El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incoado diligencias informativas sobre la denuncia realizada por el partido Contrapoder, una pequeña formación de la región de Murcia, para aclarar si el juez de la Operación Lezo, Eloy Velasco, habría solicitado un trabajo para su mujer Beatriz Saura al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, a quien ha encarcelado por su presunta implicación en esta trama corrupta.
En el acuerdo del 4 de mayo de 2017 el promotor, Antonio Jesús Fonsceca-Herrero, pide un informe al propio titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. La información excluye abrir diligencias sobre otros hechos denunciados por Contrapoder como “conexos” referidos a un posible chivatazo a González por parte de una magistrada.
El CGPJ accede así a un trámite ordinario y tras él decidirá si abre o no una investigación. El órgano de gobierno de los jueces recibió hace unos días la denuncia firmada por el abogado murciano José Luis Mazón. El escrito de la denuncia afirma que, según una grabación telefónica, González dijo, en referencia al juez Velasco: “¡Joder, con las veces que este tío me ha pedido que contrate a su mujer!”.
La denuncia no da por segura la existencia de esa grabación, y solo menciona que, si existe y la mujer del juez fue efectivamente contratada por la Comunidad de Madrid tras la petición del magistrado, estaríamos ante un delito de cohecho impropio y ante una falta disciplinaria.
El partido Contrapoder cree que Velasco debería haberse abstenido de continuar con la instrucción del caso Lezo. El juez preguntó al propio González si consideraba que debía apartarse porque su mujer había trabajado como asesora jurídica para la Consejería de Asuntos Sociales. Contestó que no, Velasco tomó declaración al expresidente madrileño y le envió a prisión provisional como cabecilla de la organización criminal que se habría servido del Canal de Isabel II para lucrarse.
Para Mazón eso no es suficiente, y pide que se investigue si Velasco pidió a González que colocase a su mujer en la Comunidad de Madrid. Contrapoder también pidió al CGPJ que investigase el chivatazo que recibieron los investigados. En los audios hacen referencia al aviso dado por “una magistrada amiga de la casa”, y los denunciantes se preguntan si podía tratarse de Velasco.
El CGPJ cree que ambos hechos no están relacionados, y se niega a tramitar esta última petición. En el acuerdo adoptado el pasado 4 de mayo, Jesús Fonseca-Herrero señala que, si hubo chivatazo, su investigación es competencia de la Audiencia Nacional, donde se instruye el caso Lezo.
Los fiscales del caso preguntaron a los acusados por esta circunstancia sin conseguir recabar más información sobre quién es esa “magistrada” que dio el aviso. Aún así continúan investigando para descubrir quién alertó a los implicados de que se les estaba investigando.