No creo que sea una casualidad que el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, anuncie su intención de publicar una lista de defraudadores fiscales la misma semana en que está a punto de salir de la cárcel el informático francoitaliano Hervé Falciani, que en pocos días empezará a pasearse por las calles llevando en el bolsillo una lista con los nombres de cientos de españoles con cuentas opacas en Suiza.
En realidad, tanto el anuncio de Montoro como la liberación de Falciani –que lleva en prisión preventiva desde julio- debemos tomarlas con cautela. Aparte de las muchas veces en que un anuncio altisonante acaba quedando en nada, no extrañaría que la lista de Montoro, caso de hacerse realidad, dejase fuera a los campeones del fraude y se centrase en contribuyentes de medio pelo a los que Hacienda hace una paralela. Tampoco extrañaría que Falciani acabase extraditado a Suiza, país que quiere juzgarle por llevarse del banco HSBC un fichero con más de 130.000 cuentas de ciudadanos y empresas de varios países. En ambos casos, en la lista Montoro y la lista Falciani, puede acabar pesando el secreto bancario que opera en España.
Sí, yo también pensaba que el secreto bancario era una repugnante excentricidad de Suiza, pero se ve que en España también está vigente, casi más blindado que aquel, y con mayor extensión.
Por ejemplo, secreto bancario es todo lo que rodea al rescate de la banca, del que vamos sabiendo a cuentagotas. Hace unos días los responsables del FROB se despertaron con 40.000 millones en la cuenta, y parecían tan sorprendidos como si usted o yo encontrásemos ese pastón al pedir el saldo en el cajero. Tampoco las entidades que esperan el dinero saben ni cuándo ni cómo lo recibirán. Y en cuanto a la condicionalidad, aquella que nos prometieron que no era tal, la vamos conociendo según se aplica, como ya saben los miles de trabajadores que serán despedidos en las entidades rescatadas.
Secreto bancario es también el banco malo, cuya constitución está siendo todo lo enmarañada que hace falta para que los ciudadanos no nos enteremos de qué pasa ahí, cuánto nos va a costar la broma, ni qué pasará con los miles de pisos y terrenos que los bancos limpiarán de sus bodegas.
Y volviendo al principio, secreto bancario es el que protege a los cientos de españoles incluidos en la lista de Falciani. En Francia o Italia se han ido conociendo nombres de sus nacionales con cuenta en Suiza, pese a tratarse de peces muy gordos en algunos casos. En Grecia se publicó la lista completa en una revista, lo que supuso el procesamiento de su director, finalmente absuelto. Por el contrario, en nuestro país el secreto es total dos años después de que Francia entregase copia de la lista a las autoridades españolas.
Sólo supimos de Emilio Botín y familia, y gracias a que se puso denuncia contra él, no para empapelarle por evadir impuestos sino para impedir la prescripción de su caso mientras comprobaban el papeleo –y una vez regularizado, se archivó la denuncia-. Aparte del presidente del Santander, de un par de implicados en la Gürtel, y la sospecha sobre Artur Mas que tanto empozoñó la última campaña catalana, poco más sabemos.
Mientras en otros países la lista ha supuesto la persecución de los implicados, y otros como Estados Unidos esperan una visita de Falciani para actuar contra los suyos, en España el anterior gobierno usó la lista –que incluía 659 nombres- para hacer una regularización fiscal discretísima, dirigiéndose a los defraudadores y dándoles todo tipo de facilidades, lo que ha sido continuado por el actual gobierno con su amnistía fiscal.
El secreto es tal que ha alimentado unos cuantos bulos que circulan por las redes sociales, listados de políticos y empresarios muy conocidos pero que nadie puede comprobar por no conocer el contenido del fichero sacado por el informático del banco suizo.
Y con todo, la lista de Falciani sería solo la punta de un iceberg monstruoso. Se calcula en más de 50.000 millones de euros el dinero colocado en Suiza. Si pensamos que hay muchos otros paraísos fiscales tanto o más opacos que el helvético, ya sabemos dónde está el dinero que hoy nos recortan de la educación, la sanidad o la nómina.
Compárense esas cantidades con los escasos 1.200 millones recaudados por la última amnistía fiscal, pese a las facilidades que daba a los defraudadores. Entre otras cosas, la amnistía les garantizaba el anonimato en caso de colaborar –una vez más el dichoso secreto bancario-, y les ponía el contador a cero, de modo que una vez regularizada la situación no podrían ser ya investigados por el fraude pasado. Lo que significa que los amnistiados dejan de ser defraudadores, y se aseguran de no aparecer en esa lista de Montoro, caso de llegar a publicarse.
Nuestra última esperanza es que Falciani, una vez liberado, vaya a algún periódico o programa de televisión y dé nombres. Siempre y cuando los directivos del medio, sus accionistas o sus principales anunciantes, no aparezcan en la lista, claro. Que aquí somos todos muy respetuosos con el secreto bancario entre otras cosas porque ¿quién no tiene algún secretillo? Ay, pillines…