscritas en sí. Conviene pues no confundir que ETA quisiera imponer una idea matando -algo inaceptable- con el hecho de que tal idea no sea legítima y pueda defenderse de formas democráticas.
Veremos si los presos de ETA acaban por aceptar las posibilidades legales que les ofrece el sistema -hasta ahora la propia organización les instaba a no hacerlo- y en ese caso, la sociedad asistirá a cómo sus realidades penitenciarias se van aproximando a la del resto de los presos. Es preciso también acabar con una medida de conveniencia y utilitarista pero anómala como es el alejamiento de las cárceles próximas al País Vasco de estos reclusos. Deberíamos asumir también que personas sin delitos de sangre puedan acercarse a la jurisdicción para obtener sentencias de acuerdo y poder regularizar su situación.
A ningún preso se le exige que se arrepienta. Cada día salen de las cárceles asesinos que no han mostrado el mínimo atisbo de arrepentimiento y empatía pero que han cumplido su condena. Eso mismo es predicable también de los presos etarras. Si lo hacen, si colaboran de alguna manera, podrán obtener los beneficios al uso. La normalidad debe instalarse. No por ellos, no me malinterpreten, si no por todos los demás.
No escribo esto para defender el bienestar o los intereses de los terroristas si no los de una sociedad que ha tenido en su seno un tumor que ha sido extirpado y cuyo sistema inmunológico debe volver, poco a poco, a ser el de una sociedad sana. El camino está por andar, pero estamos ya en marcha.