En los planes hidrológicos vigentes se indica que en España hay actualmente del orden de 4.100.000 hectáreas de regadío, a lo que hay que añadir el regadío ilegal, que siempre se ha estimado que estaba en torno a un 5-10 % más, pero según estudios recientes realizados en algunas zonas del país, como son el entorno de Doñana, Daimiel y el Mar Menor, el regadío ilegal podría ascender al 30%. De esta manera, el regadío real existente en nuestro país se situaría como mínimo por encima de los cuatro millones y medio de hectáreas.
Según el INE, el regadío supone el 85% del consumo total de agua en España. Pero esta cifra, de por sí ya muy elevada, es sin tener en cuenta los retornos (el agua que vuelve al sistema después de usarse). Si los tenemos en cuenta, nos encontramos con que el abastecimiento a poblaciones tiene un retorno superior al 80% mientras que en el regadío es tan sólo del 10% y bajando, dada la proliferación de los cultivos de leñosos, que disponen en su mayoría de riego por goteo. De esta manera, el consumo neto real de agua del regadío se situaría entorno al 93% del consumo total de agua.
El regadío sigue creciendo en nuestro país. Castilla-La Mancha es la región donde más ha aumentado, habiendo crecido la superficie regada del orden del 65% en los últimos 25 años, seguida de Andalucía y Extremadura. De hecho, Castilla-La Mancha es ya la segunda comunidad autónoma de España con mayor superficie regada, con 582.767 hectáreas en 2021, solo superada por Andalucía.
Es especialmente preocupante el aumento exponencial que están teniendo los cultivos de regadío intensivo de leñosos, que hasta hace algo más de tres décadas eran sólo de secano, como es el olivar, el viñedo y el almendro.
Resulta sorprendente que, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el cultivo en regadío que actualmente ocupa más superficie en nuestro país sea el olivar, con 875.531 hectáreas en 2021. Hay también 397.651 hectáreas de viñedo en riego, 139.399 de almendro, y el pistacho, el último cultivo leñoso incorporado al regadío, que se sitúa ya en torno a las 20.000 hectáreas.
Las consecuencias ambientales de esta explosión del regadío están siendo ambientalmente desastrosas. En Andalucía el nivel actual de los embalses se sitúa por debajo del 30%, cuando para estas fechas, inicios de la primavera, deberían estar a más del 63%. Y en el Parque Nacional de Doñana este verano se secaron todas las lagunas, siendo la principal causa de ello la sobreexplotación de los acuíferos, por delante de la falta de lluvias, dado que se trata de lagunas directamente conectadas con el nivel freático. Y a pesar de ello, el Gobierno de la Junta de Andalucía pretende legalizar más de 1.400 hectáreas de regadío ilegal en el entorno de este espacio protegido, haciendo caso omiso de las advertencias que está recibiendo de la Comisión Europea.
En Castilla-La Mancha la sobreexplotación de los acuíferos se intensifica. El complejo lagunar de Daimiel y la Mancha Húmeda en general están prácticamente muertos, e incluso los humedales que se abastecían de las aguas residuales depuradas, están viendo perder la mayor parte del agua por la apertura de nuevos pozos en su entorno, como ocurre en la laguna de Navaseca, cercana al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. En Castilla-La Mancha además se están abriendo numerosos pozos ilegales, y de muchos de los legales existentes se extraen bastantes veces más de agua de lo autorizado, como ocurre en las provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real. En esta última, el Seprona indicó recientemente que el 99% de los pozos que han inspeccionado tenían los contadores trucados, para no contabilizar el agua que extraen por encima de los 7.000 m3 anuales para los que tienen autorización ese tipo de pozos. En la provincia de Cuenca existen procedimientos judiciales abiertos contra importantes explotaciones de regadío, a raíz de denuncias puestas por el Seprona por ese mismo motivo, extrayéndose de algunos de esos pozos bastantes veces más de agua de lo autorizado.
Son numerosos los ríos a los que los regadíos les priva totalmente de su caudal, dejándolos secos, como le ocurre al río Dílar, en Granada. Y en general el estado de los acuíferos de nuestro país ha empeorado en los últimos años, tal y como se indica en un informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Además, la proliferación del regadío produce otros daños ambientales adicionales, pues conlleva el uso masivo de fertilizantes y plaguicidas, contaminando, a veces de manera casi irreversible, acuíferos y aguas superficiales. Esta contaminación provocada por el regadío, unida a la que producen las macrogranjas intensivas, es la responsable de que el agua de abastecimiento doméstico de más de un millón de personas en nuestro país, contenga niveles de nitratos por encima del máximo establecido en la normativa vigente. Un ejemplo reciente de sus efectos ambientales lo tenemos en la destrucción del Mar Menor (Murcia) por los grandes aportes de nitrógeno y fósforo que reciben, procedentes mayoritariamente de fuentes agrarias, y que probablemente sea uno de los mayores desastres ecológicos acaecidos en España en las últimas décadas.
Por todo ello, podemos considerar a la expansión del regadío como la mayor amenaza actual para nuestro medio natural, y que nos va a llevar directamente a un colapso hídrico, que afectará especialmente a la mitad sur del país, y que se producirá cuando llegue la siguiente sequía plurianual. Para poder evitarlo, es esencial frenar la expansión del regadío y reducir la superficie actualmente regada en al menos un millón de hectáreas, pudiéndose alcanzar así un cierto reequilibrio hídrico y evitar que se produzca el colapso hídrico al que nos estamos dirigiendo. Esta reducción de la superficie regada en ningún caso afectaría a la soberanía alimentaria, pues actualmente el 75% de la producción hortofrutícola se destina a la exportación. Si no se adoptan ya estas medidas, las consecuencias ambientales, sociales y económicas para nuestro país van a ser desastrosas. Es necesario actuar ya, nuestro futuro está en juego.