Tres años. Es el tiempo que ha tardado el líder del PP, Pablo Casado, en conceder su primer gran acuerdo al Gobierno desde que fue elegido presidente de su formación. Lo ha hecho unos días después de asegurar que “España está quebrada” y apenas dos semanas después de clausurar la convención nacional de su partido con un discurso en el que hizo una enmienda a la totalidad de las políticas de Pedro Sánchez, al que ni siquiera nombró, y se lanzó a por el votante de Vox con continuas apelaciones identitarias. Lo que ha ocurrido entre medias ha sido el anuncio de un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición para los Presupuestos Generales de 2022. Unas cuentas que, si pasan la criba del Congreso y del Senado, garantizarán al PSOE y a Unidas Podemos la estabilidad necesaria para agotar los dos años que quedan de legislatura.
Fue el propio Casado quien tendió la mano a Pedro Sánchez durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles. El mismo día en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entregaba el proyecto de Presupuestos a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para comenzar así su trámite parlamentario. “Renovemos ya los demás órganos constitucionales”, dijo el líder del PP, dejando claro que de momento no tiene intención de poner fin al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. “La pelota está en su tejado”, le espetó el jefe de la oposición al presidente, quien le replicó con la respuesta habitual: “Ustedes no quieren. Cumpla con la Constitución”.
Pero cuando las cámaras en el Congreso apuntaban a otros protagonistas, la maquinaria se puso en marcha. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, llamó al secretario general del PP, Teodoro García Egea. Esa misma tarde se reunieron. Y el jueves por la mañana saltaba la noticia: el Gobierno y PP acuerdan la renovación de los órganos constitucionales (Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia de Protección de Datos). Queda fuera del acuerdo el Consejo General del Poder Judicial. De momento, no han trascendido los nombres de quienes van a ocupar esos puestos.
No es la primera vez que las partes se reúnen para negociar estos mismos nombramientos. Tampoco es la primera vez que se anuncia un acuerdo. En noviembre 2018, al poco del triunfo interno de Casado, el pacto saltó por los aires cuando el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, se jactó en un WhatsApp interno de “controlar” la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo “desde atrás”. Esas palabras, que llegaron a la prensa, provocaron la renuncia de Manuel Marchena, que era el nombre acordado para presidir el CGPJ.
Después hubo otros momentos en los que estuvo a punto de cerrarse el acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Pero otra vez el PP se echó para atrás cuando estaba casi hecho. En estos tres años, Casado ha planteado diferentes excusas para no renovar un órgano que lleva más de 1.000 días en funciones, y contando. En febrero de este mismo año planteó que Podemos no podía participar de la renovación. Lo hizo después de que el PSOE hubiera aceptado un reparto del Consejo de Administración de RTVE favorable a los de Casado a cambio de abordar el CGPJ. No ocurrió.
El PP ahora blande la modificación de la norma por la que se rige el nombramiento de los vocales del Poder Judicial como gran escollo. Y, según sus dirigentes, se mantienen firmes en su posición. De hecho, este jueves fue el motivo que dio el número dos de Casado para explicar por qué sí se avienen a pactar los relevos en el Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, y no en el órgano de gobierno de los jueces. “Seguimos defendiendo la necesidad de avanzar hacia la independencia judicial, y esto tiene que ponerse encima de la mesa, garantías que permitan que todo vaya acompasado”, dijo García Egea. Fuentes del PP defendieron después que sin cambio en la ley no habrá acuerdo de renovación.
Pero ni el PSOE ni Unidas Podemos quieren oír hablar de cambiar una ley que deja en manos de una mayoría parlamentaria de 210 diputados y de 158 senadores (3/5 de cada Cámara) el nombramiento de los 20 vocales entre una terna que proponen los jueces. El planteamiento del PP pasaría por que 12 de esos vocales fueran elegidos directamente por los jueces en un proceso que todavía no han explicado.
Sánchez ha emplazado, no obstante, a Casado a que amplíe el acuerdo al Poder Judicial. Tras agradecer y reconocer el “esfuerzo” que ha hecho para consensuar esas cuatro instituciones, le ha pedido que no haga “una lectura ventajista” de la legalidad y cumpla con el mandato constitucional de actualizar el órgano de gobierno de los jueces. “No tiene sentido que desbloquee cuatro instituciones (...) y no hagamos lo mismo con el Poder Judicial”, ha afirmado en una entrevista en La Sexta, informa Irene Castro. El presidente se ha mostrado esperanzado en que este primer entendimiento allane el camino para la renovación del CGPJ: “Me gustaría pensar que sí”.
Pese a que falta el CGPJ, el acuerdo es relevante por inesperado y porque pone final al bloqueo de importantes instituciones que, como en el caso del Defensor del Pueblo, estaban en funciones desde 2017. Pero todavía faltan por conocerse los nombres que se votarán, según lo comunicado por las partes, en la semana del 25 de octubre.
En el Tribunal Constitucional se renuevan cuatro magistrados, por lo que será propuestos dos por cada parte. De ser así, el PP logrará mantener la mayoría conservadora al menos hasta junio de 2022, cuando caducan los mandatos de otros cuatro de sus magistrados. El tercio que tocará en ese momento es el que la Constitución reserva para el Gobierno y, precisamente, para el CGPJ: dos cada uno. En la renovación actual cae el presidente del tribunal, Juan José González Rivas. Pero al conservarse la mayoría conservadora su sustituto será previsiblemente de la misma tendencia, lo que es un incentivo para que Casado acceda a renovarlo ahora.
El reverso puede producirse en el Tribunal de Cuentas, cuyos 12 miembros son elegidos por 3/5 del Congreso y del Senado. Ahora hay una mayoría conservadora, pero la actual composición de las Cámaras indica que tras la renovación habrá una mayoría progresista. Los partidos independentistas catalanes llevan meses denunciando una persecución en este órgano administrativo donde se libran algunas de las batallas derivadas del procés.
Desde el PNV su portavoz, Aitor Esteban, ha criticado el acuerdo: “No conocemos ni los nombres. Que se lo guisen y se lo coman ellos”. Pero desde ERC o Junts, no. De hecho, no se han hecho valoraciones al respecto.
Casado llega así a la mitad de la legislatura, que muchos pensaban que iba a durar poco, con otro cambio de estrategia, sabedor de que el Gobierno tiene en su mano garantizarse estabilidad para agotar el mandato a finales de 2023. En el discurso de clausura de la convención del PP, celebrada hace apenas dos semanas, aseguró que “reforzar las instituciones y la Justicia” eran una de sus prioridades. También se posicionó como la “única alternativa” posible. Este jueves, García Egea se esforzó en señalar a Casado como el “líder de oposición” y al PP como “el principal de la oposición”, frente a un Ciudadanos en descomposición y un Vox al que señalan como una opción que no es de Estado. Si quedan dos años hasta las próximas elecciones generales, es el tiempo que tiene Pablo Casado para intentar reunificar el máximo voto de la derecha posible bajo sus siglas.