La Fiscalía Anticorrupción apuntala los indicios contra el exministro José Luis Ábalos en la causa en la que se le investiga en el Tribunal Supremo por supuestamente favorecer contratos a cambio de mordidas. En un escrito, el fiscal Alejandro Luzón afirma que existen “poderosos indicios” de cohecho contra el exministro vinculados al disfrute de un chalet en Cádiz facilitado por la trama, el pago del alquiler del apartamento de lujo de quien era su pareja y las entregas en metálico que el supuesto cabecilla, Víctor Aldama, proporcionaba a su exasesor Koldo García y que este repartía con el exministro.
Anticorrupción apunta en primer lugar al “disfrute” por parte de quien era pareja del ministro de “una vivienda pagada por el entorno” de Aldama. Se trata de una renta de 2.700 euros mensuales que la trama pagó durante casi tres años. Las pesquisas han acreditado que Aldama abonó hasta 32 mensualidades de ese alquiler: un total de 82.298,40 euros.
Lo hizo a través de su supuesto testaferro, Luis Alberto Escolano, y de empresas de éste (este último lo reconoció en el Supremo). Además, el hermano del exasesor Koldo García y su hija menor de edad figuran como pagadores de otros dos meses de alquiler. El inmueble es un apartamento de lujo situado en el centro de Madrid. La mujer admitió en su declaración que fue Ábalos quien le proporcionó ese inmueble.
En segundo lugar, el escrito del fiscal se refiere al “alquiler con opción de compra de un chalet previamente adquirido al efecto a instancias” de Aldama. La Guardia Civil considera que existen “múltiples evidencias” de que Ábalos hizo un “uso real” de un chalé de lujo situado en la urbanización La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción (Cádiz), comprado por Aldama a través de supuestos testaferros. Los correos analizados muestran cómo el entonces ministro llegó incluso a sugerir a su asesor durante los meses previos a esa compra varios inmuebles en la zona y cómo uno de los enlaces que le envió resultó ser el finalmente adquirido.
Según la UCO, Aldama trató primero de materializar la compra a través de unos ciudadanos venezolanos, pero la operación no salió adelante. Finalmente, el inmueble fue adquirido por la empresa Have Got Time, una comercializadora de hidrocarburos al por mayor administrada por Leonor González Pano, que fue pareja del comisionista. No obstante, la UCO considera que la compañía era “controlada de manera real” por Claudio Rivas, propietario de la empresa Villafuel, y con quien Aldama puso en marcha el fraude millonario de los hidrocarburos que llevó a ambos a prisión. A cambio, pretendía recibir una licencia para la venta de combustible.
El 10 de julio de 2021, un mes después de la firma de la compraventa de la casa, Ábalos fue destituido. Medio año más tarde, en diciembre, el Ministerio de Industria denegó la licencia a Villafuel. Entonces, Ábalos recibió un burofax en el que se le reclamaba el pago de varias mensualidades del chalet. Ese escrito también soliviantó a Koldo, que se quejó a Aldama y éste le hizo ver que el objetivo de ese burofax era “dar apariencia de legalidad” y “cubrirse”, pero que no debía darle importancia. “Acuérdate que te dije que eso llegaría se tiene que cubrir pero es solo por eso nada más tranquilo y lo hablamos en persona”, le escribió el comisionista.
Además, el fiscal se refiere a “la entrega en metálico de importantes cantidades” una vez más por Aldama a Koldo García “para su reparto o satisfacción de distintas necesidades de Ábalos”. Según la versión del comisionista, Ábalos habría recibido unos 650.000 euros en metálico. A los 250.000 que le habría entregado en comisión por los más de 53 millones vendidos en mascarillas a diferentes administraciones públicas habría que sumar otros 400.000 en muchos otros abonos “por otros conceptos”. Algunos de estos pagos no habrían tenido “vinculación a actos administrativos concretos”, pero otros sí estarían relacionados con la adjudicación de determinados contratos de obra pública. El exministro ha negado siempre haber cobrado comisiones.
El instructor del caso, Leopoldo Puente, destacó en una de sus últimas resoluciones el hecho de que “nada menos que tres inmuebles” vinculados a Ábalos de forma directa o indirecta presentan como “denominador común” la “continua presencia” de Aldama, un empresario ajeno al sector sanitario que ganó 6,6 millones de euros en el peor momento de la pandemia gracias a los contratos de mascarillas adjudicados por entes que dependían de Transportes y otros departamentos.
Por otro lado, el Supremo ha rechazado este jueves el recurso de apelación presentado por Ábalos contra la decisión del juez de solicitar el suplicatorio al Congreso para poder investigarle. La Sala de lo Penal responde al ex 'número tres' del PSOE que el hecho de que Aldama saliera de prisión tras confesar no resta “virtualidad probatoria” a sus afirmaciones. La Sala también ha avalado la decisión del instructor de no incorporar a la causa las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Madrid en relación con la llegada a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, la madrugada del 20 de enero de 2020.