La Fiscalía le avisó en junio, noviembre y diciembre de 2020. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, contó en una comparecencia en el Congreso cómo avanzaban las pesquisas. Entretanto, los avances de las investigaciones abiertas contra Juan Carlos I han sido puntualmente relatados por los medios. Más de un año en el que el rey emérito ha sabido de las causas en su contra y ha regularizado el dinero para tratar de atajarlas, sin que la Justicia haya dado aún el paso de imponerle la condición de investigado.
Esos avisos en público y privado han añadido un obstáculo más a una causa ya de por sí muy compleja, por la situación excepcional de su protagonista. La Justicia ahora no solo tiene que intentar profundizar en los oscuros negocios del monarca, sino que también deberá determinar si las regularizaciones que ha hecho anulan las causas penales en su contra, o si, por contra, las hizo cuando ya sabía que le investigaban y por tanto no cierran la vía judicial y abren nuevas vías a los investigadores.
La primera comunicación que tuvo el rey emérito por parte de la Fiscalía fue en junio de 2020. Según publicó el pasado lunes El País, fue la primera de las tres comunicaciones por escrito del Ministerio Público a Juan Carlos I. En aquella ocasión le informó de lo que todos los medios se lanzaron a publicar el 8 de junio: la Fiscalía del Supremo asumía la investigación sobre si cometió blanqueo y delito fiscal con las comisiones del AVE a La Meca.
Desde ese día, cuatro fiscales del Supremo dirigidos por Juan Ignacio Campos se pusieron a indagar en los pormenores de la donación de 65 millones de euros por parte de Arabia Saudí a Juan Carlos de Borbón en 2008. La Fiscalía de Suiza ya había abierto una investigación sobre esa transferencia, de la que se sospecha que fue una comisión por el papel jugado por el rey emérito en la concesión de las obras del AVE a un conglomerado de empresas españolas.
El rey huye de España dos meses después
Dos meses después de que la Fiscalía del Supremo anunciase públicamente la investigación, Juan Carlos I abandonó España. Era el último y más rotundo paso en la estrategia de separar a la corona de quien la sostuvo durante 40 años. El rey Felipe VI le había quitado la asignación constitucional (para dedicarlo a otra partida de la propia Casa Real) y había renunciado a su herencia, manchada también por los escándalos de su padre. Sacarlo de España se decidió que era la única opción para aliviar la presión.
Pero la sucesión de detalles grotescos sobre los negocios del rey no frenó. El siguiente gran hito, y que provocaría una nueva comunicación de la Fiscalía al emérito, fue la publicación por parte de elDiario.es de que se había abierto otra línea de investigación contra Juan Carlos I. En esta ocasión, por el uso de tarjetas opacas por parte de miembros de su familia y de él mismo. El dinero provenía de cuentas en el extranjero y los hechos habían ocurrido cuando ya no tenía inviolabilidad por su cargo.
Aquella noticia se publicó el 3 de noviembre de 2020. La Fiscalía le avisó ese mismo mes de que le estaba investigando, aunque sin entrar en detalles. Según El País, se trató de una información genérica y por escrito.
La información de la Fiscalía y las noticias de la prensa llevaron al rey emérito a tratar de cortar esa vía de investigación con el único instrumento que tenía en su mano: pagar lo que debía por el uso de esas tarjetas de crédito, cuyos gastos habían sido ocultados a la Hacienda española. El 9 de diciembre de ese año, Juan Carlos de Borbón hizo una declaración voluntaria por la que ingresaba 678.393,72 euros a las cuentas públicas.
Su abogado, el exfiscal Javier Sánchez Junco, explicó en un comunicado que ese pagó se había hecho “sin requerimiento previo”. Obviaba, eso sí, que había recibido ya una comunicación de la Fiscalía, que la noticia sobre su presunto fraude había aparecido en prensa y que los investigadores ya había interrogado al millonario mexicano del que procedería el dinero gastado con las tarjetas, Allen Sanginés-Krause, y al teniente coronel retirado Nicolás Murga Mendoza, ya retirado, y que habría ejercido de vehículo para el uso de esos fondos.
Ese aviso y esa regularización son los que han añadido un grado de complejidad a la ya delicada investigación al rey emérito. El objetivo de su defensa es evitar el banquillo pero pagar a Hacienda después de recibir un aviso formal de la Fiscalía puede no ser suficiente.
El artículo 305.4 del Código Penal se refiere a la posibilidad de evitar el banquillo si se paga a tiempo. “Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria (...) antes de que el Ministerio Fiscal (...) interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”.
El aviso se limitó a un número de diligencias y el ofrecimiento rechazado por el abogado Javier Sánchez-Junco de personarse en el proceso sin especificar de qué se trataba la investigación. Juan Carlos I regularizó sus deudas con Hacienda después de saber que estaba siendo investigado, pero ahora queda por despejar la incógnita de si eso es suficiente para evitar una querella por delito fiscal.
En diversos comunicados su abogado siempre ha insistido en que los pagos se han ingresado sin ningún requerimiento previo, aunque sí se hicieron después de conocer de manera formal y genérica que existían varias investigaciones abiertas. Un “conocimiento formal” que cita textualmente el Código Penal.
Los antecedentes del Supremo
En ausencia de una expresión más específica en el Código Penal y a falta de conocer el contenido exacto de esas comunicaciones por escrito, el Tribunal Supremo ya ha resuelto casos similares. Una sentencia de febrero de 2019 de la Sala de lo Penal dejó claro que una comunicación de la Fiscalía “produce el efecto de bloqueo automático” ante una regularización, aunque esa comunicación “no sea totalmente precisa o no esté detallada en todos sus términos”.
Los jueces, con Antonio del Moral como ponente, resolvieron entonces el caso de un empresario gallego que cobró más de 600.000 euros por una expropiación y que intentó pagar pocos días después de recibir una citación de la Fiscalía para declarar. El Supremo decidió confirmar su condena de cuatro meses de cárcel por delito fiscal al entender que lo suyo no fue “una regularización espontánea” sino consecuencia del aviso que había recibido en forma de citación.
En ese caso la citación era genérica y sólo le exigía acudir un día a declarar, sin explicar por qué estaba siendo investigado. Suficiente, según dijo entonces el Tribunal Supremo, para entender que podía ser condenado por delito fiscal. “Se produce el efecto de bloqueo automático aunque la citación no sea totalmente precisa o no esté detallada en todos sus términos”, dijeron los jueces, añadiendo que “no cabe refugiarse en una ignorancia deliberada” ya que “con esa citación el recurrente, lógicamente conocedor de sus actuaciones previas, había de deducir de forma segura que sólo a esos hechos podía referirse. Será por tanto más ignorancia fingida que ignorancia deliberada”.
Para el Supremo, por tanto, el carácter genérico de uno de estos avisos o comunicaciones de los investigadores no exonera automáticamente de ser acusado de delito fiscal. En esa sentencia incluso dijo que el empresario “había de intuirlo necesariamente, no le es dable escudarse en la débil y formal excusa de que en abstracto podría hacer referencia a otros impuestos, otros sujetos pasivos, u otros ejercicios”. Dejó la puerta abierta, eso sí, a que se regularizara al enterarse por otra vía. En otra sentencia anterior a 2015, además, la misma sala de lo penal aseguró que el hecho de intentar regularizar implica que “se está admitiendo tácitamente la defraudación”.
Una tercera comunicación y otro pago
La Fiscalía ha tenido que enviar una tercera comunicación al rey emérito después de la noviembre de 2020 y que motivó la primera regularización de fondos. En diciembre avisó a Juan Carlos I de que había abierto una nueva vía de investigación tras un “informe de inteligencia” del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). Esas pesquisas ahondaban en una cuenta en la Isla de Jersey, un paraíso fiscal, donde el rey tendría 10 millones de euros.
Unos meses más tarde, el rey hizo otro pago a la Hacienda española. En esta ocasión fue de 4,4 millones de euros, muy superior al anterior, y en esa ocasión por las deudas tributarias derivadas de los ocho millones de euros que Juan Carlos I recibió para vuelos realizados en una compañía de jet privados y que pagó hasta 2018 la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans.
Esa donación, de nuevo espontánea y sin requerimiento previo según su abogado, se produjo justo 48 horas después de que la Fiscalía española remitiese una comisión rogatoria a Suiza en la que aludía al rey emérito como una suerte de comisionista internacional sospechoso de haber incurrido en cuatro delitos.
El diario ‘El País’ reveló el citado pago a Hacienda el día 25 de febrero y la jornada siguiente el letrado del rey, Javier Sánchez Junco, hizo pública una nota en la que cifraba en 4,4 millones la cantidad regularizada por los gastos sufragados por la Fundación Zagatka y en la que recalcaba que se trataba de la decisión del monarca emérito de regularizar su situación con el fisco y se producía sin que Hacienda le hubiera hecho antes “requerimiento alguno”.
Con esa afirmación, la defensa del monarca defendía una supuesta actuación espontánea de Juan Carlos I que se producía horas después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo remitiera la comisión rogatoria a Suiza utilizando unas afirmaciones nunca antes plasmadas sobre los indicios de delito que existen contra el anterior jefe del Estado español.
Por si los avisos del Ministerio Público y las noticias en prensa no fueran suficientes, la propia fiscal general del Estado ha hablado públicamente de las investigaciones a Juan Carlos I. En una comparecencia en el Congreso el 2 de marzo de 2021, Dolores Delgado se felicitó porque las investigaciones al rey había aflorado cinco millones de euros en impuestos no abonados y pronosticó que se abrirían “nuevas investigaciones y comprobaciones”.
Esas palabras eran, en realidad, una defensa frente a los portavoces que le afeaban la tardanza en la investigación sobre el emérito. Ya en marzo, Delgado dijo que la investigación se estaba llevando a cabo “con absoluta reserva, incluso bajo el riesgo de que se hable sobre la inactividad de la Fiscalía, que no ha dejado de trabajar”. Añadió que había que estudiar de manera pormenorizada las regularizaciones del emérito y su impacto en las pesquisas.
Más de un año después de que comenzase la investigación y seis meses después de las palabras de la fiscal general, no hay grandes novedades. El rey continúa fuera de España y las tres líneas de investigación abiertas sin grandes avances. Las diligencias de investigación no se han transformado en una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, órgano judicial ante el que está aforado Juan Carlos I desde su abdicación en 2014.
Fuentes de la Fiscalía sostienen que el retraso en la respuesta de las comisiones rogatorias remitidas a varios países para la obtención de información sobre la actividad del monarca no han permitido presentar una querella contra Juan Carlos I por presuntos delitos cometidos desde que perdió la inviolabilidad. Tampoco ha aclarado aún el Ministerio Público si los pagos del rey emérito a Hacienda bastan para cerrar alguna de esas causas o no.