Ibiza y Mallorca, las islas turísticas con alquileres prohibitivos para trabajadores
Ibiza y Mallorca se han convertido en zonas prohibitivas para los trabajadores que quieren alquilar un piso. El precio de la vivienda está expulsando a empleados de la hostelería, pero también a sanitarios, maestros, policías o vigilantes de seguridad. La problemática empieza a afectar a los residentes, que ya no pueden vivir en su tierra por la escalada de precios: los datos de Idealista (no hay datos oficiales de alquiler) muestran que el precio del alquiler en Baleares en abril de 2019 es de 13,1 euros por metro cuadrado, mientras que la media española es de 10,8. El precio del alquiler ha ido subiendo desde octubre de 2015, cuando el precio del metro cuadrado era de 8,2 euros.
Según informa la Policía, algunos de las personas que residían en el edificio en obras que se incendió el pasado lunes en Ibiza eran trabajadores. En esta edificación, que acumulaba grandes cantidades de basura, residían marroquíes empleados en la hostelería. Todavía no están claras las causas del suceso y el único detenido es un hombre, acusado de maltratar a su pareja, a quien al parecer encerraba en el piso mediante la colocación de candados. Ella falleció en el accidente, mientras que otras ocho personas resultaron heridas.
“Es una situación terrible, la mayoría son personas normales, que trabajan 40 horas a la semana y vienen a buscar alimentos a Cáritas porque si no no pagan el alquiler”, comenta Gustavo Gómez, coordinador de Cáritas Ibiza. Gómez afirma que la precariedad laboral está empujando a más personas hacia la exclusión social y recuerda historias que “te dejan con la boca abierta”. Por ejemplo, menciona que “muchos duermen en el coche y se apuntan al gimnasio solo para ducharse”.
Gómez recuerda el caso de una mujer que acudió a Cáritas “contenta” porque había alquilado un piso aunque con “poca intimidad”. Era un cuarto de baño con una cama. El coordinador de Cáritas Ibiza, entidad ha ayudado a los afectados por el incendio, también hace referencia al caso de un alemán residente en el edificio que se quemó. “Es una persona con estudios que trabaja en la hostelería y que perdió su perro en el accidente”, cuenta.
Con 62 años y compartiendo piso
Silvia es otra de las afectadas, en este caso en Mallorca. Esta camarera de piso de 62 años se separó hace dos y tuvo que empezar de cero. Su sueldo de 'kelly' no le permite alquilar: cobra unos 1.400 euros en temporada alta, pero entre octubre y marzo solo recibe el subsidio de desempleo, unos 400 euros. Los precios del alquiler son prohibitivos para ella -no encuentra pisos por debajo de los 1.000 euros en Mallorca- y, además, los caseros piden entre 3 y 4 meses de fianza. “Es cuestión de sobrevivir, una carrera de obstáculos; no sé si acabaré empadronada bajo un puente”, lamenta.
Ahora comparte piso. “Voy a cumplir 62 años y comparto una casa, me gustaría tener una normal”, comenta. Silvia tiene un techo donde dormir, pero no está empadronada en su casa, por lo que dentro de tres meses, cuando le caduque el empadronamiento en su anterior hogar, no podrá acceder a los servicios básicos, como sanidad o educación. “Cualquiera no te da un empadronamiento, mucha gente alquila la habitación, pero no está declarado”, comenta. La camarera de piso recuerda ofertas de alquiler abusivas: colchones en la terraza o sofás por horas.
Subalquilada por una “mafia”
La problemática del alquiler golpea especialmente a Ibiza, aunque sus efectos ya se hacen notar en Mallorca. Para Francisco José Castillo, coordinador de la plataforma Alquiler Digno Balears, es verdad que en Baleares “hay trabajo”, pero “los grandes tenedores se aprovechan de la necesidad de las personas que tienen que trabajar honradamente para sacar beneficio”. Castillo denuncia que se estén alquilando terrazas y furgonetas para dormir y lamenta que muchos afectados no cuenten su situación en público por “miedo a las represalias” de los caseros.
Este es el caso de Ana (nombre ficticio), quien pide mantenerse en el anonimato. Paga 800 euros por un piso en Ibiza que alquiló, según relata, a una mafia italiana. “Firmé un precontrato con una mujer, después me llamó otra diciéndome que esta mujer lo estaba subalquilando”, comenta. Cuando caducó el contrato en abril le ofreció otro piso por 4.500 euros, pero Ana no podía hacer frente a ese pago. “Un trabajador no puede vivir aquí”, resume.
“Mi bebé no puede dormir debajo de un puente”
La situación de Juan Carlos, residente en Ibiza, es extrema: no tiene el permiso de residencia actualizado, trabaja “en negro”, su mujer está enferma y la casera les ha denunciado para echarles del piso. Pagan 800 euros, no deben nada a su arrendadora, pero ella espera ganar más dinero con otros inquilinos. “No le importa que mi mujer esté hospitalizada ni que tengamos un bebé, dice que se quedará con la fianza y que embargará el sueldo de mi esposa”, lamenta Juan Carlos. “Nosotros podemos dormir debajo de un puente, pero mi bebé no”, añade.
María José Ordóñez también es víctima de la especulación: aunque pagó rigurosamente el alquiler, el casero aumentó el precio en 350 euros. Como ella no podía pagarlo, fue desahuciada. “Sufrí un desahucio violento con cargas policiales, pero durante los 21 meses anteriores la inmobiliaria, el abogado y el dueño del piso ya me habían acosado para que me fuera”, asegura. María José no pudo sacar sus objetos personales por el desahucio y, tras verse sin nada, decidió compartir piso y fundar el Sindicat de Llogaters Mallorca, del cual es presidenta y portavoz.
No existen datos oficiales sobre el precio del alquiler en Ibiza ni en el resto de Baleares y, a nivel estatal, tampoco existe un índice de alquiler oficial, a pesar de que el Ministerio de Fomento se ha comprometido a ello durante las negociaciones sobre el decreto de vivienda pactado con Unidas Podemos. Los datos oficiales que existen se refieren a la compra de vivienda, algo que tampoco es sencillo en el archipiélago: según el INE, el precio de compra de vivienda en Baleares en 2018 aumentó un 6,4% y, según el IBESTAT, el precio medio del metro cuadrado es de 262,4 euros el metro cuadrado.
El informe de 2018 del Observatorio de Vivienda y Suelo, dependiente de Fomento y que utiliza datos de Fotocasa y de Idealista, señalaba a Catalunya, Madrid, País Vasco y Baleares como las Comunidades Autónomas con rentas de alquiler más elevadas. En el archipiélago, el precio medio de oferta era de 9,7 euros por metro cuadrado al mes, según Fotocasa, y eldato sube hasta 12,5 para Idealista. La media en España era de 8,2 euros por metro cuadrado al mes en Fotocasa y de 9,7 en Idealista. La información de los depósitos de fianza apunta que la cuantía media del arrendamiento en las islas era de 618 euros, frente a los 748 que se paga de media en Madrid, la zona más cara.
Si se hace una breve búsqueda por el portal Idealista solo se encuentra un piso por menos de 1.000 euros. La dificultad para encontrar alquiler ha aumentado en los últimos años por la reconversión del alquiler residencial en alquiler turístico y por el aumento de la población flotante. Según los datos del IBESTAT, el Índice de Presión Humana en agosto de 2018 en Ibiza y Formentera fue de 350.331 personas, más del doble del censo (156.875 personas).
El Govern, competente en materia de vivienda, lucha contra esta problemática a través de la Ley de Turismo y la Ley de Vivienda, aprobadas en la legislatura que está por terminar. La primera obliga a que todos los pisos turísticos tengan licencia -el Govern ha iniciados expedientes sancionadores contra empresas como HomeAway por ofrecer alquiler ilegal- y permite a los Ayuntamientos prohibir de facto el alquiler turístico, como sucede en Palma o en la isla de Ibiza. Además, el Govern ha conseguido que se hayan dado de baja 5.439 plazas de la bolsa de alquiler turístico en Mallorca.
La segunda ley ha permitido al Ejecutivo ofrecer ayudas al alquiler –en 2018 fueron de hasta 900 euros– y perseguir a los grandes tenedores, aquellos que hacen negocio con la vivienda y que tienen más de 10. Ya se han registrado más de 1.200 residencias y aquellas que lleven más de dos años vacías deben ser cedidas durante siete años al Govern para destinarlas al alquiler social. “No pueden especular”, comenta Eduard Vila, director general de Arquitectura y Vivienda. Vila también recuerda que está en marcha un plan de construcción de 700 viviendas en Ibiza.
“La situación es de emergencia habitacional, afecta a familias que tienen que irse de la isla, pero también a servicios públicos y al turismo”, asegura Vivana de Sans, consellera d'Habitatge del Consell Insular d'Eivissa, quien no tiene competencias en la materia. Desde el organismo dan orientación jurídica gratuita y han declarado la isla libre de pisos turísticos. A nivel personal, de Sans asegura que ha negociado con entidades bancarias y ha ayudado a paralizar 55 desahucios.
