Venezuela ha vivido en este 2022 una previsible y lamentable estabilización del autoritarismo. Sus organizaciones de oposición están fragmentadas, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro ha “metabolizado” los efectos de las sanciones internacionales. El momento parece demandar una nueva teoría de cambio ya que la que se esgrimió en enero de 2019, con la proclamación de un gobierno interino, encabezado por Juan Guaidó, ha caducado.
Este país es un ejemplo de cómo los autoritarismos del siglo XXI se pueden imponer ante una sociedad que queda prácticamente indefensa. La táctica de usar mecanismos de represión y, a la vez, abrir ciertas rendijas, para que escape la presión, es funcional.
Es lo que ha pasado con la dolarización de facto que ha permitido que la escasez de bienes de consumo diario como la harina de maíz o leche se haya mitigado, se respire un alivio de las penurias colectivas, al tiempo de que el país por fin salió de la hiperinflación.
No obstante, la crisis de servicios es constante: en Caracas, la capital, tener agua corriente en el grifo es casi un lujo. Las rutinas de teletrabajo suelen ser interrumpidas por un sonoro grito: ¡pusieron el agua! Más de uno evita salir de casa si no ha podido ducharse y en otros casos el hedor, tanto en el hogar como en otros espacios, es insoportable. Mientras que en términos del índice de libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, según el Monitoreo mundial del Espacio Cívico, Venezuela es un país con un ambiente restringido, una categoría que comparte con otros países latinoamericanos, como Honduras, Colombia y México.
¿Pero cuál es el camino para lograr una democratización del país? ¿La crisis venezolana entró en el limbo? ¿Qué opciones son viables y realizables para incentivar la vuelta a la democracia? ¿ Qué rol puede jugar aún la comunidad internacional?
De acuerdo con las acciones más recientes de la oposición la ruta electoral es la más viable, aunque obviamente la más lenta y con un trayecto empedrado.
Un estudio nacional de opinión de la firma Delphos, dado a conocer en julio, halló que 72,5% quiere un cambio político a través de una elección. Esto pasaría por unas primarias, que es la discusión actual de las oposiciones; y luego participar en unas presidenciales que, según la ley, deben ser celebradas en 2024.
Los obstáculos para hacer unas internas implican asuntos técnicos, decisiones políticas y finanzas. Si esas vallas llegan a ser superadas aún faltaría la fase de las elecciones nacionales, las condiciones, y sobre todo, que el o la candidata de la oposición pueda convocar una mayoría para ganar. Aunque según las encuestas, el chavismo es una minoría, como cuerpo político es el que tiene mayor capacidad de movilización.
En otro estudio de opinión de la firma Datanálisis, ninguno de los presidenciables de la oposición, o que han expresado su intención de ser candidatos en una eventual primaria, supera el 25% de aprobación.
En todo caso, es positivo que la agenda electoral esté tomando vuelo en la dirigencia opositora que se abstuvo en las parlamentarias de 2020 y en las presidenciales de 2018. Estas últimas fueron las que llevaron al desconocimiento de la reelección de Maduro por países de la Unión Europea y los Estados Unidos. La oposición, sin embargo, optó por participar en los comicios regionales de 2021.
Celebrar elecciones ajustadas a los estándares internacionales es uno de los temas en la agenda de la mesa de negociación que se instaló en agosto de 2021 en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria. En octubre de 2021, la delegación chavista se levantó, hasta nuevo aviso.
En lo que va de año ha habido intentos unilaterales de revivir la mesa de México. La invasión a Ucrania impulsó un cambio en el gobierno de Estados Unidos que en marzo pasado envió a Caracas una delegación de alto nivel para hablar con Maduro. En adelante, en vez de acercarse la posibilidad de retomar la conversación, lo que se percibe es el desinterés del chavismo por este camino, mientras sigue buscando tener una relación directa con la administración de Biden y lograr que se flexibilicen más sanciones.
A mediados de junio otra comisión estadounidense viajó al país suramericano. Según Maduro, esta visita fue para dar “continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo y para darle continuidad a la agenda bilateral entre el Gobierno de EEUU y el Gobierno de Venezuela”.
La llegada de Gustavo Petro a la presidencia en Colombia ha generado expectativas encontradas. Aunque el nuevo mandatario tiene preocupaciones más urgentes, no puede escapar del hecho de que en su país hay casi 2,5 millones de venezolanos que han migrado en los últimos cinco años. Si bien Petro empezó a dar los pasos para reactivar las relaciones entre ambos países, aceptó que ningún representante de Maduro haya sido invitado a su toma de posesión.
El nuevo mandatario de Colombia ha dicho que necesita resolver, entre otras cosas, el estado de una empresa mixta colombo-venezolana, Monómeros, que produce fertilizantes y desde 2019 está bajo el poder del interinato opositor. El socio venezolano es la empresa estatal Pequiven, sobre la cual la oposición no tiene control. Eso ha encarecido los abonos que usa Colombia en sus campos.
Es apenas un ejemplo que denota la necesidad de que Petro se maneje con un pulso de filigrana si incluye entre su abanico contribuir, junto a otros pares latinoamericanos, especialmente de izquierda como Boric o Lula -en caso de ser electo-, para que Venezuela se reconduzca por el camino a la democratización.
Esa opción no depende solo de la visión particular de Petro, y de las necesidades de Colombia. En las primeras de cambio, el veterano político ha invertido mucho de su tiempo espantando fantasmas. Ha tenido conversaciones con Estados Unidos, un socio estratégico de Colombia, que no reconoce a Maduro como presidente, pero que ha flexibilizado su postura.
También la región ha cambiado políticamente y cada gobierno lidia con sus propios problemas, acentuados por el impacto económico de dos años de pandemia.
Sin embargo, no se pueden subestimar las capacidades de la comunidad internacional. Un ejemplo de ello es que la investigación que tiene abierta la Corte Penal Internacional sobre la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, puede haber incidido en que violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales se hayan reducido casi en más de 50%, aunque se mantenga la “política de alta letalidad por parte del Estado”, según un estudio de la ONG Provea.
También la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos han documentado las constantes violaciones a los derechos humanos.
Un proceso electoral presidencial en Venezuela con estándares internacionales requiere una serie de condiciones. Algunas de ellas han sido identificadas por la Misión de la Unión Europea que estuvo en el país entre el 14 de octubre y el 5 de diciembre de 2021. La misión hizo 23 recomendaciones y advirtió sobre el patrón de “la falta de seguridad jurídica, que provocó la inhabilitación arbitraria de candidatos, el amplio uso de recursos del Estado en la campaña, el acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación, y la entrega de los símbolos y de la tarjeta electoral a facciones internas minoritarias de algunos partidos políticos”.
Las capacidades de resistencia de los venezolanos siguen siendo admirables. En el reducido espacio cívico que aún pervive hay distintas iniciativas de sociedad civil que mantienen las banderas alzadas. Para que esos brazos no terminen por agotarse, los actores internacionales, especialmente de izquierda democrática, como Petro, pueden hacer alguna diferencia.
Los cambios políticos en la región son un desafío y una oportunidad. Maduro tiene mucho más oxígeno, pero que respire en el poder a costo de las vidas y de las libertades no es lo ideal. Si Venezuela logra avanzar en una salida pacífica, electoral que promueva un cambio hacia la democratización se podrá generar un gran precedente. No es nada sencillo, pero tampoco imposible.