La actividad minera es de las actividades humanas más impactantes que existen, afectando a bosques, campos de cultivo, contaminando las aguas superficiales y subterráneas, contaminando también el aire, y dejando tras de sí el territorio completamente devastado, especialmente la minería a cielo abierto.
En los últimos años se ha producido un boom de la minería en España, que tiene su origen en el elevado precio alcanzado por los metales en los mercados internacionales, pero también es debido a que la actual Ley de Minas ha hecho de nuestro país un auténtico “paraíso minero”. Efectivamente, la Ley de Minas vigente nuestro país es una ley que se aprobó en 1973, que no tiene en cuenta los aspectos ambientales y sociales, y donde la influencia de las empresas mineras de entonces resulta más que evidente.
Actualmente existen centenares de proyectos de apertura de nuevas minas en España que, como hemos indicado anteriormente, la mayoría son a cielo abierto, debido principalmente a lo barato que resultan los movimientos de tierras. Ello va a traer consigo que miles de hectáreas de nuestro país sean completamente arrasadas por este modelo de explotación tan impactante que, entre otras cosas, condenará a la denominada “España vaciada” a que se vacíe aún más.
Con el fin de evitar este desastre, Ecologistas en Acción elaboró una propuesta de reforma de la Ley de Minas, en la que se incluían una serie de modificaciones encaminadas a que se tuvieran más en cuenta los aspectos medioambientales y sociales. Una de las más importantes era que quedase excluida de la actividad minera la Red Natura 2000 (los espacios protegidos), las reservas naturales fluviales y las zonas de captación de agua potable. De hecho, nuestro vecino Portugal modificó su normativa el pasado año, excluyendo las actividades mineras de la Red Natura 2000.
También pretendía que el agua mineral embotellada dejase de depender de la Ley de Minas y pasase a regularse desde la Ley de Aguas, lo cual parece bastante sensato.
La reforma de la Ley establecía también la creación de un “canon de explotación” del 10%, gravando “el valor de lo extraído una vez realizado el primer tratamiento de depuración y separación cada año de explotación.” También se establecía que “los fondos recaudados se destinarán a la protección de la geodiversidad”. Tampoco esta medida es muy novedosa, pues de hecho ya en la Ley de Presupuestos de 1876 se fijó un impuesto sobre la riqueza bruta minera, que gravaba el valor del mineral en mina y que estuvo en vigor hasta 1935.
Como podemos apreciar, la reforma de la Ley de Minas presentada, tampoco incluía modificaciones y medidas que pudieran calificarse precisamente de “revolucionarias”.
Ecologistas en Acción presentó esta propuesta de modificación de la Ley de Minas a todos los grupos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, solicitándoles que la asumiesen como propias y la tramitasen. Únicamente el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos accedió a ello, asumiéndola e iniciando su tramitación.
Frente a la misma, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera, elaboró un informe (la respuesta del gobierno) descalificando la reforma de la Ley de Minas propuesta, argumentando que hacen falta minerales, y negándose incluso a la exclusión de la Red Natura 2000 de la actividad minera, dada “la imposibilidad de reubicar un recurso minero”. ¿Y si ese recurso apareciese debajo del Parque Nacional de Doñana o del propio parque del Retiro? ¿también podría extraerse?
El Ministerio en su informe fue mucho más lejos de lo que lo hubiesen hecho las propias empresas mineras, despreciando por completo la protección del medio ambiente, y los intereses y derechos de la población rural.
El pasado día 21 de junio se discutió en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la reforma de la Ley de Minas, presentada de manera brillante por parte del diputado de Unidas Podemos Juantxo López de Uralde, en cuya intervención dejó claro en todo momento que no era una reforma de la Ley para impedir la minería en España, sino para que también se tuvieran en cuenta los aspectos medioambientales y sociales. Sin embargo, la respuesta de los principales grupos parlamentarios: VOX, PSOE, Cs y PP fue de rechazo total a esta modificación de la Ley de Minas, siendo especialmente virulenta, y echando mano curiosamente todos ellos de varios de los argumentos utilizados en su informe por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los diputados/as intervinientes de esos partidos mantuvieron en todo momento un discurso desarrollista, de defensa de la actual Ley, y mostrando desprecio hacia los aspectos medioambientales y hacia las personas del medio rural que sufrirían las nuevas explotaciones mineras. Por cierto, las intervenciones de las representantes del PNV y de Junts per Cataluña también fueron en el mismo sentido, aunque empleando menor virulencia.
Resultó especialmente lamentable la intervención del diputado del grupo socialista, argumentando que el Gobierno está trabajando el tema minero en “un contexto mundial”, sin atender exclusivamente a particularismos nacionales; también recalcó que la transición energética necesita nuevos minerales y conviene combinar “aspectos medioambientales con procurarse la autosuficiencia en materias primas”; y también criticó que el redactado de la Ley se ha elaborado “sin contar con los demás actores”, en alusión a las administraciones públicas y el sector privado. Vamos, un discurso en el que se destila el apoyo total a la actividad minera en cualquier lugar de nuestra geografía, sin tener en cuenta aspectos ambientales o sociales que pudieran entorpecerlo.
El pasado 23 de junio, los grupos parlamentarios de VOX, PSOE, Cs, PP, PNV y Junt per Catalunya rechazaron mediante votación la toma en consideración de la reforma de la Ley de Minas. Ni siquiera se dignaron a discutir el texto e introducir en el mismo modificaciones. Simplemente se negaron a que se modificase la actual Ley de Minas.
Resulta sorprendente lo cómodos que se encuentran todos estos grupos parlamentarios (VOX, PSOE, Cs, PP, PNV y Junts per Catalunya) y el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con una Ley de Minas franquista, que cuando en el momento que se aprobó ni siquiera se empleaban las palabras “medio ambiente”. Pero resulta especialmente lamentable la actitud del este último. El Ministerio, en todo lo referente a minería, únicamente tiene en cuenta los intereses de las empresas mineras, sin tener en consideración la repercusión de la minería sobre el medio ambiente y sobre la población que habita en el medio rural.
La ministra Teresa Ribera, con su rechazo y bloqueo a esta reforma de la Ley, ha hecho que se pierda una gran oportunidad para modernizar nuestra actual Ley de Minas, y es muy posible que pasen bastantes años hasta que se produzca de nuevo una oportunidad similar. En los próximos años aparecerán a lo largo de nuestra geografía nuevos proyectos mineros, que amenazarán áreas rurales de interés natural y que generarán el rechazo de sus habitantes, al suponer una amenaza para su futuro. Sería bueno que supieran que en 2022 una organización ecologista y otra política intentaron cambiar la Ley de Minas, con el fin, entre otros, de evitar que esos proyectos sobre áreas naturales se llevasen a cabo, y que no fue posible por el rechazo frontal mostrado por las formaciones políticas antes mencionadas y por el Ministerio que, de manera que en este caso resulta un tanto irónica, se denomina para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.