El pasado 2 de marzo se publicó en el BOE la orden del Ministerio del Interior por la que se nombra jefe del Mando de Apoyo (Madrid) al teniente general D. Arturo Espejo Valero.
Hasta aquí, nada anormal ni llamativo, salvo por el 'detalle' de que el Sr. Espejo era uno de los guardias civiles encargados de la custodia de D. Mikel Zabalza. Zabalza fue detenido el 26 de noviembre de 1985 en una operación antiterrorista contra ETA y habría sido brutalmente torturado en el cuartel de Intxaurrondo, apareciendo su cuerpo el siguiente 15 de diciembre en el río Bidasoa. La versión oficial fue que Zabalza intentó escapar cuando era conducido por la Guardia Civil para localizar un zulo y saltó al río, donde desapareció. Zabalza no tenía ninguna relación con ETA, aunque esto sería absolutamente irrelevante en relación con las circunstancias de su muerte y las responsabilidades que de ello tuvieron que haberse derivado y que nunca se han exigido con una mínima seriedad.
Hubo muchas investigaciones periodísticas y algunas actuaciones judiciales, hasta que el caso se archivó provisionalmente en 1988 por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa por falta de pruebas. Posteriormente se publicaron varias noticias relativas a estos hechos, incluida la confesión de un guardia civil afirmando haber visto a Zabalza en el cuartel de Intxaurrondo y la transcripción de una conversación entre el entonces jefe de operaciones del CESID, D. Juan Alberto Perote, y el capitán de la Guardia Civil D. Pedro Gómez Nieto, en la que se referían a las torturas a que sometieron a Zabalza –y también a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala—, y su consideración de que su muerte fue resultado de tales torturas.
La transcripción de esta conversación fue examinada judicialmente en su día, pero no fue admitida como prueba por no tener “una mínima calidad convictiva”. Y solo ha sido en 2021 cuando se han podido escuchar estas escalofriantes grabaciones, lo que motivó que desde varias instancias se reclamara una nueva investigación y se produjera asimismo un debate parlamentario al respecto.
Investigaciones de otro tipo, amplias y profundas, han llevado al Gobierno Vasco a reconocer en 2022 a Zabalza como víctima de violencia política.
Se desconoce, desde luego, la concreta participación de Espejo en estos terribles delitos –doy por hecho que se produjeron, como ya casi nadie niega—. Y así lo ha dicho Grande-Marlaska respondiendo a una interpelación parlamentaria, en la que ha recordado que no hay ninguna resolución judicial concreta que impute a Espejo por dichos hechos. Cierto, ministro: ya lo sabíamos sobradamente, no es preciso que nos lo recuerde. No en vano esta y otras verdades siguen ocultas, cerradas bajo siete llaves gracias a la Ley 9/1968, sobre secretos oficiales que, en esencia, prevé que podrán ser declaradas “materias clasificadas” “los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”.
Una ley cuya reforma es imprescindible para conocer nuestra historia, incluso la más negra, y el papel de las instituciones en gravísimos hechos delictivos, así como para hacer justicia, a través de la verdad y la reparación. Una reforma que parecía haberse iniciado, pero que, por el momento, no avanza, siendo ya más que probable que no prospere en esta legislatura.
Y así, los documentos e informes relativos a la muerte de Zabalza, como otros muchos, siguen clasificados, cerrando toda posibilidad de avance en una investigación necesaria y permitiendo a Grande-Marlaska alardear en sede parlamentaria de la inexistencia de resolución judicial de imputación de Espejo y defender su nombramiento con este endeble y tramposo argumento. Naturalmente, sin documentos y otras pruebas no hay investigación y, sin ella, no hay imputación. De modo que el ministro puede seguir tranquilo por este lado. Pero tampoco habrá ni verdad ni justicia, lo que tampoco parece preocuparle mínimamente.
Pero ¿qué cabía esperar de este ministro? Un ministro que, cuando era magistrado instructor en la Audiencia Nacional, no cumplió su obligación de investigar —o promover su investigación— las torturas denunciadas ante él por varios detenidos. Y ello hasta el punto de haber motivado la mayor parte de las hasta ahora 11 sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que se ha condenado a España por no investigar aquellas denuncias. Sin olvidar un voto particular del magistrado Sáez Valcárcel –ahora en el Tribunal Constitucional– en el que consideró, en esencia, que el juez Grande-Marlaska no había adoptado las suficientes garantías materiales contra la tortura y los malos tratos.
No, no era esperable otra cosa del ministro. Pero sí habría sido razonable que este nombramiento no se hubiera producido, si en el Gobierno se respirara otro aire. Porque, ciertamente, lo verdaderamente sorprendente es que el Gobierno –más bien su presidente– carezca de la sensibilidad necesaria para evitar la comentada designación de Espejo. Un nombramiento que la familia de Zabalza ha considerado una “ofensa” y un “jarro de agua fría”, lo que es perfectamente comprensible. Tanto que hasta el propio secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en unas declaraciones que le honran, ha transmitido a esta familia su “indignación y vergüenza” por este nombramiento y su voluntad de solicitar al ministro la revisión de los procedimientos para evitar casos como este. Algo que la hermana de Zabalza ha agradecido públicamente por ser “reconfortante” la posición de Andueza.
Claro que, para reconfortar verdaderamente a la familia de Zabalza y a la ciudadanía en general, lo imprescindible es la defensa del Estado de Derecho en su integridad, deslegitimando tan graves delitos sin promover ascensos de personas implicadas en su comisión y no impidiendo o dificultando radicalmente su investigación, impulsando el conocimiento de la verdad mediante la aportación de todas las pruebas obrantes en sedes oficiales.
Porque el secreto favorece la mentira y la mentira supone impunidad. Una impunidad que solo proporciona seguridad a quien se vale de las instituciones y mecanismos del Estado para vulnerar los derechos humanos más básicos de la ciudadanía. Los derechos de Mikel Zabalza, los míos y los de ustedes.