Nobles de poca nobleza

Increíble, pero cierto. Hay 33 títulos nobiliarios expedidos por el dictador Francisco Franco plenamente vigentes a fecha de hoy.

El PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo para presentar una enmienda al proyecto de Ley de Memoria Democrática que los suprimirá, todo ello en el marco de la negociación con otros grupos políticos de este proyecto de Ley.

Hablamos de títulos nobiliarios concedidos por Franco al general Emilio Mola, el mismo que, conocido como “el director”, comandó el levantamiento contra la II República Española que devino en guerra civil, al general Queipo de Llano, responsable de las purgas en Andalucía y de la tristemente famosa “Desbandá”, que provocó una inmensa carnicería entre los que huían de Málaga tras la ocupación militar, o al general soriano Juan Yagüe, dispuesto a no dejar prisioneros vivos durante aquella contienda, y responsable de la terrible represión en Badajoz, matanza de la plaza de toros incluida.

Y esos títulos nobiliarios, otorgados a personajes notorios del franquismo, fueron concedidos de acuerdo con un decreto de 18 de julio de 1948, cuya literalidad hoy nos movería a risa si obviáramos la tragedia que hubo detrás. Dice así el decreto firmado por Franco: 

“La Cruzada que España sostuvo durante tres años en defensa de Dios y de la Patria contra todas las fuerzas de la secesión política y social confabuladas para destruirla y contra los enemigos de la civilización cristiana, sirvió también para exaltar las egregias calidades de un pueblo que desde los albores de su historia y en todos los momentos cruciales de la humanidad ha sabido mantener enhiesta la bandera de los más altos valores del espíritu”.

Franco se creía con poder para otorgar títulos nobiliarios, porque en virtud de la Ley de Sucesión de 1947, “España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino” y, sin prisa alguna, ya iría buscando la solución a su sucesión en ese reino una vez muerto, de viejo, claro. Así lo expresó en la misma ley:

“En cualquier momento el Jefe del Estado podrá proponer a las Cortes la persona que estime deba ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey o de Regente, con las condiciones exigidas por esta Ley, y podrá, asimismo, someter a la aprobación de aquéllas la revocación de la que hubiere propuesto, aunque ya hubiese sido aceptada por las Cortes”.

Eso se llama hacer leyes como Dios manda, primero yo y después yo y, en otro caso, la revoco, y no este lío actual de tener que consensuar con uno, con el otro, o con el primo de aquel. Por eso tenía Franco ese repelús a la democracia, siempre que no fuera orgánica.

Muerto el generador de títulos nobiliarios, su sucesor, de acuerdo con la Ley de Sucesión de 1947, Juan Carlos I, cerró el círculo de manera magistral el 26 de noviembre de 1975, seis días después de la muerte de su predecesor y egregio elector, instituyendo el ducado de Franco para premiar a la familia con el título nobiliario más alto. Decía así Juan Carlos I en la orden de nombramiento:

“Deseando dar una muestra de mi Real aprecio a doña Carmen Franco Polo, Marquesa de Villaverde, y en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren, Vengo en concederle la Merced Nobiliaria de Duquesa de Franco, con Grandeza de España, para sí, sus hijos y descendientes, exento de derechos fiscales en su creación y en la primera transmisión”.

En ese interregno predemocrático,  preconstitucional, pero postFranco, y en la misma fecha, el Rey también otorgó por decreto el Señorío de Meirás, con grandeza de España, a la esposa del propio dictador, Carmen Polo de Franco. Este título iba a ser para una única titular, la viuda de Franco. Pero a su muerte en 1988, el nieto mayor reclamó el señorío y Juan Carlos I firmó un nuevo decreto por el que se le concedía el susodicho señorío.

Un ingenuo de hoy en día, se preguntará cómo es posible que en 2021 se mantenga un statu quo que viene directamente del levantamiento de los militares sublevados contra el orden legal republicano, y la consiguiente Guerra Civil, que dio al dictador 40 años de poder absoluto.

Pues es que, en el camino, hubo una transición y no una ruptura con el régimen anterior, que hizo borrón y cuenta nueva con el pasado. Y en ese borrón y cuenta nueva, quedaron vigentes realidades inadmisibles como la de los nobles de poca nobleza creados por una dictadura casi eterna. La Transición se hizo desde la generosidad de los perdedores de la Guerra Civil y el pragmatismo de algunos ganadores, y en contra de nostálgicos del régimen que querían perpetuar los “40 años de felicidad”, como dijo el militar golpista Antonio Tejero, que fueron para muchos los años de la dictadura de Franco.

Los nobles de poca nobleza se mantienen ahí presentes como rémora de un pasado dictatorial, y recuerdo constante de que en algunos aspectos, cuando Franco dijo aquello de que “todo ha quedado atado y bien atado”, tenía buena parte de razón.